La operación de entrada de la petrolera rusa en Repsol ha cambiado los papeles que, teóricamente, deben jugar el POSE y los PP. Intervencionismo y liberalismo con distintos actores a los que asignar los guiones.
La legislación de inversiones extranjeras, Ley 18/1992, adapta la Directiva de la CEE de 1988 y sólo incluye como sectores estratégicos para no residentes en la Unión Europea el juego, las actividades relacionadas con la defensa nacional, la radio, la televisión y el transporte aéreo. Jurídicamente, el Gobierno no tiene potestad administrativa para impedir o condicionar la operación, más allá de la aplicación de la Ley de Opas, cuya vigilancia corresponde a la CNMV, si la adquisición alcanza el 30% de las acciones o determina el control de la gestión.
Cuestión distinta es la financiación, vía ICO, de la adquisición previa por Sacyr, sin que el Instituto hubiese tomado los controles adecuados para la enajenación del paquete accionarial mientras no se cancela el préstamo. La financiación con recursos públicos, el ICO se financia por la Ley de Presupuestos y se autoriza el montante máximo de avales, sí es materia para una Comisión de Investigación, aunque sea a toro pasado, visto el derrotero que ha tomado la posición de Sacyr.
Rajoy se ha equivocado al pedir una Comisión sobre Lukoil, que, además, probablemente, reciba una calificación negativa por la Mesa del Congreso, ya que carece de competencia sobre sociedades no nacionales y su equipo director no tiene ninguna obligación de comparecer. Esfuerzo vano y baldío.
Zapatero, por su parte, ha salido vivo del debate en la Cámara, proclamando que España es una economía abierta, y el PP ha errado el tiro una vez más, incapaz de ofrecer un discurso coherente y que defina un marco de intervención legal en las inversiones extranjeras. Rajoy podría haber propuesto una reforma legal que limitase las compras de participaciones significativas por sociedades públicas o participadas por Estados, basándose en un principio de reciprocidad en la Unión Europea y un control estratégico en el caso de Estados que no pertenezcan a la Europa de los 27. Una nueva oportunidad perdida y una debilidad en el discurso político, para el que se utilizan expresiones vacías como «operación inmoral». Zapatero se ha permitido decirle que le ha fallado incluso la ironía con que se luce en la tribuna.
En un momento en el que la crisis económica ha reabierto el debate, liberalismo–intervencionismo, el PP tiene la obligación y la necesidad de fijar una posición ideológica. Todos los días en la política hay que intentar decir lo mismo, y en los grandes asuntos de Estado hay que venir con más bagaje que si se estuviese en el aperitivo de un casino de provincias departiendo con el recordado Paco Martínez Soria.
En la Unión Europea la respuesta a la crisis está trastocando estructuras constitutivas, como la defensa de la competencia, la interdicción de las ayudas públicas o el control del déficit público. Un cambio de esquemas que exige prudencia, transparencia y eficacia y que centra la estrategia en los Estados, lo que es significativamente aplicable a España, en la que se ha producido y se sigue intentando una jibarización de la visibilidad y de los poderes del Estado por los nacionalistas y las Comunidades Autónomas. La vicepresidenta, Fernández de la Vega, ha reclamado un Estado fuerte frente a la crisis, adelantando por la derecha a Rajoy, mientras Zapatero, por la izquierda, le ponía encima de la mesa del Congreso los 20.000 trabajadores de Sacyr.
Las encuestas en plena tormenta siguen sin responder a lo que debería esperarse del principal partido de la oposición y sitúan a Rajoy, en valoración personal, al nivel de Bibiana Aído, con una nota de un 4. Algo se debe de estar haciendo mal cuando el PP no despega y el liderazgo de Rajoy está a la altura de los termómetros invernales. Alguno tiene que estar equivocándose. Y por mucho que molesten las apariciones de Aznar, con pelo largo o con pelo corto, que cada uno se lo corta cuando le parece, su intervención recoge la apreciación de muchos ciudadanos en la calle, como se refleja en las encuestas.
Cada uno puede formular la teoría de la conspiración que le parezca, si le reconforta, o hacer admoniciones y exorcismos de centrismo y liberalismo, pero la política es un trabajo en el que hay una cierta crueldad, pues día a día se confronta con la opinión pública. Si un líder no convence a los propios, ni a los empresarios ni a los trabajadores, se le podrá atribuir en un ejercicio de ensoñación las virtudes de Ghandi y las de Jhon F. Kennedy juntos, pero parece difícil que pueda ganar unas elecciones.
Ignacio del Río