El horrible asesinato de un niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón ha devuelto al primer plano el debate sobre las redes sociales, su uso, sus excesos, sus peligros y la necesidad de una adecuada regulación de manera que exista una responsabilidad tras las afirmaciones que se producen en estas. Tras el crimen, se sucedieron un sinfín de falsas noticias y mensajes procedentes de la extrema derecha con los que se trataba de criminalizar de forma generalizada a personas extranjeras, con el deliberado propósito de despertar entre la población sentimientos de odio contra ellas. Mención especial merece el agitador y ahora eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, quien, a través de sus redes difundió bulos y mentiras con un cariz claramente racista y xenófobo para inducir a pensar que el asesino era extranjero.

No cabe llamarse a engaño. Estos mensajes, junto con otros vertidos estos días, que se dirigieron incluso contra el portavoz de la familia del niño, seguían la misma pauta que la vivida en el Reino Unido tras el atroz crimen contra unas niñas en Southport y que originó graves disturbios causados por una extrema derecha que sólo perseguía extender el odio e incitar a la violencia.  Aquí se buscaba desencadenar idéntico efecto siguiendo el mismo procedimiento. La secuencia es muy clara: un crimen, una avalancha de discursos de odio y desinformación, acusaciones racistas y xenófobas, un señalamiento y un llamamiento a hacer algo para, finalmente, con todo ello, provocar un linchamiento y altercados. La extrema derecha no ha visto el crimen del pequeño Mateo como una tragedia, sino como una oportunidad. Han tratado de instrumentalizar el miedo y dirigir el odio a un enemigo identificable para transformar esa ira en apoyo social y votos en unas futuras elecciones. Afortunadamente, pocas horas después, todos los bulos quedaron desmontados tras la detención de un joven español de 20 años que ya ha confesado su autoría. Sin embargo, es necesario reflexionar y extraer conclusiones tras lo sucedido. 

El debate sobre el odio en la red, la impunidad, la responsabilidad y la capacidad de las instituciones sigue presente e inconcluso. Esta situación no es anecdótica. Las redes sociales son desde hace tiempo una realidad muy presente en nuestras vidas y a medida que avanzamos en esta era digital, se incrementa el impacto y la evolución de estas plataformas y las empresas que las controlan en nuestro día a día. En enero de 2024, un récord de 5.350 millones de personas en todo el mundo disfrutaba de acceso a Internet, lo que representa un 66,2% de la población global, de los cuales, 5.040 millones, el 62,3% de la población mundial, ya son usuarios de alguna o varias de las redes sociales existentes. Plataformas como Facebook, Instagram, X y TikTok se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación, el entretenimiento y la información. Por tanto, es fundamental, decisivo, afrontar el debate de las redes con determinación. 

Millones de personas en el mundo ejercen la libertad de expresión y acceden a la información a través de las redes sociales, sin embargo, otra cuestión diferente e importante es la responsabilidad al ejercer esas capacidades y la calidad de dicha información volcada en la red, lo que nos lleva a una discusión que radica sobre los mecanismos que las empresas, dueñas de las plataformas sociales, han implementado para la moderación y regulación de contenidos que se publican a través de éstas. El consenso general de aquellos que aspiran a una convivencia compartida también en el ciberespacio cree que las regulaciones son necesarias debido al tipo de contenido de algunos usuarios, su alcance que tiene con las grandes masas y los derechos que tienen empresas como Facebook, Twitter o Instagram sobre la información de sus usuarios, pero no hay consenso sobre cómo debería hacerse esto desde el punto de vista legal. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ya subrayó en el 2023 la urgente necesidad de establecer pautas mundiales comunes para mejorar la fiabilidad de la información en línea, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos. La directora general de esta organización, Audrey Azoulay, señaló que «sólo tomando plenamente las riendas de esta revolución tecnológica podremos asegurarnos de que no sacrifica los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia. Para que la información siga siendo un bien común, debemos reflexionar y actuar ahora, juntos». 

Las plataformas en línea constituyen actualmente el núcleo de algunos de los aspectos clave de nuestra vida cotidiana, nuestras democracias y nuestras economías. Por consiguiente, es lógico hacer todo lo necesario para garantizar que estén a la altura de sus responsabilidades a la hora de reducir la cantidad de contenidos ilícitos y limitar otros perjuicios, así como de proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los usuarios. Una combinación de regulación más fuerte y otras nuevas tecnologías puede superar los desafíos planteados por las redes sociales. Por ejemplo, las plataformas podrían ofrecer mejor información sobre la procedencia de los artículos; o se podría desincentivar a las mismas plataformas de impulsar algorítmicamente temas que podrían ser incendiarios o contener desinformación. En este sentido la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales impulsadas desde el Parlamento Europeo constituyen un nuevo conjunto determinante de normas de la UE para procurar un entorno en línea más seguro y responsable, acabando con el contenido nocivo o ilegal. Sin embargo, dada la disrupción de la información, necesitan ser acompañadas con una visión universal del problema y complementadas, para su efectividad, con otro tipo de iniciativas en diferentes ámbitos y países, coordinadas y equivalentes entre estos. 

Para un usuario medio cada vez se hace más cuesta arriba mantenerse activo en las redes sociales. Insultos, odio, todo lo peor de esta sociedad aflora en sus hilos. Escribir o simplemente entrar a leer resulta a menudo insoportable. En las plataformas de redes sociales dominantes como Facebook, los investigadores han documentado que gracias al algoritmo implantado las falsedades se propagan más rápido y más extensamente que contenidos similares que incluyen información precisa. Si bien los usuarios no piden desinformación, los mecanismos automáticos que determinan lo que la gente ve tienden a favorecer el contenido sensacionalista, impreciso y engañoso, porque eso es lo que genera compromiso y, por lo tanto, más ingresos publicitarios. 

Las actuales medidas contra la desinformación y la incitación al odio en nuestro país están demostrando ser insuficientes para contrarrestar el asalto a nuestra democracia. Las instituciones siguen sin una estrategia clara, provocando que las consecuencias de permitir que la desinformación y el odio se propaguen por internet sin control son evidentes para todos. Los discursos extremistas, la desinformación y el acoso digital se han instalado en la normalidad de las redes y sin ningún freno. Los principales artífices de esta estrategia tienen nombre y apellidos, no se ocultan. También quienes están contribuyendo desde sus tribunas políticas o sus medios de comunicación. La Fiscalía, según ha informado la unidad de delitos de odio del Ministerio Público, está estudiando si varios mensajes difundidos a través de redes sociales a raíz del crimen de Mocejón, en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras con mensajes falsos pueden ser delito. Es un paso, sin duda, para que los autores no salgan indemnes y sentar un precedente disuasorio. Pero se necesitan muchos más. Para empezar, la condena de todos los grupos políticos. Sin embargo, parece que la tentación de intentar sacar rédito político, basado en la ira y el miedo, mediante la criminalización de los inmigrantes se va extendiendo y propagando en la derecha como ha demostrado el alcalde del PP de Badalona, García Albiol, que puso un tuit racista en plena controversia. Y lo que es peor aún, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha justificado a García Albiol con una frase demoledora: «Se están viviendo situaciones en España que todos vemos, todos pensamos y algunos describen». Quien ha visto y quien ve al Partido Popular. Ya ni tan si quiera trata de imitar a Vox, su nueva referencia es Alvise. Y todo por un puñado de votos.