El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y sin tener en cuenta el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura fue de 1.063,4 euros, un aumento de 64,9 euros (6,5%) con respecto al mismo mes del año anterior.

La cuantía media bruta de la prestación percibida por beneficiario en octubre fue de 819,4 euros, un aumento de 42,1 euros con respecto al mismo mes del 2007.

En octubre se solicitaron 640.291 prestaciones de desempleo, un 44,1% más que un año antes. Los beneficiarios extranjeros, que suponen el 11,8% del total de los beneficiaros de prestaciones por desempleo, sumaron en octubre 233.588, un 95,6% más que el año pasado.

Entre los extranjeros procedentes de países comunitarios, este aumento fue superior, con un 115%. Además, los beneficiarios extranjeros fueron el 69,21% del total de demandantes de empleo extranjeros.

El gasto en prestaciones de los beneficiarios extranjeros fue de 215,7 millones, el 110,4% más que en octubre del 2007, es decir, el 10,8% del gasto total de las prestaciones.

Fidalgo aseguró que España «ha tenido un ciclo de crecimiento económico muy aparatoso, muy vistoso», pero basado sólo en «la apreciación artificial del precio de la vivienda residencial» y el endeudamiento familiar, algo que «no se puede repetir».

El dirigente sindical afirmó que, en este contexto, «hay que apoyar a los parados, hay que apoyar a las empresas» para salir de la crisis, pero con un nuevo modelo productivo, que «nos de competitividad a la economía nacional, calidad en el empleo y cohesión económica y social».

Fidalgo, que declaró que la crisis en España «posiblemente va a ser más larga que en otros países» porque el modelo económico «era insostenible», aseveró que «hay que empezar a poner los cimientos para que las cosas en el futuro no puedan ser así».

Méndez, por su parte, subrayó que «la reactivación económica necesita seguridad y confianza y de eso es de lo que hay que hablar: de cómo dar seguridad a las familias, de cómo proteger sus salarios, de cómo evitar la destrucción de empleo».

En este sentido, el dirigente sindical aseguró que inyectar seguridad y confianza implica también acelerar la gestión de las prestaciones por desempleo y de las políticas activas, así como incrementar la protección por desempleo. «Es muy importante que los trabajadores en paro tengan garantizada la protección ahora y en el futuro, en caso de que agotaran la prestación», destacó.

El líder de UGT señaló además que, aunque las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno van en la «dirección correcta», deben coordinarse con las de las administraciones autonómicas. Por ello, reclamó la convocatoria de una Conferencia de Empleo e Industria, presidida por el Gobierno central, con la participación de las comunidades autónomas con competencias en materia de empleo.

Méndez también hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades laborales extremen la vigilancia sobre los expedientes de regulación de empleo para evitar que las empresas no afectadas por la crisis utilicen la misma como coartada para incrementar sus beneficios recortando sus plantillas.

«Se trata de prácticas insolidarias, que rayan la inmoralidad», denunció Méndez, que pidió que todos aquellos EREs que no tengan el respaldo sindical o que carezcan de plan social sean sometidos a un «escrutinio total» por parte de las autoridades laborales competentes.

El líder de UGT mostró además su preocupación por el mal uso que se está haciendo de la Ley Concursal, ya que los nuevos procedimientos concursales no están sirviendo al «objetivo teórico» de los mismos, el de salvar empresas. Por el contrario, alertó de que en muchos casos se está utilizando esta Ley para «sortear» expedientes de regulación de empleo y extinguir los contratos de los trabajadores con una indemnización «mínima», de 20 días por año trabajado.

Además, dijo, la insuficiencia de recursos en los juzgados está retrasando la tramitación de los procesos concursales, siendo los trabajadores las «víctimas» de esta situación. «Se quedan en una especie de limbo: sin trabajo y sin cobrar el paro», advirtió.

Por todo ello, el dirigente sindical instó a reformar la Ley Concursal, recuperando en los concursos de acreedores los procedimientos laborales, «ahora subsumidos» en un procedimiento más general.

El índice S&P 500 también avanzó un 3,99 por ciento, al escalar 32,6 puntos y cerrar en las 848,81 unidades, y el Nasdaq ascendió un 3,7 por ciento, al recuperar 51,73 unidades y terminar en los 1.449,8 enteros.

Los analistas ya preveían que el parqué neoyorquino viviría hoy una sesión de rebote después de la caída con que inauguró el último mes de este desastroso año para los mercados financieros.

El lunes, el Dow Jones cayó el 7,7%, lo que supone la segunda mayor caída porcentual del año y la cuarta de su historia si se mide en puntos, ya que perdió en un solo día de 679,95 unidades.

Algo parecido ocurrió con el resto de los grandes indicadores: El S&P 500 bajó el 8,39% y el índice del mercado electrónico del Nasdaq perdió el 8,95%.

Con el ascenso de hoy los principales índices de Wall Street recuperaron buena parte de lo perdido ayer, mientras la deuda pública continuaba con su imparable avance, de forma que la rentabilidad de los bonos a diez años, que evoluciona en sentido inverso, caía hasta el 2,67%.

De los 30 valores que componen ese índice, el que agrupa a los valores más capitalizados que cotizan en Nueva York, tan solo dos se saldaron con pérdidas: Coca-Cola (-0,9%) y 3M (-2,39%).

Entre el resto, la firma que más subió porcentualmente fue General Electric, que escaló hasta un 13,61% y cerró a 17,61 dólares, a pesar de haber alertado, antes de que abriera la bolsa, de que en el cuarto trimestre su beneficio podría no superar los 52 centavos por acción, lo que supone una revisión a la baja del 7% en su previsión anterior.

Sin embargo, confirmó que en cualquier caso repartirá dividendos entre sus accionistas con cargo a los resultados de este año.

Las siguientes empresas del Dow Jones que más subieron fueron Citigroup (11,94%), que hoy anuncio la emisión de deuda por valor de hasta 5.500 millones de dólares, y Bank of America (11,83%), que el lunes cayó el 21%.

En tanto, el sector estrella de hoy fue el automovilístico,luego de entregar datos sobre la evolución de sus ventas y presentar sus planes de viabilidad para conseguir ayudas públicas para superar la complicada situación en la que se encuentra.

General Motors terminó la sesión con un avance del 5,66%, en el día en el que presentó ante el Congreso estadounidense un plan de reestructuración y viabilidad a largo plazo y le pidió los 12.000 millones de dólares que dice necesitar para mantener su liquidez.

Además, informó hoy de que sus ventas en Estados Unidos se redujeron en noviembre un 41% respecto al mes anterior.

Su competidora Ford subió el 5,88% en bolsa, pese a haber reconocido también una caída del 30% en las ventas y haber pedido al Congreso más de 9.000 millones de dólares para dejar las pérdidas en las que está inmersa desde 2005.

Otro de los sectores de gran actividad fue el aéreo, ya que la británica British Airways anunció que negocia con la australiana Qantas una posible fusión entre ambas, al tiempo que Delta comunicó nuevos recortes de vuelos.

La inmensa mayoría de las aerolíneas cotizadas en Nueva York acabó con avances, entre ellas US Airways (17,19%), Continental Airlines (6,56%), Delta Air Lines (6,68%), American Airlines (5,23%), United Airlines (7,83%) y Southwest (5,04%).

En contra de lo que sucede en el Congreso de los Diputados, donde las enmiendas de la totalidad -equivalentes a los vetos-, se votan conjuntamente, en la Cámara Alta la votación es por separado, lo que significa que el primer veto en ser votado será también el mayoritario, presentado por el PP.

El veto puede prosperar si los cuatro senadores de ERC votan en contra de las cuentas, ya que a esos sufragios se añadirían los de los 123 senadores del PP, los siete de CiU y los dos de ICV-EUIA, lo que sumaría 136, tres más de los necesarios para poder devolver los Presupuestos al Congreso.

El pleno del Senado comenzará el próximo martes día 9 a las 11:00 de la mañana con la intervención del vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, al que seguirá el debate de los vetos.

Habrá 30 minutos para defender cada veto, que serán debatidos uno a uno y de mayor a menor, a los que seguirá un turno de defensa y un turno de portavoces.

A continuación, se procederá a la votación de los cuatro vetos presentados a los Presupuestos, en el mismo orden en el que fueron debatidos.
En caso de ser aprobado alguno de ellos, se suspendería la tramitación de los Presupuestos en el Senado y se devolvería el proyecto de ley al Congreso.

Si ninguno de los cuatro vetos saliera adelante, el pleno continuaría con el debate y la votación de los treinta y tres vetos parciales a las secciones de los Presupuestos (20 del PP y 13 de CiU), para cuya defensa intervendrán los representantes de los grupos, también de mayor a menor.

Por último, se procedería al debate y votación de las distintas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al articulado y los anexos de los Presupuestos.

La ministra subrayó que este fondo «llegará a todos los ayuntamientos sin excepción», para desarrollar obras a ejecutar en 2009, ya que «previsiblemente ese será el año de mayores dificultades para la economía y el empleo» en España.

Avisó de que la Intervención General del Estado velará para que las inversiones se ajusten a lo descrito en el real-decreto, y puntualizó que en caso de no ser así, los consistorios deberán «reintegrar las cantidades recibidas». Agregó que este decreto «se basa en la confianza y en el control por parte de los ciudadanos», y destacó que por eso han eliminado controles intermedios para agilizar plazos.

Los nuevos trabajadores que sea necesario contratar para la realización de los proyectos financiados con cargo al fondo de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos deberán estar en «situación legal de desempleo», señaló la ministra, quien además estimó que la aplicación de esta iniciativa podrá generar la creación de «entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo». «La finalidad final del fondo es crear empleo, por lo que será un criterio de adjudicación», afirmó.

Los recursos de este fondo se destinarán a proyectos y obras que no estuvieran previstos en los presupuestos municipales para 2009, y deberán ejecutarse de manera inmediata, licitándose antes de un mes desde la resolución de autorización emitida por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. Las obras deberán realizarse a lo largo de 2009 y deberá justificarse su finalización en el primer trimestre de 2010. Este plazo podrá extenderse seis meses más si hay causa justificada.

Proyectos para acogerse al fondo

Los proyectos que podrán acogerse al fondo deben ser de competencia municipal. En particular se entienden incluidos los de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, así como de promoción industrial; los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones; las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.

También los dirigidos a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, las de gestión de residuos urbanos, así como las orientadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética; los de supresión de barreras arquitectónicas; los de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio.

Por último, los proyectos de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales; los dirigidos a promover la movilidad sostenible urbana y los encaminados a mejorar la seguridad vial; los de prevención de incendios y los destinados a la promoción del turismo.

El importe de cada proyecto de inversión a realizar con cargo a este fondo no podrá superar los 5 millones de euros. En el caso de las mancomunidades y agrupaciones de municipios, el coste máximo de cada proyecto también será de 5 millones de euros, aunque el importe total debe desglosarse en las cantidades que corresponden a cada municipio, que les serán descontadas de la cifra de los fondos que le sea asignada en función de su población.

El real decreto-ley establece además que los ayuntamientos deberán abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización del contrato en los plazos establecidos.

Peticiones hasta el 24 de enero

El procedimiento para acceder a estos fondos se podrá tramitar por vía electrónica en su totalidad, a través de la página web del MAP (www.map.es), por lo que Salgado recalcó que se trata de un «reto» para su Departamento. Para la realización telemática de estos trámites, los ayuntamientos deberán contar con un certificado digital.

En todo caso, la tramitación de estos proyectos se realizará con todas las garantías que establece la Ley de Contratos del Sector Público, y la Intervención General del Estado controlará la correcta aplicación de los recursos del fondo.

Las corporaciones locales podrán presentar sus peticiones para financiar proyectos en la página web de Ministerio desde el 10 de diciembre de este año y hasta el 24 de enero de 2009. El reparto de los fondos se hará teniendo en cuenta el criterio de población, y las cantidades financiadas cubrirán el coste total de los proyectos.

Todos los consistorios podrán obtener recursos del fondo hasta el importe máximo que para cada municipio se determine en función de su población. Consistorios y mancomunidades presentarán sus solicitudes en la web www.map.es, que irán dirigidas a las subdelegaciones del Gobierno y, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, a las delegaciones del Gobierno.

Éstas verificarán que los proyectos cumplen las condiciones en un plazo no superior a diez días. En otros diez días, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial dictará la resolución de autorización para la financiación de los proyectos, que será publicada en la página web del MAP.

Tras la adjudicación de las obras financiadas y la presentación de los correspondientes certificados por vía electrónica, el Gobierno aportará a las entidades locales el 70% del coste de adjudicación del proyecto, y el resto de la inversión será abonado al finalizar la actuación. Los municipios con menos de 200 habitantes, previa autorización excepcional del MAP, podrán llevar a cabo la ejecución de las obras directamente, sin necesidad de contratar con un tercero.

Esta tarde estará disponible en la web del MAP el listado de los 8.112 municipios españoles con la cuantía máxima que pueden recibir según su población. Salgado adelantó, asimismo, que se reunirá con todos los delegados y subdelegados de Gobierno para «darles instrucciones» durante dos días de cara a la gestión de las peticiones.

Salvo el arroz, cuyo incremento interanual es tres puntos superior al registrado en octubre, el resto modera el crecimiento de sus precios en relación con el mes pasado, cuando el limón se encareció un 41,53% en términos interanuales; la harina de trigo, un 22,94%, y el aceite de girasol, un 29,31%.

Otros alimentos frescos que registraron alzas significativas en el undécimo mes del año, además de los limones, fueron el cordero (+9,13%), las acelgas (+7,51%) y el conejo de granja (+6,37%), seguidos de la bacaladilla (+5,77%) y los plátanos de Canarias (+5,20%).

Por el contrario, se abarató el precio de las anchoas, que cayó un 7%, las judías verdes (-3,78%) y los pimientos verdes (-3,69%), y, en menor medida, el gallo (-2,81%), las cebollas (-2,2%) y los jureles (-2%).

Si se compara el precio de noviembre respecto al mes anterior, los productos frescos que más subieron fueron los plátanos de Canarias (+8,71%), el cordero (+3,37%), los pimientos verdes (+2,36%) y la bacaladilla (+1,71%), mientras que registraron descensos los limones (-7,12%), las sardinas (-4,93%), las judías verdes (-4,4%), las naranjas (-3,03%) y las chirlas (-2,92%).

En cuanto a los productos envasados, además de la harina de trigo, el arroz y el aceite de girasol, en términos interanuales también experimentaron subidas significativas los espaguetis (+14,48%), la bollería (+11,55%), el pan de molde (+10,1%) y las sardinas en aceite (+8,53%).

Los tres únicos productos envasados que abarataron su precio en noviembre respecto al mismo mes del año anterior fueron el aceite de oliva de acidez 0,4º, con una ligera bajada del 1,71%, la leche esterilizada (-1,32%) y el azúcar (0,74%).

En tasas mensuales, el departamento que dirige Miguel Sebastián subrayó el descenso registrado en noviembre en el precio del yogur (-1,21%), el aceite de girasol refinado (-0,81%) y la leche esterilizada (-0,81%), así como las subidas de arroz (+3,65%), el ketchup (+2,23%) y el tomate natural (+1,89).

La utilización de este documento es sólo una posibilidad, que dependerá de la magnitud de la hipotética entrada de Lukoil en el capital de la petrolera española, ya que está por ver si el grupo ruso mantiene el interés por el 29,9% o por una participación inferior de en torno al 20%.

Por su parte, fuentes de Repsol YPF no niegan la existencia de este documento, pero se remiten a la posición expresada por el presidente de la compañía, Antonio Brufau, de que el control de la empresa sólo se ejerce tomando más del 30% y lanzando una OPA por el 100%, de modo que la toma de una participación inferior obligaría al nuevo socio a colaborar con la empresa y respetar la gestión.

La actual ley de OPA obliga al lanzamiento obligatorio de una oferta de adquisición por el 100% de la compañía si se supera el 30% del capital. No obstante, la norma reserva la posibilidad de adquirir participaciones anuales de hasta el 5% siempre y cuando no se alcance el umbral del 50%.

Por otro lado, los estatutos de Repsol ya contemplan en su artículo 27 una limitación al 10% en el poder de voto de sus accionistas, al margen de su participación en la compañía, que reduciría la capacidad de influencia de Lukoil.

Este blindaje del 10% sólo podría retirarse en una junta de accionistas en la que la medida logre un apoyo superior al 75% del capital con derecho a voto, según el artículo 22. Este apoyo del 75% sirve para permitir a un accionista votar por encima del 10% y también para retirar esta norma.

En caso de comprar el 29,9% de la petrolera, Lukoil tendría un máximo de entre cuatro o cinco consejeros si se mantiene la actual configuración de 16 asientos en el consejo. En caso de adquirir el 20%, contaría con tres consejeros.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo hoy que Repsol debe seguir siendo una empresa «gestionada por España» y «vinculada a los intereses fundamentales de España» y señaló que no ve «inevitable» la venta del 30% de la petrolera española a la rusa Lukoil.

«Nada es inevitable mientras nada esté cerrado», dijo Solbes al ser preguntado por si todavía era posible encontrar una solución española para Repsol o era inevitable la venta a Lukoil.

«Yo creo que el interés de todos es que Repsol siga siendo una empresa gestionada por España y evidentemente vinculada a los intereses fundamentales de España», señaló el vicepresidente a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la zona euro.

«Es verdad que está en el sector privado, es verdad que los responsables, los propietarios, tienen el margen de maniobra que da el sector privado. Pero se está trabajando para la mejor solución que sea posible para todos», resaltó Solbes.

Preguntado por las denuncias del PP de que el Gobierno ha dado un trato de favor a la constructora Sacyr, Solbes respondió que el PP acusa al Ejecutivo «de eso y de todos los males del infierno, o sea que es uno más».

También asistirán, el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, y el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás.

En la reunión se tratará el efecto y consecuencias de las distintas medidas aprobadas por el Gobierno y se analizará el actual estado del sector, indicaron las mismas fuentes.

El pasado 10 de noviembre la banca española reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que defendiese en la Cumbre de Washington del G-20 un mayor control y supervisión del sistema financiero.

Durante más de hora y media, Zapatero y Solbes, se reunieron con los presidentes del Santander, el BBVA, La Caixa y Caja Madrid, quienes explicaron sus experiencias ante la labor y regulación que desempeña el Banco de España.

Los banqueros expusieron la necesidad de que se pusiese el modelo financiero español como ejemplo a seguir para salir de la crisis.

La pasada semana Solbes mostró su satisfacción por la primera subasta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que se llevó a cabo el 20 de noviembre, y en el que se adquirieron activos de calidad a 23 entidades por importe de 2.115 millones de euros.

Solbes precisó que 28 entidades demandaron cerca de los 5.000 millones de euros disponibles en la puja, pero que sólo aquellas que ofrecieron un tipo de interés por debajo del coste, «más un pequeño diferencial», resultaron adjudicatarias.

El presidente previó el pasado jueves que las entidades financieras demandarán más recursos en la segunda subasta del Fondo de Adquisición, que se celebrará el 11 de diciembre, y valoró la concesión de hasta 100.000 millones de euros en avales del Estado en 2008 a las emisiones de deuda nuevas de las entidades de crédito residentes en España.

Estas entidades podían solicitar este aval desde el lunes 22 de octubre hasta ayer.

Los abogados de «los Albertos» presentaron ayer un escrito en la Audiencia, al que ha tenido acceso hoy Efe, en el que recuerdan que el plazo otorgado de 30 días ha expirado «sin que conste la devolución de ninguna de ellas, ni en todo ni en parte» de los 25 millones de euros.

Por ello, los letrados de los empresarios solicitan que se proceda a la investigación judicial del patrimonio de las familias del constructor Julio Sanmartín y del arquitecto Pedro Sentieri con el fin de agilizar el cobro de los 25 millones de euros.

No obstante, existen discrepancias entre «los Albertos» y sus socios sobre cuándo vence el plazo para devolver esa cantidad, ya que los últimos argumentan que el plazo que se les otorgó para la devolución se interrumpió al ser recurrido el auto que ordenaba dichos reintegros.

La Audiencia Provincial de Madrid acordó el pasado 23 de septiembre dar un plazo de 30 días a 28 miembros de las familias de Sentieri y Sanmartín para que ingresaran a Cortina y Alcocer las indemnizaciones que se les pagaron en su día.

El Plan «sigue los trámites preceptivos», es decir, que una vez cerrado el proyecto del borrador, se están incorporando al texto definitivo las alegaciones, con el objetivo de que se apruebe en las próximas semanas, «dependiendo de la programación del Consejo de Ministros».

Durante su visita a la exposición del congreso, organizado por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la ministra explicó que, una vez se apruebe el plan en el Consejo de Ministros, tendrá que ser adaptado a las Comunidades Autónomas a través de convenios.

En cuanto a la oferta pública de compra de suelo, puesta en marcha por Sepes y a la que se puede optar hasta el 29 de diciembre, la ministra señaló que, aunque el trámite está todavía abierto, «está teniendo mucha aceptación», ya que se planteó con unas perspectivas previas a las que «está respondiendo».

Durante su intervención, la ministra recordó la necesidad de conseguir un modelo urbano más sostenible, menos contaminante y energéticamente más autosuficiente, para lo que el Gobierno cuenta con capítulos específicos destinados a la rehabilitación de barrios degradados, centros históricos y municipios rurales en el nuevo PEVR.

Asimismo, el plan presta atención a la reurbanización de barrios degradados o con graves problemas estructurales y a la erradicación de la infravivienda y el chabolismo.

La ministra resaltó que el Gobierno quiere liderar la agenda europea en materia energética de edificios para lo que ha convocado, durante la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, una reunión informal de ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano europeos en Madrid.

Coincidiendo también con la presidencia española de la UE, Corredor anunció que el Gobierno español celebrará, en colaboración con el estadounidense, la primera edición europea del Solar Decatlon, certamen que busca incentivar la investigación para reducir el impacto medioambiental.

Aunque el 60% de las páginas que presentaba irregularidades en septiembre del 2007 ya han sido corregidas, todavía existen «numerosas quejas de consumidores sobre tarifas ocultas, cargos adicionales y precios que no se muestran de forma clara», afirmó la comisaria europea de Consumo, Meglena Kuneva, en un comunicado.

En la misiva enviada a las compañías, la Comisión resume «de forma simple y clara» los requisitos que deben cumplir las páginas de venta de billetes para ajustarse a la directiva europea sobre prácticas comerciales injustas y a la normativa sobre servicios aéreos.

El documento incluye indicaciones sobre la visibilidad del precio final incluyendo todas las tasas, las facilidades para el pago, la posibilidad de utilizar un mismo lenguaje en todas las fases de la compra o la disponibilidad de ofertas y plazas gratuitas, entre otros puntos.

Esta lista es provisional, ya que la CE pretende elaborar una versión definitiva a partir de las aportaciones que realicen las compañías y los usuarios en las próximas semanas.

El comisario europeo de Transporte y vicepresidente de la CE, Antonio Tajani, declaró que Bruselas «cuenta con la cooperación de las aerolíneas para asegurar la protección de sus consumidores, lo que garantiza la calidad de los servicios y la competencia justa».

En mayo del 2009 la Comisión publicará un informe sobre la situación del sector, en el que se identificará públicamente a las compañías que incumplan los requisitos legales comunitarios.

El oficialismo, promotor de la expropiación y con mayoría propia en la Cámara Baja, da por descontado que el proyecto será aprobado hoy y enviado de inmediato al Senado, para que lo debata a mediados de este mes.

Las principales fuerzas de la oposición avalan la expropiación, pero no de las empresas en su conjunto, sino de sólo aquellos activos utilizables para que el Estado no se haga cargo del pesado pasivo de Aerolíneas, que está bajo intervención judicial desde el 21 de noviembre pasado.

El proyecto oficialista propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de «utilidad pública y sujetas a expropiación».

La declaración también alcanza al resto de las empresas controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5 %) y de los casi 9.000 trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada (0,59 %).

Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá «todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren» para «garantizar la continuidad y seguridad del servicio», señala el proyecto.

Apunta además que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas.

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de «utilidad pública» y que por él debe pagarse una indemnización que «sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación».

Según esta norma, una vez declarada la utilidad pública de un bien, quien lo expropia -en este caso el Estado nacional-, «podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación».

Precisamente, fue esta institución pública la que ya valuó Aerolíneas Argentinas y determinó que la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado no debería pagar nada o un «valor simbólico» de un peso.

Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

La Ley de Expropiaciones establece que «no habiendo avenencia respecto del valor de los bienes», la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.

En este caso, el proyecto que debatirá este miércoles la Cámara de Diputados establece que será la Procuración del Tesoro promoverá «el juicio de expropiación respectivo».

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace dos semanas debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un «valor simbólico».

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

Marsans ha advertido que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.

Con los datos de paro conocidos esta mañana, la tasa del 13% de desempleo está superada. Los 171.000 parados registrados en noviembre, cifra inferior a la de octubre, confirman la tesis de que la EPA del cuarto trimestre registrará los tres millones de parados, porcentaje que devuelve el trabajo, la falta de él, al primer plano de las preocupaciones sociales.

De las cifras conocidas esta mañana la más inquietante es la que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, el pasado noviembre se convierte en un mes negro para las cuentas de la Seguridad Social, la pérdida de 186.000 afiliados supone un boquete de ingresos para la parte final del año, que se convertirá en problema durante el próximo año. A lo largo del 2008 la Seguridad Social ha perdido 700 afiliados (de 19,4 millones a los 18,7 del pasado fin de semana), que traducido a ingresos por cuotas significará pérdidas del orden del 3%, lo cual supone otro tropiezo para las estimaciones de ingresos en los Presupuestos consolidados de las administraciones públicas.

El ajuste de empleo que impone esta crisis en el sistema productivo español es aterrador, no tiene comparación con lo que viene ocurriendo en otras economías, que incluso creciendo menos que la española mantienen sus niveles de empleo.

Si sobre algo merece la pena una comisión de encuesta y de trabajo a fondo en el Parlamento es sobre esta destrucción de empleo que no tiene precedentes, mucho más que sobre la naturaleza de una compañía rusa de petróleo que quiere invertir en España. El presidente del Gobierno debería pedir cita urgente en el Congreso y explicar qué piensa el Ejecutivo sobre la pésima evolución del empleo.

En Israel, generalmente, los niños judíos estudian en localidades hebreas y los árabes (es decir, los descendientes de los palestinos que se quedaron en el país tras su creación en 1948) en las suyas.

Esta dinámica sólo se rompe en una dirección. En ocasiones, los estudiantes árabes se inscriben en escuelas judías porque están mejor financiadas, son más prestigiosas y conocen la lengua (algo que rara vez sucede al revés).

Gesher al HaWadi (‘El puente sobre el valle’, en hebreo) es, desde su creación en 2003, el único de los cinco «colegios de la paz» de Israel ubicado en una localidad árabe, concretamente Kfar Qara, en la región de Wadi Ara, en el norte del país.

«Si no tenemos un equilibrio entre judíos y árabes para una clase, no la ofrecemos», subraya su codirector árabe, Hussam Abu Baker, acompañado de la otra corresponsable del centro, la judía Tal Kaufman.

Palomas de la paz, banderas israelíes y palestinas enlazadas, murales con palabras de tolerancia y respeto… las aulas de Gesher al HaWadi reflejan su filosofía fundacional, en el marco de la iniciativa «Hand in Hand». «Educamos a nuestros pequeños a no ser enemigos, aunque sin adoctrinamiento», subraya Abu Baker.

Cinco escuelas ‘mixtas’

«Hand in Hand» engloba cuatro de las cinco escuelas judeo-árabes: la citada en Kfar Qara, una en Jerusalén, otra en Misgav (Galilea) y una última en Beer Sheva, inaugurada el año pasado.

La restante, la pionera, está en Neve Shalom-Wahat As-Salam, una pequeña comunidad a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv donde conviven unas cincuenta familias israelíes, una mitad judías y la otra árabes.

Pese a sus diferencias, los cinco colegios comparten varios elementos y retos. Uno de ellos es la enseñanza de la historia de la zona no sólo con el épico relato sionista que recibe un millón de estudiantes israelíes, sino también desde la narrativa palestina, que define la fundación del Estado judío como una «catástrofe» (naqba).

Otra característica de estos centros es que los pupilos aprenden en las dos lenguas oficiales del país, árabe y hebreo, aunque los profesores suelen quejarse de la dificultad de luchar contra la prevalencia social del idioma de la mayoría.

«La religión pesa aún demasiado a la hora de jugar»

«Es difícil. Los niños judíos no necesitan el árabe, pero sí a la inversa. Por eso los niños judíos aprenden lento el árabe», admite el director de la escuela de Neve Shalom-Wahat As-Salam, Anwar Dawud. Y, aunque se entablan amistades con «el otro», los patios de recreo muestran que la lengua, la cultura y la religión pesan aún demasiado a la hora de jugar.

Por supuesto, las familias que allí envían sus hijos no responden a la media de Israel, donde el 68 por ciento de judíos teme una revuelta árabe y el 71 por ciento de estos últimos ser víctima de actos violentos por parte de judíos, según un estudio de la Universidad de Haifa difundido en marzo de 2007.

En el caso de los judíos se trata, sobre todo, de padres de izquierdas y clase media-alta, algunos de los cuales «no cuentan a los vecinos que sus hijos estudian aquí», reconoce Kaufman. Las familias árabes lo hacen atraídas por la mejor calidad de la educación.

En la resolución, propuesta por Estados Unidos, se celebra la decisión adoptada por la UE el pasado noviembre de combatir la piratería en ese país africano a través del envío de su primera misión naval a la zona el próximo 8 de noviembre.

Como parte de ese apoyo, lo quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU consideraron oportuno prolongar la autorización concedida para que otros países entren en aguas somalíes, siempre que lo comuniquen a sus autoridades previamente, y para que utilicen los medios que consideren necesarios para combatir la piratería.

La ONU había considerando internamente la posibilidad de enviar una misión de paz a Somalia para proteger el proceso de paz y facilitar la distribución de ayuda, pero el Consejo de Seguridad hasta el momento no se había pronunciado con claridad sobre si respalda el envío de fuerzas internacionales.

Sanciones aprobadas

Hace menos de dos semanas el Consejo de Seguridad de la ONU ya adoptó una resolución que imponía nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas a los piratas que actúan contra el comercio marítimo internacional desde las costas de Somalia. La resolución presentada por Reino Unido, y que también recibió el apoyo unánime de los quince miembros del órgano, reafirmaba igualmente el embargo de armas impuesto a Somalia desde 1992.

Con estas medidas, el órgano con mayor capacidad de decisión de Naciones Unidas busca reforzar el Gobierno de transición somalí y debilitar a los grupos armados que fomentan la inestabilidad en la que lleva sumida el país desde hace casi dos décadas.

Nuevo ataque

La aprobación de la resolución coincide con la noticia de que un crucero estadounidense con más de mil personas a bordo ha conseguido huir de un ataque de piratas en aguas cercanas a Somalia sin que se produjese ningún herido.

El director del Centro de Información sobre Piratería, Noel Choong, aseguró en Kuala Lumpur que se han producido más de 100 ataques de piratas en aguas somalíes durante 2008, 40 barcos fueron asaltados y 14 permanecen en manos de los piratas.

Somalia vive en un estado de anarquía y carece de un Gobierno eficaz desde que el dictador Mohamed Siad Barré fue derrocado en 1991 por diferentes clanes que luchan por el poder en el país, dirigido por un Ejecutivo provisional.

«Es posible que este martes o el miércoles en la reunión de ministros de Exteriores se tome oficialmente la decisión de descongelar la labor del Consejo OTAN-Rusia a nivel de embajadores, por lo menos esa es la información que recibimos de la Alianza», apuntó.

El cargo de representante militar ante la OTAN ha estado vacante desde julio, cuando el vicealmirante Valentín Kuznetsov regresó a Moscú.

Tras la guerra en Osetia del Sur (8-12 de agosto), Rusia suspendió la cooperación militar con la Alianza, a la que acusó de «seguir anclada en la Guerra Fría» por apoyar a Georgia en el conflicto por el control de la separatista Osetia del Sur. En cambio, añadió la fuente castrense, «ahora las cosas han cambiado, en la Alianza han comprendido que el diálogo y la cooperación la necesitan no sólo Moscú, sino también ella (la OTAN), e incluso en mayor medida».

Viejas estructuras

Recientemente, el embajador ruso ante la Alianza Atlántica, Dmitri Rogozin, afirmó que el Consejo OTAN-Rusia era una estructura «anticuada», que no podría allanar el camino para la cooperación entre rusos y aliados en materia de seguridad. Y se negó a acudir en noviembre a Valencia para asistir a la 54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN porque había invitado a intervenir en la reunión al líder georgiano, Mijaíl Saakashvili.

A su vez, el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, criticó duramente los planes rusos de desplegar cohetes tácticos Iskander en el enclave báltico de Kaliningrado, pero negó que la Alianza vaya a tomar medidas de respuesta. Además, consideró inaceptable el despliegue ruso de tropas regulares en las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.

En cuestión de meses, Rusia restableció los contactos comerciales con las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, presionó a la OTAN para que no aceptara a Tiflis en su seno y movilizó a sus tropas en el Cáucaso. A finales de julio, se produjeron los primeros choques en la línea de separación entre Osetia y el resto del territorio georgiano administrado por Tiflis donde se encontraban desplegados varios centenares de soldados rusos.

En la noche del 7 al 8 agosto comenzaron formalmente las hostilidades, y en una ofensiva relámpago las tropas georgianas se hicieron con el control de casi toda Osetia del Sur, incluida la capital, Tsjinvali.

Varias columnas de blindados rusos del Ejército 58 del Cáucaso Norte, al acecho desde hacía varias semanas, no tardaron más que unas horas en cruzar la frontera a través del túnel de Rog en defensa de sus conciudadanos (la mayoría de osetas tienen pasaporte ruso).

La operación de «imposición de la paz», como la definió el presidente ruso, Dmitri Medvédev, desembocó en una guerra abierta en los alrededores de Tsjinvali, que quedó prácticamente en ruinas tras tres días de cruentos combates.

Las tropas rusas, mucho más numerosas y mejor equipadas, comenzaron a bombardear sin discreción las posiciones de las unidades georgianas, que se batieron en retirada y anunciaron el cese de las hostilidades el 10 de agosto. Entonces, Rusia aprovechó el repliegue enemigo para invadir el territorio georgiano limítrofe con Osetia y Abjasia y bombardear las infraestructuras civiles y militares georgianas del norte y oeste del país.

Moscú hizo oídos sordos a las críticas de «uso desproporcionado» de la fuerza y acusó a Occidente, en particular, a Estados Unidos de envalentonar y armar al líder georgiano, Mijaíl Saakashvili. La intervención de la Presidencia francesa de la Unión Europea permitió frenar el conflicto el 12 de agosto con la firma de un acuerdo de alto el fuego y retirada de tropas suscrito por Medvédev y el líder galo Nicolas Sarkozy en el Kremlin.

A partir de ese momento, Rusia se sintió cargada de razón para reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, establecer con ellas relaciones diplomáticas y firmar acuerdos de asistencia en caso de agresión exterior, similares a los que la URSS suscribía antiguamente con los países miembros del Pacto de Varsovia.

El inicio de la retirada

Rusia retiró sus unidades militares de Georgia el 10 de octubre, pero al día siguiente ya comenzó a desplegar tropas regulares en Abjasia y Osetia, que podrían convertirse en meros protectorados militares de Moscú. En las semanas siguientes, Moscú utilizó el argumento de la agresión militar georgiana contra Osetia para criticar la política de seguridad estadounidense, oponerse a la ampliación de la OTAN a su patio trasero y declarar «muerto» el Euroatlantismo.

Como alternativa, Medvédev propuso la firma de un nuevo acuerdo de seguridad europea que ponga fin a la política de bloques, iniciativa que ha sido respaldada por Sarkozy y otros dirigentes europeos. El desafío ruso a Occidente en materia de seguridad no se ha quedado ahí, ya que en su primer discurso sobre el estado de la nación el nuevo líder ruso anunció el despliegue de cohetes tácticos Iskander en el enclave báltico de Kaliningrado.

Esta era la respuesta rusa a los planes de Estados Unidos de desplegar elementos de su escudo antimisiles en Polonia (misiles interceptores) y República Checa (estación de radar), que Moscú considera una «amenaza directa» para su seguridad. En un mensaje para navegantes, Medvédev hizo coincidir ese anuncio con la elección de Barack Obama como nuevo presidente norteamericano el 5 de noviembre.

Además, el Kremlin devolvió a EEUU la moneda de su interferencia en el Cáucaso con las primeras maniobras navales entre Rusia y Venezuela en el Caribe, tradicional zona de influencia norteamericana. Por su parte, los Veintisiete suspendieron en septiembre las conversaciones para la firma de un nuevo acuerdo marco UE-Rusia, pero a principios de noviembre levantaron el castigo, pese a la abierta oposición de algunos de sus miembros.

La apertura con hueco de continuidad bajista, nos llevó a marcar el mínimo en 8.293. Dicen que los que dieron la señal para iniciar «la cacería de gangas» fueron fondos ingleses, el caso es que recuperamos los 8.510, para seguir subiendo con fuerza y acabar cerrando en la cresta de la ola en los 8.834. Buen cierre, por estar situados en lo más alto de la sesión, y por haber sido capaces de reconvertir las resistencias de hoy en los soportes para mañana, confiando en que aguanten sin perderse.

En el lado de las mayores subidas……..

Volando voy, volando vengo. Ha recogido muy bien la incorporación de los australianos al holding volador. La recomendación es la de MANTENER mientras siga cerrando por encima de la zona de los 1,70 para los medioplacistas, los inquietos la pérdida de los 1,90 o la no superación de los 2,30 euros, suponiendo que llegase a tocarlos durante las próximas sesiones.

Sigue con sus impresionantes movimientos no aptos para cardíacos. La recomendación es la de MANTENER mientras siga cerrando por encima de la zona de los 12,70 para los medioplacistas, los inquietos la pérdida de los 13,10 o la no superación de los 16,10 euros.

Sirve el mismo comentario que para Gamesa, sobre todo si nos fijamos que alguien compro y alguien vendió poco después de la apertura a 9,98. La recomendación es la de MANTENER mientras siga cerrando por encima de la zona de los 10,20 para los medioplacistas, los inquietos la pérdida de los 10,60 o la no superación de los 1,50 euros.

En el lado bajista…………………………

Volvió a coquetear con su zona de soporte en torno a los 5,60 euros, desde la que afortunadamente rebotó con fuerza. La recomendación es la de LIQUIDEZ salvo recuperación de la zona de los 6,10 euros.

Sigue muy castigada, a pesar de reaccionar normalmente bastante bien a las bajadas de tipos de interés. La recomendación es la de LIQUIDEZ salvo recuperación de la zona de los 6,10 euros.

No termina de levantar cabeza, consiguiendo hoy el nada deseado título de farolillo rojo de la sesión. La recomendación es la de LIQUIDEZ salvo recuperación de la zona de los 6,80 euros.

Muchas gracias y mucha suerte

AVISO LEGAL: Este comentario no supone una incitación a la compra venta de acciones, son simples referencias para que cada inversor tome sus propias decisiones de inversión en función de su perfil de riesgo.

[email protected]

Precisamente la apertura alcista de Wall Street ayudó a consolidar las ganancias en Europa. Así, los mercados neoyorquinos comenzaron a recuperarse del batacazo sufrido ayer gracias a las financieras y las automovilísticas ante los esfuerzos de las autoridades por evitar que la inminente recesión sea aún más profunda.

En cuanto a la banca, parece que las acciones de Citigroup responden de manera favorable a los esfuerzos de los bancos centrales mundiales por evitar que la crisis financiera provoque una recesión mundial. Precisamente a los esfuerzos de la FED ayer se unió en Banco de Japón y el banco de la Reserva de Australia. Precisamente la institución nipona anunció que comenzará a aceptar como colateral en sus subastas bonos con calificación de Triple B. Mientras, el Banco de Asutralia ha llevado a cabo un recorte de tipo más pronunciado de lo esperado.

En el sector automovilístico, ayer se conocerán las ventas mensuales de las automovilísticas, mientras las compañías del sector ultiman los informes que presentarán al Congreso para convencer a los reguladores de la necesidad de un plan de rescate.

En España, parece que las cifras de paro pasaron casi inadvertidas para los inversores. En concreto, el número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo subió en 171.243 personas en noviembre, su octavo incremento mensual consecutivo y un 6,08% más que en octubre, con lo que la cifra total de desempleados roza ya la barrera de los tres millones, al situarse en 2.989.269 personas, dato que no se alcanzaba desde febrero de 1996, cuando el total de parados superó los 2,99 millones, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Por su parte, los grandes valores también impulsaron los avances del indicador. En concreto, el Santander subió un 6,50%, mientras BBVA avanzó un 6,30%. Iberdrola, por su parte, sumó un 5,40%, Repsol se apuntó un 2,66% y Telefónica ganó un 2%.

En cuanto al resto de valores, Iberia capitaneó las ganancias al subir un 9,47%. Gamesa, por su parte, avanzó un 8,93% mientras Acerinox su apuntó un 8,37%.

En el lado opuesto, sólo tres compañías finalizaron la sesión a la baja. En concreto, Bankinter perdió un 1,50% mientras Banco Popular y Cintra cedieron un 0,17%.

En Europa, el Dax subió un 3,12% mientras el Cac avanzó un 2,35% y el Footsie se apuntó un 1,41%.

El Comité de Competición al tener en cuenta que los mismos pudieran ser constitutivos de infracción penal acordó trasladar los antecedentes de que dispone al Ministerio Fiscal, a los efectos que procedan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y artículo 34.1 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva.

El ex jugador del Tenerife Jesús Mora ‘Jesuli’, en conversación con el presidente de la Real Sociedad, confesó haber cobrado unos 6.000 euros de prima por dejarse ganar en el partido contra el Málaga que cerró la temporada pasada.

Como consecuencia de tal declaración el club andaluz le dio un plazo de 24 horas para que rectificase o, en caso contrario, se iba a querellar contra él.

Posteriormente Jesuli, a través de un comunicado, negó que él y la plantilla del Tenerife «recibieran cantidades económicas alguna para ganar o perder» en el encuentro que enfrentó al Málaga y al Tenerife el 15 de junio de 2008 y por el que el club malagueño subió a Primera División.

En el citado documento, Jesuli argumentó que él se encontraba en Sevilla cuando se celebró el mencionado partido recuperándose de una fractura nasal, por lo que «es absurdo entender que un jugador que no podía participar en tal encuentro va a percibir cantidades alguna por el devenir del mismo».

La ONG Oxfam propone financiar este proceso de adaptación con los beneficios derivados de la compra-venta de derechos de emisiones a partir de 2012.

«Ayudar a los más vulnerables a luchar contra los efectos del cambio climático es una necesidad innegable puesto que ya están haciendo frente a las cada vez más graves consecuencias del fenómeno», afirmó Heather Coleman, autora del informe Convertir el carbono en oro.

Oxfam propone que se subaste el 7,5 por ciento de esos derechos, en lugar de entregarlos gratuitamente a los países, con lo que, según sus cálculos, se generarían más de 50.000 millones de dólares al año para 2015. «Con la propagación de una crisis económica mundial, esos mecanismos contribuirían a obtener suficiente dinero de los países más contaminantes, sin tener que recurrir a las haciendas públicas», afirmó.

Para Oxfam, con estos mecanismos se garantizaría que los países con emisiones más elevadas y los medios económicos necesarios se asuma la mayor parte de las obligaciones para asistir a los Estados en vías de desarrollo.

«Los países negociadores están de acuerdo en que ésta es una de las soluciones más prácticas, ya que se pueden generar e invertir miles de millones de dólares para evitar la progresión del cambio climático y para ayudar a los más pobres a adaptarse a las negativas consecuencias del calentamiento global», indicó.

La Convención Marco de Naciones Unidas

En su opinión, ese dinero podría invertirse en un nuevo mecanismo multilateral para financiar la adaptación en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Mecanismos de financiación adicionales en los sectores del transporte marítimo y aéreo podrían generar otros 28.000 millones de dólares (16.600 y 12.000 millones de dólares anuales, respectivamente), únicamente en los países ricos, defiende Oxfam.

Ésta es una de las cuestiones que se debate en la decimocuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Poznan, que comenzó este lunes y en la que durante las próximas dos semanas se discutirá sobre el futuro del planeta.

El encuentro de Polonia es fundamental para consensuar una hoja de ruta que el próximo año permita sellar en Copenhague un protocolo de reducción de emisiones pos-Kioto que entre en vigor después de 2012.