Desde hace meses se viene produciendo un choque, el enésimo, entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid a cuenta de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de Madrid. El Gobierno regional viene oponiéndose a la decisión del Ejecutivo central de declarar al edificio como lugar de memoria democrática, hasta el punto de usar su mayoría absoluta para aprobar en la Asamblea de Madrid una reforma legal exprés para que la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.
Como consecuencia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado a la Comunidad de Madrid un requerimiento para resolver las discrepancias sobre el artículo 4 la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid. El Gobierno central considera que la reforma despoja de sus competencias a la Administración General del Estado, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. Una situación que el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres analiza como incompatible con el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática, al supeditar la aplicación y ejecución de la norma estatal por los órganos del Ejecutivo estatal a una previa autorización de un órgano autonómico sin límite ni ponderación alguna.
Este conflicto por invasión de competencias terminará dirimiéndose en el Tribunal Constitucional si, como parece, las dos partes no llegan a un acuerdo. Por un lado, el Gobierno de España parece decidido a elevar un recurso a la máxima instancia judicial al considerar inconstitucional la norma madrileña. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ya ha enviado otro recurso contra el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática.
En este punto conviene que recordemos que este edificio, ubicado en la madrileña Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, fue ocupado por la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid y desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura de Franco, convirtiéndose en un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos.
La Dirección General de Seguridad fue una de las principales herramientas del control y la represión política. Tras la Guerra de España (1936-1939), la DGS asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen. Uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo a los detenidos. La tortura en los sótanos del edificio se convirtió en una práctica habitual por la que se buscaba extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar a los detenidos. Muchos de los arrestados, activistas políticos, intelectuales, sindicalistas, personas pertenecientes a movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, fueron sometidos a un trato brutal para forzar la delación de sus compañeros y para obtener información sobre las actividades de resistencia. Son numerosos los testimonios de personas que sobrevivieron a estos interrogatorios que coinciden en señalar la extrema brutalidad con la que se ejecutaban estas prácticas.
Junto a la tortura física, el régimen utilizaba la represión psicológica y moral a través del encarcelamiento de familiares o las amenazas de represalias contra seres queridos de los detenidos. La represión ejercida desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española. El edificio se convirtió en un símbolo del terror estatal, y su mera mención evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento. Este impacto psicológico fue clave en la estrategia del régimen para mantener el control, utilizando el miedo como una herramienta fundamental para la desmovilización de la población. Durante las décadas de 1960 y 1970, organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a documentar y denunciar estos abusos, lo que contribuyó a una creciente condena internacional del régimen de Franco. Tras la muerte del dictador y la posterior transición a la democracia muchas de estas violaciones de los derechos humanos empezaron a ser abiertamente denunciadas dentro de España.
Este edificio de la Puerta del Sol constituye un recordatorio sombrío de los horrores que vivieron miles de personas durante una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España. Con el tiempo, la memoria de estos hechos se ha ido recuperando gracias al esfuerzo de historiadores, supervivientes y activistas de los derechos humanos que trabajan por la justicia y el reconocimiento de las víctimas. La declaración de lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias, así como contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país. ¿Hay algo de malo en tratar de recordar estos hechos para evitar de que vuelvan a ocurrir? ¿Acaso puede haber alguien en pleno 2025 que no deplore y condene estos hechos? Entonces, ¿por qué Isabel Díaz Ayuso y su gobierno se oponen a esta medida por todos los medios a su alcance, bordeando si no traspasando la legalidad?
Este nuevo episodio solo profundiza el choque entre ambas administraciones por los actos de celebración del 50º aniversario de la muerte de Franco, en los que Madrid se ha negado a participar. Resulta cada vez más preocupante observar cómo en nuestro país, cualquier apelación a la memoria histórica es recibida con aspavientos y toda suerte de improperios desde las filas de la derecha. Algo que sucede con normalidad en todos los países europeos, ahí están Francia, Alemania, Bélgica o el propio Reino Unido con distintos ejemplos tanto desde la izquierda como desde la derecha, aquí en España en cambio algunos lo consideran un intento de enfrentar a los españoles. El recuerdo de un pasado oscurecido por una guerra civil siempre es doloroso y sensible políticamente. Huir del pasado y tratar de enterrarlo bajo una forma de olvido no hace sino impedir avanzar a una sociedad, incapaz de desprenderse de una pesada losa. Cada país afronta sus demonios internos con dudas y obstáculos, pero al final se suele imponer la necesidad de hacerlo. Sin embargo, en España cualquier ejercicio de memoria histórica sobre el siglo XX es visto por buena parte de la derecha como un intento de “reabrir las heridas del pasado” y “enfrentar a los españoles”, frases que se han repetido tantas veces hasta perder todo su sentido. Luego, nada de eso sucede y nadie se pregunta por qué. El olvido es un rasgo normal en la naturaleza humana. Una reacción natural para protegerse. Pero olvidar el horror es incompatible con ciertos valores que relacionamos con la democracia. Cabe en este punto preguntarse por los valores democráticos de aquellos que, como Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno, parecen querer que permanezcan en el olvido los horrores vividos por miles y miles de personas.