EEUU presiona a España por el P2P
Detrás de la polémica reforma legal que permitiría cerrar una web sin orden judicial no sólo está La Administración estadounidense también se cuenta entre los que piden al Gobierno que endurezca las leyes contra el P2P. El mismísimo Obama, en su última reunión con Zapatero, recriminó al presidente español su falta de acción contra las descargas, una advertencia que, como se ha visto, no ha caído en saco roto.
Las presiones de Obama llegan después de que una comisión del Gobierno estadounidense, la United States Trade Representative (USTR), señalase a España el pasado mes de abril como uno de los países más tolerantes con los delitos contra el copyright estadounidense. La USTR elabora anualmente una lista negra de países piratas, dentro de un informe sobre la propiedad intelectual en el mundo: el Informe Especial 301. España lleva dos años en esa lista negra, lo que podría provocar sanciones comerciales.
Las observaciones sobre España en dicho informe son contundentes, y en ellas se ve muy bien la inspiración y los motivos de la reforma que ahora intenta promover Zapatero. EEUU, como el lobby antipiratería español, se queja de que los jueces no les hacen demasiado caso. "El Gobierno español se ha esforzado muy poco en cambiar la falsa y generalizada impresión de que en España el intercambio de archivos a través de P2P es legal. A pesar de que las autoridades han actuado contra la piratería en internet, la Fiscalía ha sido incapaz de perseguir las infracciones, los jueces no consiguen imponer sentencias disuasorias y los titulares de los derechos carecen de las herramientas legales necesarias para perseguir estos delitos. Estados Unidos insta a España para que aclare que el uso no autorizado de sistemas de intercambio de archivos P2P es ilegal y rescinda políticas legales problemáticas, como la circular del fiscal general del Estado de mayo del 2006, donde se legitimaba dicha actividad ilegal. Estados Unidos continuará trabajando conjuntamente con España para tratar los asuntos relacionados con la protección de la propiedad intelectual durante el año que viene". Como ven, el informe 301 fue premonitorio.
Pero la Administración estadounidense no sólo advierte por escrito al Gobierno español. También usa el teléfono: desde la Embajada estadounidense en Madrid han llamado en los últimos días a importantes dirigentes políticos de los dos principales partidos para pedirles que mantuviesen, a pesar de las protestas de numerosos internautas, una reforma que consideran vital para los intereses económicos de Hollywood y las grandes discográficas. "Jamás me había enfrentado a tantas presiones", asegura un importante dirigente del PP, que está entre los receptores de estas llamadas de la Embajada.
Una decisión de Zapatero
Con todo, la presión estadounidense no sirve de disculpa: el BOE continúa en manos del Gobierno de Zapatero, que es siempre el último y principal responsable de las leyes que promueve. En el PSOE, la patata caliente ha ido pasando de mano y la frustrada reforma legal, como todos los fracasos, se ha quedado huérfana. Desde Ferraz y el grupo parlamentario socialista culpan del error a los asesores jurídicos del Ministerio de Cultura. Pero en el Gobierno otras voces apuntan directamente a José Enrique Serrano, nada menos que el jefe de gabinete de Zapatero, como el autor de la polémica enmienda legal. "Sinde se ha comido el marrón, pero la idea fue del presidente", confirma un ministro.
Y ahora, ¿cómo salir del atolladero? ¿Cómo calmar la presión de internet al tiempo que se contenta a la industria de las copias y a EEUU? Todas las fuentes consultadas coinciden en que la ley cambiará para garantizar la tutela judicial antes de cerrar una página web por vulnerar la propiedad intelectual. La anunciada comisión, sin embargo, sí sobreviviría al recorte de la reforma legal, aunque con menos atribuciones de las previstas: podrá instar al juez al cierre de una web, pero no ordenarlo directamente. "Por ahí irán los tiros", reconocía el propio Zapatero en los corrillos del homenaje a la Constitución en el Congreso.
Lo que no está claro es cuándo cambiará la ley, y hay dos opciones: o bien se modifica el texto durante el trámite parlamentario, durante la negociación con el resto de los partidos; o bien se cambia en el propio Consejo de Ministros, antes de remitir el proyecto al Congreso. Todo apunta a que esta segunda opción será la elegida: sería impresentable que el Consejo de Ministros volviese a ratificar la actual redacción de un texto legal que hasta el propio presidente ahora cuestiona.
El PP se ha apuntado rápidamente a la polémica, una inesperada piedra que ha hecho tropezar a toda la Ley de la Economía Sostenible. Mariano Rajoy, en los corrillos del domingo en el aniversario de la Constitución, empleó la mayor parte de su tiempo para hablar de internet (toda una novedad); aunque en el PP aún no aclaran por qué en el Europarlamento votaron a favor del Paquete Telecom -las directivas que han inspirado la reforma ahora discutida-, y ahora se oponen a su aplicación práctica en España.
Para este miércoles, a las 10.30, Esteban González Pons ha convocado en Génova a los directores de los principales diarios digitales y confidenciales de internet con la intención de explicar la postura de su partido sobre este asunto. Para el día siguiente, el jueves a la misma hora, también ha citado a algunos de los promotores del Manifiesto por los Derechos Fundamentales en Internet, que el jueves pasado nos reunimos con González-Sinde, junto con los representantes de las asociaciones de internautas. Quien firma este artículo también irá a esa reunión del jueves, así que prometo contar lo que allí suceda dentro de un par de días. Si es que hay algo interesante que contar, claro está.
Ignacio Escolar