En esta tercera entrega de la serie de reportajes sobre las conexiones entre Telefónica y los regímenes políticos de Venezuela y Colombia, exploramos el caso de Movistar en Colombia y su relación con figuras clave del poder político como Álvaro Uribe Vélez y José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. En este contexto, surgen dudas sobre las alianzas que han permitido a Movistar y Tigo-UNE consolidarse en el país, a menudo en detrimento del patrimonio de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una empresa clave en el sector de telecomunicaciones.
Telefónica en Colombia: rescate bajo el amparo de Uribe
Movistar Colombia, filial de Telefónica, ha gozado de un trato preferencial desde sus primeros años de operaciones en el país, especialmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2007, cuando la empresa tenía dificultades en un mercado altamente competitivo, el gobierno colombiano intervino, facilitando su recuperación. Este rescate no fue un simple movimiento empresarial; estuvo acompañado de un apoyo regulatorio que benefició a Movistar, dándole una ventaja sobre sus competidores locales y garantizando su supervivencia en el mercado.
La relación entre Uribe y José María Álvarez-Pallete, presidente actual de Telefónica, ha sido clave para que Movistar no solo sobreviviera, sino que también lograra afianzarse en un sector altamente disputado. A través de decisiones políticas y económicas, se aseguró que la empresa no enfrentara una posible quiebra ni se viera forzada a fusionarse con actores menos alineados a los intereses del gobierno de turno. Este tipo de maniobras, lejos de ser un acto de libre competencia, muestran cómo el poder político puede moldear el mercado en favor de grandes corporaciones extranjeras.
El caso de Tigo-UNE, la competencia pública en riesgo
Uno de los puntos más delicados en este entramado empresarial y político ha sido la fusión de UNE, la empresa pública de telecomunicaciones de Medellín, con Tigo, operada por el grupo internacional Millicom. Esta fusión, que se formalizó durante la alcaldía de Aníbal Gaviria en 2014, permitió a UNE (propiedad de EPM) asociarse con un gigante internacional, con la promesa de fortalecer el sector de telecomunicaciones en el país.
Sin embargo, este movimiento también abrió la puerta a la privatización progresiva de un activo público clave para Medellín. La entrada de Tigo-UNE al mercado ha sido vista como una amenaza directa para EPM y, por extensión, para el patrimonio público de la ciudad. Durante el mandato de Daniel Quintero, la administración local intentó frenar algunas de las iniciativas que buscaban profundizar la privatización de UNE, alegando la necesidad de proteger los activos públicos. No obstante, las críticas a su gestión también apuntan a la falta de soluciones claras para enfrentar los desafíos que enfrenta el sector.
Con la llegada de Federico «Fico» Gutiérrez nuevamente a la alcaldía en 2024, los esfuerzos por reactivar la integración entre Tigo y UNE han cobrado un nuevo impulso. Gutiérrez, quien ya había impulsado la integración durante su primer mandato entre 2016 y 2019, ahora parece dispuesto a avanzar en una mayor privatización de activos, algo que preocupa a quienes defienden la importancia de mantener el control estatal en áreas estratégicas como las telecomunicaciones.
Amenaza para la competencia
En este contexto, Telefónica y su filial Movistar han sido actores clave. La reactivación del proceso de privatización de UNE bajo el liderazgo de Gutiérrez beneficiaría a Tigo-UNE, un competidor directo de Movistar, aunque también podría allanar el camino para una consolidación mayor de las telecomunicaciones en manos de pocas empresas internacionales, desplazando a actores locales.
Para Telefónica, el fortalecimiento de Tigo-UNE representa una competencia importante. No obstante, la política de alianza entre actores internacionales y el debilitamiento de lo público podría beneficiar indirectamente a Telefónica, que ya ha logrado posicionarse como uno de los operadores principales del país gracias a su relación con Uribe y a los movimientos estratégicos de Álvarez-Pallete. La competencia pública, representada por EPM y su filial UNE, se debilita cada vez más, facilitando que las empresas privadas, tanto locales como internacionales, controlen la mayor parte del mercado.
El futuro de EPM, bajo la sombra de la privatización
Empresas Públicas de Medellín ha sido un pilar del desarrollo económico de la región, no solo en el sector energético, sino también en telecomunicaciones. Sin embargo, la privatización progresiva de UNE, que se ha visto acelerada con la administración de Fico Gutiérrez, representa un grave riesgo para la sostenibilidad de los activos públicos.
Bajo la administración de Daniel Quintero, EPM mantuvo su independencia en gran medida, evitando la venta de UNE y otros activos estratégicos. Aunque sus medidas han sido criticadas por no haber resuelto los problemas estructurales de la empresa, fue uno de los pocos que intentó frenar la entrega de estos activos al sector privado. Ahora, con el regreso de Gutiérrez, el futuro de UNE y de EPM como empresa pública parece incierto.
La tendencia hacia la privatización, facilitada por políticas favorables a los intereses empresariales, puede tener consecuencias a largo plazo para el patrimonio de la ciudad de Medellín. La entrega de activos estratégicos a manos privadas, en lugar de fortalecer las capacidades del sector público, sigue el camino de desmantelar uno de los pocos bastiones de competencia pública que quedan en el país.
La pugna entre lo público y lo privado en el sector de las telecomunicaciones
En esta tercera entrega de la investigación, queda claro que la historia de Movistar en Colombia no es una simple cuestión de libre competencia. Los intereses políticos y económicos han tenido un papel central en la configuración del mercado, favoreciendo a grandes corporaciones como Telefónica y Tigo-UNE. La relación entre Álvaro Uribe y José María Álvarez-Pallete ha sido clave para consolidar a Movistar en Colombia, mientras que la administración local de Medellín, bajo figuras como Fico Gutiérrez, parece dispuesta a seguir el camino de la privatización de activos clave.
El riesgo es claro: la competencia pública, representada por EPM, está siendo marginada, y con ella, el patrimonio de la ciudad de Medellín se ve amenazado. La lucha por el control del mercado de telecomunicaciones en Colombia sigue abierta, y queda por ver si el sector público podrá resistir la presión de privatización o si sucumbirá ante los intereses empresariales.
