El pasado jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ahora se someterá al trámite en el Senado para su aprobación definitiva. El avance se enmarca en un proceso ya en marcha, que incluye la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, publicada este mismo día en el Boletín Oficial del Estado, y la aprobación de los Reales Decretos-ley 5/2023 y 6/2023, orientados a promover la digitalización y la agilidad procesal. Asimismo, este contexto de renovación institucional se consolida con la plena normalización del Poder Judicial, alcanzada tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial en junio pasado.

Durante su intervención en el pleno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó la importancia de la política de acuerdos que ha hecho posible la aprobación de la nueva normativa. A pesar del rechazo del Partido Popular y Vox, la Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia fue aprobada con 179 votos a favor, alcanzando la mayoría absoluta gracias al apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios. Por su parte, 168 votos se pronunciaron en contra de la medida.

REFORMA JUDICIAL BASADA EN LA EFICIENCIA Y LA PROXIMIDAD

Según la exposición de motivos, el texto “trata de afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia”. 

El proyecto de Ley Orgánica se divide en dos títulos principales. El primero aborda la reforma organizativa de la Administración de Justicia, destacando la creación de los Tribunales de Instancia y la transformación de los Juzgados de Paz en modernas Oficinas de Justicia en los municipios. Esta reforma tiene como objetivo fortalecer el Servicio Público de Justicia mediante la incorporación y promoción de medios alternativos de resolución de controversias y la implementación de cambios legislativos que agilicen los procesos judiciales y mejoren su eficiencia.

El segundo título, por su parte, se centra en medidas destinadas a la eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia y en la protección colectiva de los derechos de los consumidores y usuarios. En este sentido, se propone establecer un marco normativo integrado y específico para garantizar una tutela efectiva en este ámbito.

DOS PILARES CLAVE DE LA REFORMA

La normativa introduce dos pilares clave para la modernización de la Justicia: una reforma organizativa y otra procesal, ambas respaldadas por los avances tecnológicos implementados por el ministerio, como el expediente judicial electrónico.

En cuanto a la reforma organizativa, la ley establece la creación de los Tribunales de Instancia, órganos colegiados que integrarán los juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia bajo una única estructura por partido judicial, con el objetivo de unificar y optimizar la respuesta judicial en primera instancia.

Cada Tribunal de Instancia estará compuesto por una Sección Civil y otra de Instrucción, con la posibilidad de incorporar otras secciones especializadas que, hasta ahora, operaban como juzgados independientes. Este cambio estructural transformará los 3.800 juzgados unipersonales actuales en 431 Tribunales, promoviendo la especialización, la coherencia en los criterios judiciales y una mejor distribución de la carga de trabajo, además de optimizar el uso de los recursos disponibles.

La normativa también establece la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios, con el objetivo de acercar el Servicio Público de Justicia a todas las regiones. Estas oficinas estarán equipadas para ofrecer servicios que permitan a los ciudadanos realizar diversos actos y trámites procesales de forma telemática, eliminando la necesidad de desplazarse físicamente.

En el ámbito procesal, la ley introduce la regulación de los denominados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en los ámbitos civil y mercantil. Este marco normativo busca facilitar soluciones adaptadas a cada conflicto, al tiempo que contribuye a reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales.

La nueva ley introduce un procedimiento único para la protección y defensa de los consumidores y usuarios, consolidando los distintos procesos existentes en esta materia. Esta medida pretende garantizar una mayor eficiencia y efectividad en la tutela de sus derechos.

Asimismo, se introducirán modificaciones en las principales normas procesales para alinearlas con la reorganización estructural planteada en esta reforma judicial.

NUEVO PASO DE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA Y ENVÍO AL SENADO

Tras su aprobación en el Pleno del Congreso, el proyecto de Ley Orgánica pasa ahora al Senado, donde la Cámara Alta tendrá la oportunidad de ratificar el texto tal como está, introducir enmiendas o plantear un veto. En caso de que se opte por alguna de estas últimas opciones, la propuesta legislativa será devuelta al Congreso de los Diputados para continuar con su proceso de tramitación.

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