Mucho y con muy poco fundamento se está hablando sobre la medida impulsada por el Gobierno de España para la condonación parcial de la deuda autonómica, 83.252 millones de euros, el equivalente al 26% del endeudamiento de las autonomías. Voy a tratar de aclarar algunas cuestiones para desmontar las mentiras y bulos que trata de propagar el PP y sus terminales mediáticas.
Lo primero que hay que decir es que el Gobierno tiene razón al justificar la quita parcial apelando al insuficiente apoyo proporcionado por la Administración central a las autonomías durante la crisis financiera. En ningún otro país de la OCDE los gobiernos de nivel intermedio vieron aumentar tanto su deuda durante esos años. La deuda se acumuló por culpa de varios factores, principalmente dos. El primero, la infrafinanciación que sufrían muchas comunidades autónomas. Cuando tocaba, en el año 2014, el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no quiso, no supo o no pudo reformar el sistema de financiación autonómica. Creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) reclamado en aquel entonces por la Generalitat de Cataluña en 2012. El segundo, la Gran Recesión provocada por la crisis financiera y el nulo apoyo recibido por las autonomías desde los sucesivos gobiernos del PP de Rajoy. La suma de ambos factores, unido a la voluntad de los gobiernos autonómicos de no desatender gastos sociales imperativos y crecientes que son, en casi su 80%, los propios de estas administraciones generaron en buena medida la actual deuda de las comunidades autónomas. En marcado contraste con la etapa de Rajoy, desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno ha tratado mediante transferencias de poner remedio tanto a la insuficiencia crónica de la dotación estructural como a la tardanza de los “anticipos”. De igual forma, en los años de la pandemia el Ejecutivo central abrió un generoso paraguas bajo el que amparó a los autonómicos. Resulta evidente la diferente forma de actuar de unos y de otros.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado, a pesar del inexplicable plante de los consejeros del PP, la condonación parcial de la deuda. Las autonomías también se ahorrarán, según el Gobierno, cerca de 7.000 millones de euros que debían destinar a intereses y que en cambio ahora podrán usar para mejorar los ya tensionados servicios vinculados al Estado del Bienestar, es decir, Sanidad, Educación o Dependencia, que suponen cerca del 75% de su gasto presupuestario y cuya administración recae mayoritariamente sobre las comunidades. La segunda cuestión que por tanto hay que señalar con claridad es que la quita de la deuda autonómica beneficia ante todo a los ciudadanos de las comunidades que se acojan a ella, ya que sus gobiernos podrán usar los intereses financieros que la gravan para inversiones más útiles. De modo que el boicoteo a esa medida les perjudicaría en igual medida.
El argumento al que se ha agarrado el PP para oponerse a la medida y que han esgrimido los consejeros del PP para levantarse de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es “no blanquear los pactos de Sánchez con los independistas”, aludiendo a los acuerdos alcanzados por el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, obviando que dichos acuerdos recogían de forma explícita que el recorte de la deuda debía tener un alcance general, es decir, debía afectar a todas las autonomías, no sólo a Cataluña. Cuando el presidente del PP, Núñez Feijóo habla de la quita como un “regalo” para Cataluña miente de manera consciente. La autonomía más beneficiada en el reparto de esos más de 83.000 millones es Andalucía, tanto en términos absolutos, con casi 18.000 millones, como relativos, con un recorte de casi la mitad de la deuda y la mayor condonación por habitante. Además de las destinadas a Cataluña y Andalucía, las cantidades son igualmente muy significativas para las otras tres autonomías que se consideran especialmente castigadas por el actual modelo de financiación: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Las bondades de esta medida quedan de manifiesto con la satisfacción de la Junta de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page, nada sospechoso de connivencias con el independentismo. “La propuesta es sumamente positiva, nos coloca en el centro de la justicia fiscal”, valoró la número dos de García Page y eurodiputada Cristina Maestre. La quita de Castilla-La Mancha supone 4.927 millones y equivale al 30,5% del endeudamiento público de la administración autonómica, que supera los 16.000 millones.
Mención aparte hay que hacer de la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Niega tener deuda, afirmación absolutamente falsa. 37.000 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2024. El Gobierno madrileño nunca se acogió al mecanismo financiero del Estado habilitado durante la crisis del 2008 para ayudar a las comunidades autónomas que tenían dificultades para financiarse por sí mismas en los mercados, el llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). ¿A quién le debe dinero Ayuso? A los bancos. Ha emitido 11.552 millones de deuda con instituciones financieras y otros 20.737 en el mercado de valores. Un informe de BBVA Research con datos de 2022 muestra que la Comunidad de Madrid paga más intereses que el resto debido a su financiación particular. El estudio afirma que Madrid pagó ese año un tipo de interés del 2,3% frente al 1,4% promedio del resto de comunidades, lo que se cuantifica en un sobrecoste de 314 millones de euros, según sus cálculos. El silogismo es evidente, si el PP decide endeudarse con bancos y pagar más intereses, a los bancos les interese que el PP gobierne. ¿De verdad a Madrid le conviene gastar 300 millones al año en pago de intereses? ¿No sería mejor utilizar esos recursos para prestar mejores servicios públicos a los madrileños? Un último dato sobre la Comunidad de Madrid: pese a todas sus declaraciones y andanadas contra la quita, si se acogiera a ella le correspondería el pago de hasta 8.600 millones de euros, siendo la cuarta autonomía más favorecida detrás de Andalucía, Cataluña y Valencia.
La condonación debe ser aprobada por el Congreso. Si eso sucede, los gobiernos autonómicos deberán decidir si piden o no la quita. Los dirigentes del PP argumentan que esta no supone la desaparición de la deuda, sino su socialización entre todos los españoles. El perdón de una parte sustancial de deuda a todas las comunidades de régimen común despeja, sin embargo, ese riesgo. A la vez, las compensa del apoyo insuficiente que recibieron por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar la crisis financiera, las acerca de nuevo a la posibilidad de financiarse en los mercados y las devuelve autonomía financiera. Si los gobiernos autonómicos del PP deciden renunciar a la condonación, deberán explicar ante la opinión pública por qué prefieren seguir pagando intereses de la deuda, que el Estado puede asumir en mejores condiciones, que destinar ese dinero a gastos más productivos y beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía.