Huntelaar es un nueve clásico, una perla de la fructífera cantera holandesa, autor en la Primera división neerlandesa de 108 goles en 135 partidos entre el Heerenveen y el Ajax de Amsterdam, equipo con el que se ha dado conocer al mundo.

Internacional absoluto con Holanda, Huntelaar llegará al Real Madrid, lesionado, en pleno proceso de recuperación de la fractura de tobillo que sufrió el pasado 9 de noviembre que le impedirá debutar de blanco, como mínimo, hasta el primer encuentro liguero de 2009, ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

Huntelaar es el clásico nueve. Un jugador de área, un rematador que brilla en el juego aéreo, golpea al esférico con las dos piernas, con mayor eficacia en su diestra.

Apodado ‘el cazador’, el espigado delantero de 1,86 de altura, llega al Real Madrid a sus 25 años, tras desatar en las dos últimas temporadas el interés de grandes del Viejo Continente, como el Juventus italiano que descartó su contratación por el alto precio de su traspaso, 20 millones de euros más 7 en incentivos.

Pese a su juventud, ya ha sido máximo goleador de la máxima división holandesa en 2007 (21 goles en 32 encuentros) y 2008 (33 en 34 partidos), y antes lo fue de la Eurocopa sub’21.

Con 17 años destacó en las categorías inferiores del De Graafschap y lo fichó el PSV Eindhoven. En 2004 fue traspasado al Heerenveen y en su primer buen año, fue el máximo goleador del equipo con 16 dianas.

Su buen hacer en el Heerenveen hizo que el Ajax se fijase en él, pagando por su fichaje en diciembre de 2005 unos 9 millones de euros. Desde entonces, ha sido la figura del equipo, clave en la conquista de la Copa de Holanda, justo ante el PSV Eindhoven (2-1), con dos goles anotados por Huntelaar.

Bota de bronce hace un año

La temporada 2007-08 volvió a verle como máximo goleador liguero, con una cifra impresionante: 33 goles en 34 encuentros. Esos tantos le hicieron ser ‘Bota de Bronce’ del fútbol europeo. Antes se había producido su debut en la selección absoluta holandesa. Tuvo lugar el 16 de agosto de 2006, en partido ante Irlanda del Norte (4-0).

Ha vestido la elástica nacional en nueve ocasiones. Es considerado como el «nuevo Van Nistelrooy». De momento, sus citas más especiales las vivió en la Eurocopa 2008, donde fue el gran perjudicado del esquema del seleccionador Marco Van Basten, que decidió jugar con un solo delantero centro, y acabó su participación en cuartos de final.

Con la llegada de Huntelaar la nómina de holandeses en la plantilla del Real Madrid se amplía a seis. Para su rápida adaptación colaborarán Wesley Sneijder, Arjen Robben, Royston Drenthe, Rafael Van der Vaart y Ruud Van Nistelrooy. Nunca en la historia del fútbol español hubo tanto futbolista holandés en un equipo.

Pedja Mijatovic, director deportivo del Real Madrid, es un gran seguidor de Huntelaar. Sigue su progresión desde que aterrizó con Ramón Calderón en la casa blanca y ya intentó su fichaje el pasado verano. La lesión de Van Nistelrooy para toda la temporada, ha acelerado las negociaciones y Schuster dispondrá desde enero de su nueva referencia ofensiva. ‘El cazador’ aterriza en la capital de España para tomar el relevo de Van ‘the man’, Ruud Van Nistelrooy.

Ford ha sido la primera en presentar el plan ante el Comité de la Banca del Senado, en la fecha en la que vence el plazo para que los «Tres Grandes de Detroit» expliquen a los legisladores su iniciativa de reestructuración y viabilidad para el sector a largo plazo.

La compañía, que ha registrado pérdidas cada año desde 2005, indicó en el plan que espera generar ganancias para 2011.

En total, Ford está solicitando al Congreso hasta 9.000 millones de dólares en préstamos que le permitan capear una de las peores crisis que afronta el sector.

«Para Ford, los préstamos del Gobierno servirían como una línea de defensa o una salvaguarda importante contra unas deterioradas condiciones, mientras implementamos una transformación en nuestra compañía», explicó en un comunicado su presidente y principal ejecutivo, Alan Mulally.

Mulally se ha comprometido a ganar un dólar por año si el Congreso accede a un plan de salvavidas, algo que también ha prometido el ejecutivo de Chrysler Robert Nardelli en otras ocasiones.

Entre otros elementos, el plan de Ford incluye una inversión de alrededor de 14.000 millones de dólares, en los próximos siete años, en tecnologías de punta y en productos que mejoren el consumo de combustible en los automóviles.

También prevé cancelar las bonificaciones de los gerentes en 2009, así como los pagos con base en el mérito para sus empleados en Norteamérica el próximo año.

Además anticipa una mayor fabricación de vehículos híbridos y autos eléctricos que funcionan con batería (BEV, en inglés), y la venta de su flota de aviones corporativos para aumentar su liquidez.

Se prevé que, al igual que el de Ford, los planes de General Motors y Chrysler incluyan componentes relacionados con una reducción de salarios para los ejecutivos, la refinanciación de la deuda, concesiones del sindicato y la posible venta de algunas marcas.

El Congreso tiene previsto celebrar audiencias el jueves y viernes próximos para examinar los planes de los tres fabricantes y la posibilidad de votar una estrategia de rescate del sector la próxima semana.

Los «Tres Grandes de Detroit» presentan el plan con la esperanza de que, pese al escepticismo de muchos legisladores, el Congreso salga a su rescate, en momentos en que el sector se ha visto severamente afectado por una caída en las ventas y severas restricciones de crédito.

GM y Chrysler han advertido de que, sin la ayuda del Congreso, ambas empresas irían camino del colapso en cuestión de semanas.

Habitat presentó el pasado viernes ante este mismo juzgado un concurso voluntario de acreedores por no poder hacer frente a su deuda de unos 2.300 millones de euros, lo que supone la segunda mayor suspensión de pagos después de la de Martinsa-Fadesa.

El grupo constructor y de servicios que preside Rafael del Pino es el segundo máximo accionista de Habitat, con un 20% de su capital social. Ferrovial tomó esta participación en virtud de un compromiso que adquirió con la empresa dentro del acuerdo que alcanzó con ella en diciembre de 2006 para venderle Ferrovial Inmobiliaria.

El compromiso pasaba por quedarse con un 20% del nuevo grupo inmobiliario que se crearía con la integración de la entonces Habitat y Ferrovial Inmobiliaria mediante la suscripción de parte de una ampliación de capital en la que invirtió 125 millones de euros.

Ferrovial considera que no registrará impacto alguno en sus resultados de 2008 por su participada Habitat, según consta en documentación del grupo de construcción y servicios.

La compañía ya reconoció como pérdida en la cuenta de resultados de 2007 los 125 millones de euros que invirtió en adquirir la participación del 20%.

Además, provisionó en los dos últimos ejercicios un total de 265 millones de euros (230 millones en 2006 y 35 millones más en 2007) por el crédito de 250 millones de euros que concedió a Habitat cuando vendió a esta empresa su filial Ferrovial Inmobiliaria. Este crédito se convirtió después en participativo.

La deuda que figura en el informe concursal, entregado hoy en el Juzgado número 1 de lo Mercantil de A Coruña, supera a la de unos 6.300 millones que transcendió cuando la compañía solicitó el concurso.

En cuanto al valor de los activos, contrasta con el de 9.020 millones que figuraba en la última tasación contable de activos que la empresa pidió. La realizó Tasamadrid y corresponde al cierre de 2007, según indicaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

Los datos de activo y pasivo que presenta el informe de los administradores arrojan que el patrimonio neto de la compañía que preside Fernando Martín se sitúa en 181 millones de euros.

No obstante, los administradores concursales apuntan hacia la viabilidad de la compañía, al considerar posible que logre alcanzar un convenio de acreedores y supere así el concurso.

La administración llega a esta conclusión al constatar «diversas informaciones en relación con el inicio de las obras en algunas de las promociones» y la «continuación de la financiación hipotecaria de algunas entidades financieras».

«Por ello, la administración concursal considera posible un marco negociador adecuado que posibilite un convenio de acreedores», según un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSX).

Estructura de deuda

En cuanto a la deuda de Martinsa, la deuda ordinaria suma 4.361,7 millones de euros. En este importe se incluye la deuda con las entidades financieras que sufragaron la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por la que la empresa compró Fadesa.

Otros 1.827,6 millones de euros corresponden a deudas hipotecarias y con garantía prendaria, y 542,7 millones más son deudas subordinadas con empresas del grupo.

Asimismo, en la estructura de deudas de la compañía que preside Fernando Martín destacan débitos de 7,8 millones de euros con entidades públicas.

No obstante, según indicaron las referidas fuentes conocedoras, en esta deuda se incluye casi 1.000 millones de deuda no exigible, esto es la de 542 millones concedida a sociedades del grupo y otros algo más de 400 millones que en su mayor parte corresponden a la provisión de los anticipos dados por los compradores de vivienda.

Según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, «una vez analice la voluminosa y detallada información suministrada por la administración concursal», el Juzgado de lo Mercantil trasladará el informe a las partes personadas para su pleno conocimiento.

Los tres administradores de Martinsa, Antonia Magdaleno, Antonio Moreno y Angel Martín Torres, presentaron a primera hora de la tarde de hoy (sobre las 14.00 horas) al Juzgado el informe que han elaborado sobre Martinsa. La documentación fue entregada directamente al juez titular, con quien mantuvieron una pequeña reunión.

El plazo de presentación del informe concluyó ayer lunes 1 de diciembre, pero los tres administradores concursales contaban hasta las 15.00 horas de hoy para entregar la documentación.

Calendario del proceso

Tras la entrega del informe concursal y su notificación a las partes, se abre un plazo para que los distintos acreedores presenten los incidentes y alegaciones que consideren al mismo.

Este plazo se extenderá durante todo el tiempo que el Juzgado estime necesario para resolver los incidentes, dado que cada uno de ellos requiere un juicio individual. Para la inmobiliaria que preside Fernando Martín, esta fase del concurso podría alargarse varios meses, habida cuenta del número de personaciones que suma.

El informe concursal definitivo se presentará cinco días después de que el juez dicte la última sentencia sobre las incidencias. Con él se pondrá fin a la fase común del proceso concursal y se abrirán dos posibles caminos, el convenio y la junta de acreedores o la liquidación.

En el caso de Martinsa-Fadesa, la inmobiliaria trabaja desde hace meses con la banca para alcanzar un convenio de acreedores. Puede presentarlo hasta cuarenta días antes de que se celebre la junta de acreedores. Esta junta tendrá lugar cuando una vez se resuelvan las impugnaciones que se hagan al informe concursal.

Lograr un convenio de acreedores supone salir de facto del proceso concursal, si bien jurídicamente no se supera hasta que no se determina toda la masa de acreedores y se establece la forma y el plazo de pago.ECO

Esta tendencia, junto con la previsible bajada de tipos de interés que el jueves aprobará el Banco Central Europeo, llevarán al indicador a principios del 2009 al 2%, según la opinión de los analistas consultados por Efe.

Los tipos de interés en la zona del euro son actualmente del 3,25%, e inversores y analistas dan por hecho que el jueves el BCE recortará la tasa tres cuartos de punto.

El diferencial entre el euribor y los tipos de interés en la zona del euro suele ser de entre el 0,30 y el 0,80%, con lo que el euribor debería seguir bajando al mismo tiempo que el BCE recorta los tipos.

La entidad señaló que 4.000 despidos se llevarán a cabo para finales de enero, y el resto después. Seattle recibirá la peor parte del recorte, con 3.400 despidos de la plantilla de 4.300 empleados que WaMu tenía en la ciudad.

Otros 1.600 trabajadores de San Francisco perderán sus trabajos, mientras que los 4.200 restantes se darán «en cualquier parte».

La compañía combinada resultante de la fusión de JPMorgan y Washington Mutual posee un total de 5.400 sucursales, de las que no planea cerrar más del 10%, señaló JPMorgan.

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se ha reunido con el presidente del Consejo del Notariado, José Marqueño, al que ha explicado las razones que han llevado al Ministerio a la suspensión de la rebaja del arancel de notarios y registradores.

Pérez señaló que la situación económica actual es muy distinta a la del pasado 14 de agosto, cuando el Gobierno aprobó el Acuerdo sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas en el que se incluían un proyecto de Real Decreto sobre la rebaja arancelaria.

Así, «en un escenario económico tan distinto y para no perjudicar a los miles de puestos de trabajo dependientes de las notarías y los registros», se ha decidido suspender esta parte del acuerdo, añade el comunicado de Justicia.

Las protestas de notarios y registradores por la rebaja de aranceles habían sido continuas desde que se anunció la medida. La Federación de Asociaciones de Notarios de España (FEDANE) expresó su «malestar» y aseguró que la reducción de aranceles «podría desestabilizar el equilibrio y la paz laboral» de sus despachos, «que dan trabajo a cerca de 40.000 personas.

A pesar de suspender la aprobación de esta medida, Justicia sí dará luz verde a un nuevo modelo de seguridad jurídica preventiva con el objetivo de evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores, reforzar los mecanismos de supervisión de la actividad de los fedatarios públicos y de los registradores y facilitar la información de los datos registrales y catastrales.

Excluyendo el sector energético, los precios industriales descendieron un 0,4% en ambas zonas frente al mes anterior. En términos interanuales, la subida fue del 3,2% en la zona euro y del 3,9% en la UE.

Los precios en el sector energético experimentaron una bajada mensual del 2% en la zona euro y del 4% en la UE, mientras que respecto a octubre del 2007, el alza fue del 15,8 y el 16,9%, respectivamente.

Por su parte, España registró una bajada mensual del 1,2%, mientras que el alza respecto a octubre del 2007 fue del 5,9%.

Entre los miembros de la UE cuyos datos estaban disponibles, los únicos incrementos mensuales se observaron en Hungría (+1,2%), Eslovaquia (+0,9%), Irlanda (+0,4%) y Chipre (+0,1%), mientras que los mayores retrocesos se registraron en Dinamarca (-5,1%), Reino Unido (-4,2%) y Grecia (-2,8%).

Respecto a octubre del 2007, los mayores avances de los precios industriales se observaron en Luxemburgo (+21,1%), Rumanía (+15%) y Lituania (+14,7%), mientras que los países que experimentaron los menores incrementos fueron la República Checa (+3,9%), Francia (+4,3%) y Eslovenia (+4,8%).

Sin embargo, ha mostrado sus dudas sobre «cómo se va a volver a recuperar una orientación de política económica, no sólo monetaria, en Europa, porque las intervenciones masivas de los últimos meses» se han producido «más allá de cualquier tipo de regla e incluso más allá de cualquier tipo de procedimiento institucionalmente identificable». «Nada que ver con las reglas, con los límites, con los topes, y nada que ver con el funcionamiento ordinario de las instituciones», ha profundizado.

El ex presidente del Gobierno está convencido además de que la crisis «va a durar», porque es difícil diagnosticarla e incluso combatirla, porque nadie se percató de su magnitud hasta que «la banca» de ese «casino financiero global» saltó, y ahora se reclama la que los gobiernos «vengan con la caballería».

A este respecto, ha cuestionado que la política esté «entrenada» hoy en día para ponerse al frente de la situación y recomponer «el desastre», cuando «lleva muchos años fuera del campo», cediendo terreno a la «mano invisible» del mercado.

En su intervención, ha desplegado un «menú», según sus propias palabras, sobre las cuatros crisis superpuestas que atraviesa actualmente Europa: la económico-financiera, la institucional, la de seguridad y la del Estado del bienestar.

Una vez que ha desmenuzado la primera, ha abordado la segunda de ellas asegurando que en medio de los problemas económicos se introdujo una crisis de seguridad con la guerra de Georgia, que se sumó a las amenazas del crimen organizado y del terrorismo internacional e hizo renacer «algunos de los viejos fantasmas».

A ello ha añadido un despliegue «absolutamente injustificado e injustificable» del sistema antimisiles «de la famosa guerra de las galaxias».
«Que, naturalmente, nos quieren hacer creer que no se trata de defenderse de Rusia, sino de la amenaza de Irán, pero ya somos un poco mayorcitos para que nos cuenten cuentos de esa magnitud. Sabemos de qué se trata y me parece un error», ha reflexionado.

Ha apostado por una política de seguridad coherente, con 150.000 efectivos y no un millón y medio, temeroso de que Europa «siga perdiendo relevancia hacia el mundo y hacia sus propios ciudadanos».

Con el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, espera recuperar la «estrategia euroatlántica» tanto para la dimensión de seguridad como para la resolución de los problemas económicos.

Para González, es una «bendición» que los Estados Unidos reconozcan que solos no pueden afrontar los problemas de seguridad ni económico-financieros y que no pueden hacer de «gendarmes del mundo con políticas unilaterales».

Todas estas consideraciones estarán en el informe que preparará el grupo de reflexión que él lidera y que intentará que se hagan respetar, porque, tras definirse como «un jubilado de júbilo», ha subrayado que no seguirá si hay interferencias.

En opinión de González, la UE tiene «algún elemento grave de crisis» en su modelo de bienestar, debido al envejecimiento de la población, el consiguiente aumento de los pensionistas y la reducción del número de trabajadores que cotizan.

«Menos mal que vinieron los emigrantes, si no, no podríamos pagar las pensiones en Europa hoy», ha incidido González, que entiende que se ve a los inmigrantes «como necesidad y como problema»; «sin ellos no podemos y la llegada de ellos nos inquieta».

No obstante, para él es importante que la Unión Europea tenga una política migratoria única.

Y ha alertado también de que Europa está perdiendo su capacidad de ser una potencia económica-tecnológica de primer orden, con las deslocalizaciones, y, sobre todo, con el hecho de que grandes empresarios de países emergentes estén comprando industrias de los «sectores por excelencia» de la UE.

Por el contrario, ha considerado que estas deslocalizaciones también tienen sus aspectos favorables, habida cuenta de que, al llevarse fuera de Europa buena parte de la industria contaminante, podrán reducirse las emisiones de CO2.

Entonces, los retrocesos de estos productos de inversión rondaron el 8 por ciento, lo mismo que ha ocurrido en esta ocasión.

Poza indicó también que los «hedge funds» son «víctimas y no actores» de la crisis financiera, y que se ha «magnificado la responsabilidad de su actividad» en la profundización de la situación.

El detonante de la situación actual lo constituyó, en opinión de Poza, la quiebra de Lehman Brothers, «un gran error» que demuestra que debe mejorarse la transparencia y la coordinación entre entidades y entre supervisores.

El director general de Harcourt insistió también en la responsabilidad de los reguladores, que no fueron eficaces ante los excesos de financiación, que se hubieran podido controlar.

Para el futuro inmediato, lo lógico será que haya una criba de gestoras, dijo, y que desaparezcan las más pequeñas, con lo que a menos actores en el mercado la diversificación será más valiosa.

Otro de los aspectos que debe cambiar es la estrategia comercial de los «hedge funds», que «no son productos para el mercado minorista» sino para inversores sofisticados e institucionales.

En su opinión, la crisis de liquidez ha tocado fondo tras las inyecciones y ayudas aprobadas en los últimos meses, aunque matizó que la liquidez ha llegado al mercado interbancario pero no al de crédito.

No obstante, la familia catalana informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que no hay un acuerdo definitivo a pesar de que las conversaciones están avanzadas.

Pese a asegurar que el pacto no es definitivo, la inmobiliaria señala en el comunicado que «el acuerdo incluye una serie de acuerdos complementarios que están siendo negociados entre las partes».

El objetivo de la negociación es encontrar una salida a la deuda de 4.000 millones de euros que contrajeron los Sanahuja con Banesto, La Caixa, Santander, Caja Madrid, BBVA y Banco Popular, entre otros, para hacerse con el 80,1 por ciento de la inmobiliaria.

Actualmente, Metrovacesa, que fue suspendida hoy en Bolsa antes de la apertura de la sesión y cuyos títulos continúan sin poder ser negociados, vale en el mercado 3.482 millones de euros, por lo que el 54 por ciento de su capital equivaldría a 1.880 millones de euros.

De fructificar el acuerdo, el pago se llevará a cabo mediante la cesión a las entidades del 54 por ciento del capital social de Metrovacesa, que aseguró que las financieras actúan de forma «no concertada», ya que en caso contrario deberían lanzar una opa sobre el cien por cien de la paritaria.

Las negociaciones de la familia Sanahuja se unen a las que ha llevado en paralelo la propia Metrovacesa, que cuenta con un endeudamiento financiero superior a 7.000 millones de euros.

La semana pasada la inmobiliaria tuvo que poner a la venta la sede del banco británico HSBC en Londres al no poder hacer frente al crédito de 810 millones de libras (unos 950 millones de euros al cambio actual) que contrajo para adquirir dicho inmueble.

De confirmarse la toma de control de Metrovacesa por parte de la banca, la empresa seguirá los pasos de Inmobiliaria Colonial, entre cuyo accionariado se encuentran Banco Popular (9,15%), La Caixa (5,42%), Caixa Galicia (3,35%), Bancaja (2,76%), Caixanova (1,81%), Banco Pastor (0,91%) y Caja Duero (0,45%).

El proyecto de ley será remitido ahora a las Cortes autonómicas para su tramitación por el procedimiento de urgencia y en lectura única, para que pueda estar aprobado antes de que acabe el mes de diciembre.

Además de la «importancia singular» de General Motors para Aragón en términos de contribución al PIB, empleo (trabajan 7.500 personas) y balanza exterior, el Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta para aprobar la concesión del aval las inversiones que la factoría tiene que hacer para la fabricación de la próxima generación del Opel Meriva.

La designación de Figueruelas para fabricar este modelo, ha recordado Larraz, tuvo importantes efectos en la planta aragonesa, así como múltiples implicaciones para todo el empleo en el sector auxiliar, que se quieren salvaguardar con la concesión de este aval, que para Larraz tiene por tanto carácter de «medida estructural».

En el proyecto de ley se especifica que la duración máxima del aval será de cinco años y que un incumplimiento del destino para el que ha sido concedido supondrá «causa automática de cancelación».

Pero el consejero ha incidido en que el Gobierno de Aragón no tienen dudas de que la planta de Figueruelas vaya a cumplir sus compromisos respecto a la fabricación del nuevo Meriva antes del 30 de abril del 2010.

General Motors España debe de sustentar este aval con «activos suficientes» para el caso de que no pueda llevar a cabo la restitución del préstamo y que, según Larraz, pueden ser muchos, desde los edificios a la maquinaria, pasando por la planta fotovoltaica de la factoría.

En el contrato que se firmará para la concesión del préstamo con General Motors se especificará cuáles son estas garantías, que el Gobierno de Aragón ejecutaría en el caso de que GM no restituyera sus préstamos.

La concesión del aval, sin embargo, no está condicionada al mantenimiento del empleo, puesto que este aspecto está en manos de la autoridad laboral que debe de resolver los expedientes de Regulación de Empleo de la compañía, el primero de cuales entró en vigor en noviembre y afectará a 600 trabajadores.

El consejero ha apuntado que el Gobierno de Aragón es «muy respetuoso» en este sentido con los acuerdos a los que llegan los sindicatos y la dirección de la empresa y hasta ahora no se ha aprobado ninguno sin acuerdo del Comité de Empresa.

La importancia de contar con una empresa como GM, que lidere un sector industrial fuerte, constituye una de las prioridades de la política económica e industrial de Aragón como mecanismo para garantizar el crecimiento y el empleo.

Aragón es la primera Comunidad Autónoma de las que cuentan con industrias automovilísticas que aprueba una medida económica de apoyo al sector para superar la crisis.

Larraz ha insistido, en este sentido, que el Ejecutivo no podía permitir que la factoría de Figueruelas, «la más eficiente del grupo GM», no estuviera preparada para tener el nuevo modelo a punto en el plazo marcado, con la vista puesta en la recuperación de un mercado, el automovilístico, que funciona «a oleadas».

ERE de 17 días

El presidente del Comité de Empresa, José Juan Arceiz, explicó que en la reunión que la representación de los trabajadores mantuvo ayer con la dirección de GM España ésta ha anunciado la presentación, en un par de días, del nuevo ERE de extinción temporal de empleo, que se aplicará a días sueltos conforme se vaya necesitando ajustar la producción.

Ésta es una de las medidas que propone la dirección para asumir en la planta de Figueruelas el recorte en un 20% de la producción de vehículos, medida establecida por la multinacional automovilística para todas sus fábricas europeas.

La empresa propone que los días de paro incluidos en el ERE se compensen con un 10% del salario de tablas, que habrá que sumar a las percepciones por desempleo legalmente establecidas.

El Comité de Empresa, en un primer análisis de la propuesta, considera «totalmente insuficiente» esta oferta y condiciona la aceptación del ERE a un incremento de estas cantidades.

Lo que sí consideran positivo es que la dirección haya aceptado disminuir la producción diaria como una manera de reducir los días de regulación del 2009.

Además se ha descartado la eliminación del turno de noche, que era otra de las solicitudes de los sindicatos, ha recordado e Efe José Juan Arceiz (UGT).

Una vez que la empresa presente el nuevo ERE ante la autoridad laboral y haga llegar la memoria justificativa a los sindicatos se abrirá un periodo de negociación de 15 días, tras el que la Dirección General de Trabajo tendrá otros 15 días para tomar una decisión.

Este sería, de ser aprobado, el segundo ERE que se aplica en la planta zaragozana, donde desde el pasado mes de noviembre está en vigor otro expediente de regulación que afecta durante un año a 600 empleados de la plantilla, que la componen unos 7.500 trabajadores.

El importe que Colonial puede obtener con el ejercicio de estas opciones, sumado al que ingresará con la emisión de obligaciones convertibles (1.429 millones), permitiría a la inmobiliaria reducir en 2.600 millones de euros su deuda, que actualmente supera los 9.000 millones de euros.

Tal y como anunció la empresa el pasado 26 de noviembre al supervisor bursátil, cada una de las citadas entidades financieras podría hacerse con el 3,4 por ciento de FCC y con el 7,15 por ciento de SFL si ejercitan sus opciones, en tanto que el resto de entidades que forman parte del sindicato bancario podrán beneficiarse en total de un 1,87 por ciento de FCC y un 3,99 por ciento SFL.

Para ello, deberán notificar entre el próximo 11 de diciembre y el 10 de enero de 2009 su decisión de ejecutar dichas opciones, que llevarán a cabo en un plazo máximo de 10 días desde su notificación.

Las opciones se concederán de manera individual a cada uno de los beneficiarios, lo que supondrá que se llevará a cabo de forma independiente, en tanto que las entidades deberán ejercitarlas de una vez y por la totalidad de las acciones que correspondan a cada entidad.

Colonial señaló en aquel momento que en el caso de que las entidades bancarias no ejercitasen íntegramente sus opciones dentro del plazo del ejercicio, la inmobiliaria podrá tomar cualquier decisión que estime oportuno respecto al proceso de venta de los títulos no adquiridos.

El presidente de la compañía, Juan José Brugera, anunció el pasado 15 de septiembre la intención de vender las citadas participaciones en FCC y SFL -compañía que controla con el 85 por ciento del capital-, así como su filial de centros comerciales de Riofisa.

La inmobiliaria anunció que el importe obtenido con estas desinversiones lo destinará a amortizar la financiación a largo plazo (6.120 millones de euros) de los 7.000 millones de deuda que fueron reestructurados el pasado 15 de septiembre.

Con el mismo objetivo, la Junta de Accionistas de Colonial aprobó hace un par de semanas una emisión de bonos convertibles, cuya suscripción está garantizada en más del 90 por ciento por las principales entidades acreedoras de la compañía.

Los títulos de la inmobiliaria subieron el 6,67 por ciento al cierre del mercado -hasta los 0,16 euros por acción-, en tanto que los de la constructora aumentaron el 3,86 por ciento -28,26 euros-, y los de la filial francesa se mantuvieron en los 28 euros, cotización que no varía desde el pasado 21 de noviembre.

A su juicio, el único inversor que aparecerá en este mercado en el 2009 y el 2010 será el «fondo oportunista», dispuesto a hacer adquisiciones, pero sólo interesado en activos a un «precio óptimo».

El directivo explicó que las inmobiliarias han empezado a poner en el mercado activos estratégicos, pero todavía no están dispuestas a vender por debajo de la deuda que soportan esos inmuebles, situación que en último extremo podría llevarles a ceder esos activos a los bancos acreedores para afrontar sus obligaciones de pago.

Por esta razón, Merry del Val cree que la diferencia en la estimación de valor de los compradores y vendedores será un «gran obstáculo» para el cierre de operaciones.

Asimismo, el volumen de superficie alquilada descenderá el próximo año en torno al 40% con respecto al nivel alcanzado en el 2007, hasta los 500.000-550.000 m², mientras que en Barcelona se alquilarán alrededor de 300.000 m², un 25% menos que dos años antes.

En lo que respecta al mercado de los centros comerciales, su evolución durante el próximo año dependerá en buena medida del consumo privado, cuya caída este año ya ha provocado que muchos centros se hayan inaugurado con tasas de ocupación inferiores al 80%, cuando lo normal eran tasas superiores al 85%.

También del consumo privado dependerá la evolución del mercado logístico e industrial, aunque en comparación con el de oficinas o el comercial es «más atractivo», porque de momento sigue dado rentabilidades más altas, tendencia que continuará durante el próximo año.

Aunque agregó que si estos países rechazan adherirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), deben reducir su producción para solidarizarse con los miembros del cartel petrolero.

«No necesitamos un acuerdo solidario con aquellos países que tienen el mismo objetivo que nosotros (la OPEP). Si tienen problemas para unirse a la OPEP, sólo tienen que aplicar sus intenciones de reducción», afirmó el ministro.

Hace pocos días, Rusia se mostró a favor de establecer un precio justo y estable del petróleo y subrayó la necesidad de que los grandes productores de crudo se pongan de acuerdo para adoptar acciones coordinadas en los mercados.

El viceprimer ministro ruso, Igor Sechín, reveló recientemente que su país prepara un proyecto de cooperación con la OPEP que lo presentará en la próxima reunión ministerial del cartel en Orán (Argelia), el 17 de diciembre.

Iturbe realizó estas afirmaciones en el transcurso de la jornada ‘Competitividad empresarial ante la situación de crisis’, organizada en el Kursaal de San Sebastián por el grupo Guipúzcoa Aurrera. En ese contexto, el presidente de Kutxa consideró que «el gran perdedor» de la no fusión entre las Cajas guipuzcoana y vizcaína es «el país en general». Además, en tono irónico, señaló que el viernes estuvo «a punto» de dejar de ser presidente de la entidad, pero que lo seguirá siendo «durante muchos años».

En su opinión, el hecho de que no se haya aprobado el proceso de «va a afectar en términos de coste de oportunidad». «Eso nunca no lo vamos a poder medir, pero será en términos de cómo hubiera sido, cómo hubiéramos pasado esta crisis tan fuerte que nos viene los próximos dos años con una caja fusionada o sin fusionar», agregó.

En esa línea, Iturbe consideró que el fallido proyecto de fusión «no era defensivo, sino mas ofensivo, de apoyo, de crecimiento, de ilusión y de pasar a otra dimensión». No obstante, remarcó que en Kutxa seguirán siendo «ganadores». «Seguramente, no vamos a estar en la Champions, pero sí en la Primera División», remarcó.

El presidente de Kutxa reiteró que el proyecto de fusión era «muy bonito e ilusionante para todos» y, a su juicio, la muestra de que era «bueno» es «la decepción general que hay», aunque señaló que, «en la vida, hay muchas opciones estratégicas, ésa entendíamos que era la mejor, pero ahora estamos trabajando en solitario».

Incertidumbre despejada

De este modo, afirmó que una de «las cosas buenas» que la Caja guipuzcoana ha sacado de este asunto es despejar «esa incertidumbre histórica de los últimos años que estaba encima de nuestras cabezas sobre que, en algún momento, íbamos a fusionar», ya que, según dijo, esa cuestión «condiciona la gestión, decisiones de inversión y de muchos tipos. «Y vamos a ir a muerte como Kutxa, que no es poco», remarcó.

«Había un proyecto de fusión y lo han matado», aseguró el presidente de Kutxa, quien reconoció que la idea de la fusión «continúa». «Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la idea de que una fusión es buena y otra es un proyecto de fusión concreto, trabajado, elaborado, donde hemos encajado un montón de intereses de directivos, presidentes, trabajadores, Haciendas, clientes, etc y ese proyecto lo han matado», matizó.

«Ese proyecto empieza el 1 de enero, con unas fechas concretas, y eso se rechazó y se ha acabado, ya no hay proyecto de fusión. La idea de la fusión continúa y continuará porque es una cosa absolutamente necesaria, de sentido común. Vamos a ver si en el futuro se vuelven a juntar los astros como ahora y somos capaces de hacer un proyecto de fusión que sea bueno para todos», confió Iturbe.

Sentimiento de culpa

No obstante, criticó a los que, en estos momentos, muestran su apoyo a la idea de una fusión de las Cajas vascas. «A mi me suena un poco que están intentando lavar la conciencia, porque entiendo que tendrán su sentimiento de culpa», subrayó, para añadir que, «en cualquier caso, la velocidad se demuestra andando y andando estuvimos el viernes y ahí es donde había que haber demostrado si se estaba a favor de fusión o no votando si». «Los que han votado que no para mí no tienen credibilidad», añadió.

En cuanto a los pasos, a partir de ahora, reiteró que, tras despejarse que Kutxa no va a fusionarse con BBK, «si vamos solos, lo hacemos con todas las consecuencias y, por supuesto, que vamos a tener que abrir oficinas en Vizcaya y en Álava». De este modo, aseguró que la entidad guipuzcoana está «obligada» a hacerlo por el Tribunal de la Competencia.

«Tenemos una multa de 23 millones de euros. Como no vayamos, nos meten una de cien. Uno de los problemas de la no fusión es que vamos a entrar en una competición, en una guerra entre nosotros, eso ya lo explicamos», insistió, al tiempo que señaló que Kutxa -«en la medida de sus fuerzas, que son muchas»- intentará hacer que esta crisis «sea lo más suave posible para todos y ahí vamos a estar para apoyar a la industria y a las empresas y creo que lo haremos bien porque tenemos suficiente liquidez y fuerza».

Su principal novedad es que obligará a las entidades financieras a quedarse como mínimo el 5 por ciento de las emisiones de productos estructurados -como las hipotecas titulizadas- que coloquen entre los inversores.

También prevé la creación de «colegios de supervisores», presididos por la autoridad del país donde la entidad tiene su sede, para vigilar a los bancos transfronterizos.

Para reducir los riesgos asociados a la interconexión entre entidades, también propone limitar la exposición a terceros al 25 por ciento de los fondos propios.

En cuanto a la solvencia de las aseguradoras, para aprobar la norma ha sido necesario eliminar el modelo de supervisión que planteaba la Comisión Europea, al que se oponía España, y que quitaba poderes a las autoridades del país donde se sitúan las filiales de las grandes compañías.

Ante la presión de un grupo numeroso de Estados miembros, el acuerdo final suprime el principio de «apoyo de grupo», que trataba de reflejar la vinculación en los grupos aseguradores multinacionales entre la matriz y sus filiales localizadas en otros países.

Además de permitir a las compañías transferir, en determinadas situaciones, activos de las filiales a la matriz para reforzar sus fondos propios, daba a la autoridad del país de origen la última palabra en decisiones clave relacionadas con la solvencia del grupo.

La directiva, llamada Solvencia II, revisa las exigencias de solvencia (que datan de hace más de treinta años) y mejora los sistemas de control, para adaptarlos al escenario actual del sector asegurador.

Entre otras cosas, armoniza y simplifica los controles a los que están sometidos las aseguradoras en la UE.

La norma también introduce cambios en el método de cálculo de los fondos que las aseguradoras deben tener para cubrir sus riesgos, teniendo en cuenta factores como la diversificación de su negocio y su distribución geográfica.

En su reunión de hoy, los ministros también dieron luz verde a otro proyecto legislativo para simplificar los trámites para la comercialización de fondos de inversión en países distintos al de aquel donde tiene sede la gestora.

El objetivo es crear un verdadero «pasaporte europeo» para los fondos de inversión que podrán acceder a todo el mercado comunitario con la única autorización de su país de origen.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, se reunió ayer con los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) y les anticipó que en los próximos días publicará nuevas orientaciones sobre cómo deben articularse esas ayudas, con las que algunos países están reforzando el capital de entidades clave incluso aunque no corran riesgo de desplome.

Antes del encuentro, el responsable alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, había lamentado que la Comisión esté dando «una respuesta tan burocrática ante una crisis financiera de esta gravedad».

A su llegada a la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de la UE), Steinbrück hizo hincapié en que, para que sean efectivas, las medidas de apoyo a los bancos aprobadas por los países, deben aplicarse de forma «rápida y segura».

El Gobierno francés insiste, por su parte, en que el agravamiento de la crisis económica obliga a adoptar nuevas medidas que van más allá de la intervención en entidades en crisis, como apoyar financieramente a bancos solventes para facilitar la concesión de préstamos.

También el Gobierno sueco pidió públicamente a la Comisión «una actitud más constructiva» para ayudar a restaurar el crédito.

Según fuentes diplomáticas francesas, otros países como Austria, Italia, Polonia y Portugal hicieron constar su apoyo a esta demanda de flexibilización.

La comisaria defendió ante los ministros su actuación en los dos últimos meses, cuando dio vía libre a más de veinte esquemas de apoyo al sector financiero (fundamentalmente, sistemas de garantía para dinamizar el crédito interbancario, pero también otros como el fondo español para compra de activos a la banca).

Pero reconoció que el cambio de orientación de las ayudas en las últimas semanas, con más operaciones de recapitalización, obliga a la Comisión a «refinar» el enfoque aplicado a la hora de evaluar su compatibilidad con la normativa europea.

Kroes pidió a los países que utilicen con precaución estos mecanismos, para evitar perjuicios a la competencia, y dejó claro que deben ser temporales y prever una remuneración adecuada por parte de los beneficiarios.

Dispuesta a aceptar la tarificación

Se mostró dispuesta a aceptar el mecanismo de tarificación planteado por el Banco Central Europeo, que partiendo de un tipo mínimo iría ajustándose en función del perfil de riesgo de cada entidad receptora de ayuda.

Consideró que, para incentivar la devolución de los fondos al Estado una vez superadas las tensiones crediticias, puede fijarse un tipo de interés todavía mayor, elevarlo progresivamente o restringir el pago de dividendos a los accionistas (sin llegar a prohibirlos, recalcó).

Además, la Comisión exigirá planes de viabilidad de las entidades beneficiarias cada seis meses, para evaluar su modelo de negocio y garantizar que los bancos con problemas acometen medidas de reestructuración.

Kroes también quiere garantías de que la ayuda tiene el efecto perseguido y no sirve para aumentar los beneficios u obtener una ventaja inmerecida sobre los rivales, de modo que si un banco recibe asistencia pública para impulsar el crédito tendrá que comprometerse a ello.

La ministra francesa de Finanzas y presidenta de turno del Ecofin, Christine Lagarde, se mostró muy satisfecha por el cambio de enfoque del ejecutivo comunitario, que ha demostrado, a su juicio, «inteligencia» al introducir más flexibilidad en el análisis de las ayudas públicas a los bancos.

Por parte española, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se mostró de acuerdo con el nuevo planteamiento y confió en que ayude a dinamizar la concesión de préstamos, aunque dejó claro que el Gobierno no planea este tipo de ayudas a ninguna entidad.

Los Veintisiete acordaron el pasado octubre elevar de manera coordinada el umbral de las garantías estatales de los depósitos, después de que varios Estados miembros lo hicieran en su territorio, para evitar fugas de capitales de un país a otro.

Según el acuerdo alcanzado por los gobiernos sobre la base de una propuesta legislativa de la Comisión Europea, los países tendrán que garantizar un mínimo de 50.000 euros a los titulares de cuentas a partir del 30 de junio del 2009.

En 31 de diciembre del 2011 todos los países tendrán que subir el límite hasta 100.000 euros.

Se ha establecido este periodo transitorio en atención a las economías más pequeñas de la Unión, pero varios Estados miembros, entre ellos España, han pasado directamente hasta 100.000 euros.

En cuanto al plazo de pago, el texto pactado por el Ecofin prevé un límite de cinco días laborables para identificar a los titulares que tienen derecho a recuperar sus ahorros cuando una entidad no se lo garantiza (en la actualidad el plazo era de 21 días laborables).

El reembolso deberá efectuarse en veinte días laborables, ampliables hasta treinta, frente a los tres meses (prorrogables hasta nueve) vigentes ahora.

El objetivo es continuar con rapidez la tramitación del texto, para que esté aprobada de manera definitiva en primera lectura, antes del fin de la legislatura.

Está previsto que el Parlamento Europeo se pronuncie en su última sesión plenaria del año, a partir del 15 de diciembre.

El ministro paquistaní de Exteriores, Shah Mehmud Qureshi, reiteró la intención de su Gobierno de cooperar con la India para «llevar ante la Justicia a quienes perpetraron ese atroz acto terrorista» en Bombay.

La India ha atribuido el asalto terrorista en Bombay al grupo Lashkar-e-Toiba, que lucha por la anexión de Cachemira a Pakistán y tiene su base en este país.

Junto a su oferta de investigación conjunta, Qureshi pidió que tanto la India como Pakistán eviten «el juego de acusaciones y propaganda hostil» que sólo beneficia a los terroristas, según un comunicado oficial.

Calma frente a la crisis

El ministro trasladó su oferta a un grupo de embajadores con los que se reunió en Islamabad y la expuso a la ciudadanía en un discurso televisado, en el que aseguró que el Ejército paquistaní es «completamente capaz» de defender sus fronteras en caso de verse atacado.

El jefe de la diplomacia instó a los paquistaníes a que guarden la calma y eviten caer en una guerra de acusaciones con la India. «Tenemos que ser pacientes y abandonar la dinámica de acusaciones», afirmó.

El Gobierno indio ha exigido al de Pakistán la entrega de una veintena de terroristas «fugitivos» que se han «asentado» en su suelo, entre ellos los jefes del LeT, Mohamed Said, y del grupo Jaish-e-Mohamad (JeM), Masud Azhar. Al mismo tiempo, el ministro indio de Exteriores, Pranab Mukherjee, descartó que su país esté planteándose una «acción militar» contra Pakistán, sino a la espera de la respuesta a sus demandas.

Qureshi no respondió a la exigencia india de extradiciones, pero reiteró las garantías de su Ejecutivo de una «cooperación y asistencia máxima» a la India para «llevar ante la Justicia a quienes perpetraron» la masacre de Bombay.

Salvar el diálogo

Asimismo, recordó que los dos países sufren la lacra del terrorismo y abogó por mantener el proceso de diálogo que comenzaron en 2004 y en el que han «hecho un progreso significativo» para el refuerzo de la confianza mutua.
«Estamos convencidos de que a los pueblos de los dos países les conviene la continuación del proceso de paz y el diálogo», dijo. De hecho, el ministro paquistaní se había reunido en la India con su homólogo indio poco antes del inicio de los ataques de Bombay, que le obligaron a acortar su visita oficial.

Pakistán ha emitido constantes condenas del atentado pero, aunque en un primer momento se mostró dispuesto a enviar a Delhi al jefe de los servicios secretos ISI, Ahmed Shuja Pasha, para colaborar en las investigaciones, finalmente dijo que había habido un «malentendido» y ofreció un subalterno.

La oferta de Qureshi precedió a la celebración de una «conferencia nacional de seguridad» convocada por el Gobierno, a la que asistieron dirigentes de todas las fuerzas políticas para consensuar la posición de Pakistán en esta nueva escalada de tensión con la India. Según un comunicado gubernamental tras la reunión, de más de seis horas, los asistentes aprobaron de manera «unánime» una resolución en la que condenan los ataques terroristas de Bombay de forma «enérgica». Pero dijeron también tomar nota de las «infundadas alegaciones hechas de forma apresurada contra Pakistán», aunque mostraron su «deseo de mantener una relación constructiva con la India».

Los tipos que establece el Banco Central, añade, sirven de referencia para los que utilizan los bancos entre ellos y, en un plazo concreto de tiempo, tienen efecto en el consumidor.

Por ello, Lagarde pide «un esfuerzo más, señor Trichet», aunque no menciona la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de este mismo jueves en la que, según prevén los mercados financieros, se acordará una nueva bajada de los tipos de interés en la zona euro, actualmente en el 3,25 por ciento.

La reciente bajada de la inflación da margen de maniobra al banco europeo para relajar su política monetaria en un momento en el que el crecimiento económico se ralentiza.

La ministra francesa pronostica que este mal momento todavía va a durar un tiempo ya que, según advirtió, «el 2009 será un año difícil» y «debemos prepararnos».

Asimismo, prevén que el instituto emisor aplique dos recortes más durante la primera mitad del 2009, hasta situarlo en el 1,5%. De este modo, el BCE recortaría un 2,25% los tipos de interés de aquí a la primera mitad del próximo ejercicio. El BCE ha recortado los tipos en dos ocasiones desde octubre, llevando la tasa desde el 4,25% anterior hasta el 3,25% que está vigente en la actualidad.

En cuanto al crecimiento económico, las previsiones de los expertos apuntan a que la economía decrecerá un -0,5% en el cuarto trimestre, confirmando la recesión en la zona euro, crecimiento negativo que en 2009 sería del 0,9%. No obstante, esta previsión no tiene en cuenta la política fiscal aplicada, aunque si las bajadas de tipos.

El economista jefe para Europa del Servicio de Estudios de BBVA, Miguel Jiménez, destacó que la recuperación va a ser lenta por la crisis financiera, pero avanzó que en 2010 el crecimiento podría volver a ser positivo, de un 0,3%, aunque destacó que hay que ser cauto con estas previsiones.

En este sentido, destacó que durante 2009 el consumo público va a crecer sobre un 1,7%, frente a la caída del 1% en el consumo privado, ya que las familias van a ver mermada su capacidad por la caída de las Bolsas y el endeudamiento que sufren por las hipotecas.

Asimismo, resaltó que las exportaciones crecerán en el entorno del 0,2%, mientras que las importaciones registrarán un crecimiento negativo del 1,2% en 2009. Jiménez destacó que a pesar de la caída de las exportaciones, la contribución de la demanda externa amortiguará en parte la contracción del PIB gracias a la moderación de las importaciones.

Respecto a la inflación, el servicio de estudios de BBVA destacó que la fuerte desaceleración económica y la reducción del precio del petróleo han aliviado las presiones inflacionistas en la euro zona.

Sus previsiones apuntan a una tasa de inflación en promedio del 1,4% en 2009 y del 1,6% para 2010, mientras que la tasa interanual puede estar por debajo del 1% a mediados de 2009, aunque el riesgo de la deflación es poco probable.

El petróleo también experimentará una bajada de precios, que podrían situarse en los 70 dólares en 2010, mientras que el cambio del euro y el dólar tenderá hacia el equilibrio situándose en 1,15 unidades.

Medidas fiscales «temporales»

El Servicio de Estudios también consideró hoy que una política fiscal contracíclica puede tener un efecto importante sobre el crecimiento, aunque recordó que el margen de política fiscal dentro del Pacto de Estabilidad es variado según los países.

A su juicio, el componente cíclico se deteriorará en 2009 hasta el -0,3% del PIB desde el 1,1% de 2008, como consecuencia de los estabilizadores automáticos, y el déficit público total se situará en el -1,3% y el -2,9% del PIB en 2008 y 2009, respectivamente.

Por esa razón, los expertos creen que la aplicación de medidas discrecionales adicionales no sobrepasaría en exceso el límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y resaltaron que las medidas fiscales que se adopten para potenciar el crecimiento económico deben ser «temporales» y «rápidas» y estar enfocadas en «maximizar el gasto», ya que una política fiscal extensiva puede aumentar la inflación.

En este sentido, Jiménez recordó que la Comisión Europea ha propuesto que el conjunto de medidas fiscales discrecionales debería representar un 1,5% del PIB, aunque reconoció que la mayoría de los países barajan planes más modestos.

Este experto también subrayó que esta tasa del 1,5% podría llevar a un déficit «más allá del 3%», aunque, a su juicio, la situación de emergencia en la que se encuentra la economía europea permite la aplicación de medidas temporales que lleven a un déficit temporal del 4% si después se aplica un plan de reducción. «No hay ningún problema si es temporal. Es importante que sea así, para no destruir la productividad», añadió.

No rebajar el IVA

Respecto a España, Jiménez destacó que el Gobierno ha hecho uno de los planes más importantes, al menos, en magnitud, y no se mostró partidario de rebajar el impuesto del IVA, como en Reino Unido, ya que, a su juicio, la tasa española es una de las más bajas.

Asimismo, destacó que con este tipo de medidas existe el riesgo de que no se traslade a los precios o que no incentive el consumo. A su juicio, se desconoce si la medida tendría un efecto rápido, por lo que abogó por medidas rápidas.

Por otro lado, el economista Jefe de Escenarios Financieros, Daniel Navia, señaló que el Banco Central Europeo debe mantener su política de liquidez el tiempo necesario para que el mercado pueda ver una corrección de los ‘spreads’ o diferenciales que se están dando en algunos indicadores como el Euríbor.

Según explicó, es una situación difícil y los bancos centrales deben aportar medidas para tranquilizar los mercados, pero destacó que no se volverán a ver diferenciales como los que se aplicaban antes de la crisis. En este sentido, avanzó que a finales del año que viene podrán verse niveles «más normalizados», que podrían situarse en torno a 20 ó 30 puntos básicos, aunque destacó que las previsiones son «difíciles».

Los azotes de la crisis económica, con España a punto de entrar en recesión, están provocando una importante y rápida destrucción de empleo, que continuó en noviembre con 171.243 parados más en noviembre, lo que situó el número total de desempleados en 2.989.269, la mayor cifra de parados desde febrero de 1996. Además, en un año, el paro se ha incrementado en 894.796 personas, un 42,72% más. Unos datos que, para Solbes, «no son ninguna sorpresa».

El vicepresidente segundo advirtió además de que «existe el riesgo de que el paro aumente algo más». El empeoramiento de la situación económica puede, según el vicepresidente económico, ahondar en esta destrucción de empleo. Por ello, insistió en que el paro es el problema más grave que tiene España y también la principal preocupación del Ejecutivo.

Solbes aseguró que el Gobierno ha dedicado «mucha atención y recursos y vamos a seguir prestándole todo nuestro interés» a la cuestión del paro, incidió Solbes, «porque consideramos que es el problema más grave que nuestro país tiene en este momento». La evolución futura del empleo depende de si mejora o no el contexto económico, pero subrayó que «hay cierto consenso de que 2009 va a ser peor que 2008».

Desde los populares, su presidente Mariano Rajoy aseguró que el crecimiento del paro registrado en el último mes es «una enmienda a la totalidad» a un Gobierno «desbordado por su incapacidad, improvisación y falta de coraje».

Rajoy, aseguró que esta «lacra», contra la que el PP luchará «allí donde esté», no se corrige «ni con cortinas de humo, ni con ocurrencias, ni con improvisaciones», como la reciente medida de conceder a los Ayuntamientos 8.000 millones de euros para que inviertan en obra pública y palíen el incremento del desempleo.

Esta iniciativa es una demostración del «desbarajuste» y del «desorden» con el que actúa el Gobierno y, por tanto, no hace frente a la «urgencia nacional» que vive España hoy, la del paro.

«Tres millones de parados son una urgencia nacional, y nada hay más urgente que acabar con esta lacra», ha asegurado el líder popular.

Destrucción en los servicios

Por sectores, el desempleo se incrementó sobre todo en los servicios, con 97.697 parados más. De esta forma, cada vez es más patente que la economía no sólo se está viendo afectada por la crisis de la construcción y los EREs colectivos que están presentando las empresas. Bien es cierto que la construcción generó otros 40.453 empleados, y la industria 22.717.

La crisis se está notando también entre la población extranjera, que en noviembre experimentó un incremento del 12,5% en su cifra de parados, con 42.147 desempleados más. En total, los inmigrantes en paro sumaban en noviembre 379.640 desempleados, el 91% más que hace un año, de los que 63.839 proceden de la construcción y 76.210 trabajaban en los servicios.

Por sexos, la subida del desempleo afectó de nuevo más a los hombres que a las mujeres. De hecho, en noviembre, dos de cada tres nuevos parados eran varones. En concreto, el paro masculino se incrementó en 111.915 desempleados respecto a octubre, en tanto que el femenino registró un ascenso de 59.328 mujeres.

Además, entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo se incrementó en 26.437, y entre los mayores de esa edad en 144.806.

El desempleo también afectó por igual a todas las comunidades autónomas, con especial afección en Cataluña, con 24.837 parados más y Andalucía, con 23.972.