Zapatero explicó que la acción de su Gobierno ha «creído encontrar respaldo» en algunas cuestiones como «extender la protección de algunos derechos» entre los que citó la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo o el derecho social a la atención de las personas dependientes.
También expuso que la Carta Magna, de la que afirmó que «está tan viva como el primer día», incluye los principios rectores de la política social y económica y citó numeroso artículos que se refieren a la protección social, a la protección del medio ambiente o que permiten al Gobierno «desplegar una acción legítima y eficaz» contra la actual crisis económica.
Postula la economía de mercado, pero también la planificación
En este sentido, precisó que el Gobierno, en las medidas que ha adoptado, no ha encontrado «nada parecido a una orfandad constitucional». En este punto, señaló que la Constitución, «que pretende organizar el conjunto de la vida social y, por tanto, también de la economía, reconoce el derecho de propiedad y, al mismo tiempo, lo delimita en virtud de su función social». Así, añadió, «postula la economía de mercado, pero invoca la defensa de la productividad e incluso de la planificación».
A todas estas características, Zapatero añadió la funcionalidad de la Constitución en la creación de una «acción estatal legítima y eficaz» en la lucha frente al terrorismo.
Según el presidente, la Carta Magna ofrece «todos los instrumentos posibles, todos los instrumentos necesarios, conjugando legitimidad y eficacia», para luchar contra el terrorismo. En particular, señala que la Constitución ha permitido «trazar una línea nítida entre la lícita acción política y la colaboración con el terrorismo», en referencia, aunque sin citarlo, a la ilegalización de los partidos que colaboran con el terrorismo.
«No se trata -dijo Zapatero- de una defensa política de la Constitución, sino simple y llanamente de impedir la conversión de los partidos en cooperadores necesarios del terrorismo». «Al día de hoy -prosiguió- nuestra Constitución da un poder suficiente al Estado para evitar esta aporía (inviabilidad de orden racional)».
Insistió en que el poder que otorga la Carta Magna frente al terrorismo es «suficiente y legítimo» y argumentó que esto es así porque está «sometido a límites que en ningún caso se deben ignorar». «El bisturí tiene que extirpar las células cancerígenas que se aprovechan de la vitalidad del cuerpo pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo», sentenció Zapatero, quien no citó en ningún momento la petición del PP de que se disuelvan de inmediato los ayuntamientos gobernados por ANV, aunque sus palabras se producen justo en medio de la polémica suscitada por los populares sobre esta cuestión.
Estatuto catalán: «No fue un proceso fácil»
Zapatero también se refirió a la «capacidad de adaptación» que ha demostrado la Constitución en relación con el modelo territorial. En este punto y en relación con la reforma del Estatuto de Cataluña, admitió que «no fue un proceso políticamente fácil» y «todos pudimos cometer errores en él». No obstante, matizó que se respetó la lógica constitucional, el diálogo entre Parlamentos y el papel decisivo final de las Cortes Generales.
Ahora, apuntó que lo que «procede» es desarrollar este estatuto «con lealtad y con sentido del equilibrio», sin perjuicio de lo que establezca el Tribunal Constitucional.
La renovación del TC
Zapatero también sostuvo que la Constitución garantiza un «catálogo suficientemente preciso de las competencias del Estado», sin mencionar, aunque en clara referencia a las peticiones que han realizado tanto el PP como algún destacado miembro del PSOE como Alfonso Guerra, de establecer con nitidez cuáles son estas competencias para cerrar el capítulo de traspasos a las CCAA.
En otro momento del discurso se refirió al Tribunal Constitucional y a sus 28 años de trabajo, para lanzar una crítica contra los que, dijo, «no dudan en golpearse el pecho a diario para proclamar su adhesión a la Constitución y luego no extreman el celo para respetar, hacer respetar y facilitar la tarea del tribunal».
Zapatero no citó en ningún momento al PP, pero sí señaló que «facilitar la renovación» del TC y respetar su trabajo cotidiano es «responsabilidad» tanto del Gobierno como de la «oposición».
El jefe del Ejecutivo también expuso su posición a favor de reformar la Constitución, aunque admitió que no se da el clima político adecuado. En este sentido, dijo que la Constitución «discutida, invocada, es una Constitución viva» y afirmó que no es posible «promover el bien común guardando la Constitución en una hornacina», ni colocarla «como si fuera materia inerte, en un altar».
En este punto, citó a Weiler para recordar que ha puesto de manifiesto que el concepto de «comunidad política» y el propio concepto de «pueblo» no tienen por qué entenderse como una «identidad histórica homogénea» sino a partir de una «concepción más republicana de asunción compartida de valores comunes» sobre todo en un mundo «globalizado» y «en una España en la que convivimos ya ciudadanos de muy distintas nacionalidades».
No se da el clima político propicio
No obstante, y aunque dijo estar persuadido de la necesidad de reformar la Constitución, también dijo estarlo de que «sólo sería prudente y oportuno» hacerlo con un «consenso básico de partida» que comprendiera a los dos grandes partidos, pero no sólo a ellos, sino que ve necesario encontrar un grado de acuerdo «semejante al que concitó en su día el texto vigente».
Sin embargo, Zapatero no cree que en este momento haya un «clima político propicio para poner en marcha un procedimiento de reforma significativo de la Constitución».
