La pasada semana, en el Congreso de los Diputados, toda España pudo ver cómo tres derechas distintas y aun opuestas (PP, Vox y Junts) tumbaron un decreto ómnibus que contenía múltiples ayudas de carácter social, dejando claro que en el Congreso hay una mayoría de derechas, incapaz de juntarse para plantear una alternativa de gobierno, pero sí para boicotear medidas sociales con sus votos. El rechazo al decreto hace pagar a los ciudadanos los intereses partidistas de la derecha. Una vez más la oposición, con su cortoplacismo y su falta de proyecto de país, ha decidido sacrificar el interés general por su obsesión por erosionar al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez.
Uno de los aspectos clave del decreto del Gobierno era la revalorización de las pensiones, planteada de forma responsable y acorde con el aumento del coste de vida. El incremento de un 2,8% para las pensiones generales, un 6% para las pensiones mínimas, un 9% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, y un 9,1% para las pensiones de viudedad con cargas familiares son medidas que buscan garantizar la dignidad de las personas mayores, de aquellas que más han contribuido al desarrollo de este país. El rechazo del PP a estas medidas, que beneficiarían a millones de pensionistas, refleja la desconexión total de la derecha con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, el PP opta por la oposición vacía. La postura del PP no solo es irresponsable, sino que demuestra una falta de sensibilidad con los problemas de la ciudadanía.
Otro de los elementos clave del paquete de medidas era la ampliación de los descuentos en el transporte público. El Gobierno decidió prorrogar los descuentos de hasta el 100% en los abonos de transporte público terrestre hasta junio de 2025 y garantizar la gratuidad en ciertos servicios de transporte en algunas comunidades. Además, se incluía una reducción del 50% en los abonos de los sistemas públicos de alquiler de bicicletas. Estos descuentos no son solo una ayuda económica directa a los ciudadanos, sino también una política ambiental que fomenta el uso de medios de transporte sostenibles y reduce la huella de carbono. El PP, sin embargo, con su voto negativo al decreto también se ha opuesto a esta medida, lo que implica un aumento considerable en los costes de transporte para miles de familias. Si se derogan estas ayudas, una familia que utilice el tren de Cercanías desde las afueras de Madrid podría ver un aumento en su gasto mensual de hasta 274,7 euros. En Barcelona, ese aumento sería de 280 euros, y en Valencia, de 465,4 euros. Este es el precio que muchos tendrán que pagar por la postura obstruccionista del PP.
El decreto incluía la mejora del parque de vivienda en alquiler social, la extensión de la suspensión de desahucios y la prohibición de cortes de suministros básicos hasta 2025. También se mantenía el bono social eléctrico con descuentos prolongados hasta 2025, un apoyo fundamental para las familias que luchan por llegar a fin de mes. Se contemplaban igualmente medidas que garantizaban la financiación para las exportaciones y las inversiones exteriores de las empresas españolas. Además, se mantenía un descuento del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Estas medidas son esenciales para mantener la competitividad de las empresas españolas en un mercado global.
El decreto también recogía las transferencias a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma o a entidades públicas y empresas afectadas por la reciente DANA. No deja de ser significativo que el hombre que fue a Valencia a prometer millones sin ser gestor de un solo euro, Alberto Núñez Feijóo, cuando se le presenta la ocasión de poder hacer algo por los valencianos afectados por esta tragedia, decide mirar hacia otro lado, anteponer su interés político personal y votar en contra de las ayudas a los damnificados. Esto nos da muestras de la catadura del personaje.
La posición política de Junts empieza a ser incomprensible, incluso para sus propios votantes. Como decía la semana pasada, lejos de entender el momento político en el que se encuentra nuestro país y el papel que les corresponde asumir, los principales dirigentes de Junts han decidido seguir una hoja de ruta más propia de un partido antisistema y demagogo que de una formación política responsable que piensa en el bienestar general.
De igual manera, cada vez resulta más difícil entender las decisiones del PP. Ha perdido una ocasión inmejorable de presentarse ante los españoles como una formación que antepone la resolución de los problemas y el beneficio de la ciudadanía al desgaste al Gobierno. ¿Contra qué ha votado exactamente? ¿Contra la revalorización de las pensiones, el socorro a los afectados por la DANA o los descuentos en el transporte público? ¿Por qué el PP se opone a decisiones que benefician a la mayoría de los ciudadanos? El Partido Popular ha hecho del “no a todo” su lema político, una actitud que se ha vuelto casi sistemática frente a las medidas que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, propone para proteger la economía de los españoles y españolas y garantizar el bienestar de los colectivos más vulnerables. Es una actitud que se alimenta del rechazo a cualquier iniciativa que beneficie a la mayoría social, sin importar el impacto directo sobre millones de familias, pensionistas, estudiantes y trabajadores.
El Partido Popular ha puesto dos excusas para tumbar el decreto ómnibus, ambas falsas. La primera porque dice que la prórroga a la suspensión de los desahucios “protege” a los okupas, olvidando que ya votó a favor del cuarto decreto anticrisis, que el Gobierno sacó adelante el 26 de julio de 2023 en el Congreso. En ese decreto ya existía la suspensión de los desahucios. La segunda, porque dice que están en contra del “regalo” que supone devolver al PNV un palacete que le fue extraído por los nazis, olvidando nuevamente que el PP de Mariano Rajoy prometió devolver al PNV en un acuerdo firmado con ellos cuando gobernaba. Esto sin contar que la cesión del inmueble es memoria democrática. Es justicia. La postura del PP solo responde a un interés partidista que no tiene en cuenta el impacto real de sus decisiones. Es una actitud destructiva que solo busca obstruir el progreso y frenar las medidas necesarias para garantizar el bienestar social y económico del país.
El PP actúa con doble cobardía, primero vota en contra y luego no asume las consecuencias de sus decisiones echando la culpa a los demás, la pregunta es clara: ¿quién es el responsable de que una medida no salga adelante?, la respuesta es sencilla, el responsable de que una iniciativa no se apruebe no es quien la presenta sino quien vota en contra de la misma, ese es el PP, lo demás son excusas de mal perdedor, y eso es lo que le pasa a Feijóo. La política española es en estos momentos víctima del tactismo y la demagogia de Junts, pero también de la ausencia de una oposición ordenada y responsable, con sentido de Estado, que se proyecte como alternativa viable. Cada día vemos a un Partido Popular profundamente irresponsable, sin rumbo, sin ideas y sin proyecto de país, instalado en la oposición más dura e intransigente. Feijóo tiene unos índices de valoración pública peores que Pablo Casado en sus horas más bajas. Sobran razones para ello. No hay nadie al volante en el PP y la ciudadanía lo percibe.