durante su comparecencia a petición propia ante el Pleno del Congreso, añadió que 8.000 millones irán destinados a un Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el Ámbito Local con el que se pretende crear 200.000 puestos de trabajo y que estará destinado a obras de nueva planificación y ejecución inmediata que sean de competencia local.

Además, se destinarán 800 millones al sector del automóvil, 600 millones a actuaciones medio ambientales, 500 millones a I+D+i, 400 millones a rehabilitación de casas-cuartel y comisarías, 120 millones a rehabilitación de viviendas, 30 millones más serán para incentivar el turismo social y 400 millones para transferencias a las comunidades autónomas con el objetivo de mejorar su financiación del sistema de dependencia.

Con estas partidas económicas, el Ejecutivo pondrá en marcha varias medidas dirigidas a incrementar la cooperación del Estado con los ayuntamientos, a aumentar la inversión pública en el ámbito local, a actividades de I+D+i, a rehabilitación, a mejora de instalaciones vinculadas con la seguridad pública y a actuaciones medioambientales.

También se adoptarán medidas destinadas a reactivar el sector de la automoción, así como a mejorar la financiación de las comunidades autónomas destinada a mejorar sus sistemas de atención a la dependencia y de turismo social.

El presidente subrayó que el objetivo del Fondo de Inversión Pública es movilizar trabajadores y recursos que, previsiblemente, procederán de los excedentes a que ha dado lugar el ajuste «tan brusco» en el sector de la construcción.

El Fondo, según Zapatero, supondrá un impulso de primer orden a la inversión municipal y a mejorar las dotaciones de capital, en un momento en el que las entidades locales tienen un menor margen de actuación en este terreno.

Para que este Fondo sea efectivo se instrumentará un procedimiento de urgencia para la aprobación de la financiación, la licitación y el inicio de la ejecución de los proyectos.

Así, los ayuntamientos con proyectos financiables podrán iniciar las obras el 11 de enero de 2009, y nunca más tarde del 13 de abril del próximo año.

El presidente del Gobierno incidió en que la correcta aplicación de estos fondos estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.

Además, Zapatero destacó el esfuerzo particular sobre el sector del automóvil, al que destinará 800 millones de euros, un sector que, recordó, emplea a más de 300.000 personas y es el «principal pulmón» exportador del país.

Según el presidente del Gobierno, se está diseñando un plan integral de automoción, que se negociará con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales y que se articulará en torno a dos objetivos.

Para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo, el Ejecutivo propondrá medidas que reduzcan los costes del empleo en el sector y que respondan a las necesidades de financiación específicas al sector.

Además, se introducirán medidas para incentivar la formación de los trabajadores, aumentar la productividad, impulsar la innovación, en concreto el desarrollo del coche eléctrico, y mejorar las infraestructuras y servicios logísticos, especialmente el transporte por ferrocarril.

Zapatero subrayó que el éxito de estas propuestas para frenar la crisis no dependerá sólo del acierto del Gobierno, sino también del sentido de responsabilidad con que instituciones financieras, empresarios, trabajadores y sindicatos, afronten sus decisiones en los próximos meses.

Más recursos en la próxima subasta

Por otra parte, el presidente del Gobierno se mostró convencido de que las entidades financieras demanden más recursos en la segunda subasta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que se celebrará el próximo 11 de diciembre. Así Zapatero valoró que las medidas de apoyo al sistema financiero, tanto la creación del fondo para adquirir activos como la concesión de avales del Estado a la deuda nueva, «ya están funcionando».

El jefe del Ejecutivo recordó además que esta semana se puso en marcha el sistema de concesión de hasta 100.000 millones de avales del Estado este año a las operaciones de financiación nuevas de las entidades de crédito residentes en España.

Gracias a esta fórmula, las entidades financieras podrán reforzar las garantías de sus nuevas emisiones de deuda, siempre que lo soliciten antes del 3 de diciembre.

Constitución de una mesa de trabajo

Por otro lado, el jefe del Gobierno,anunció también su intención de constituir en quince días una mesa de trabajo con otros grupos políticos y, en especial, con el PP para consensuar las medidas de modernización del sistema productivo que deben ayudar al país a salir de la crisis.

En su comparecencia extraordinaria en el pleno del Congreso, Zapatero explicó que ese es el compromiso que adquirió con el líder del PP, Mariano Rajoy: «tratar, y a ser posible consensuar», las iniciativas necesarias. Sobre la mesa estará las reformas en el sector servicios y en áreas como el transporte, la energía y las telecomunicaciones, así como la reducción de cargas administrativas.

Zapatero confía en que, al igual que el Gobierno está articulando sus medidas con la Unión Europea, el plan global se enriquezca con actuaciones complementarias de las demás administraciones, en particular de las comunidades autónomas.

Destacó en este contexto la necesidad de iniciativas coordinadas en el ámbito de la educación, la formación laboral y las infraestructuras.

«Europa tendría que hacer un plan básico de intervención en mercados y bancos, pero gobiernos como el francés y el alemán no se ponen de acuerdo», ha agregado.

De la Dehesa señaló también que en España, tras casi 15 años de crecimiento continuado, lo lógico es que cambiara el ciclo y llegara la recesión, aunque la situación se ha complicado en este caso por efecto de la burbuja inmobiliaria.

«Durante estos años el crecimiento se ha soportado en el incremento de la demanda interna, tanto en la vertiente de inversión como de consumo, aunque curiosamente la productividad no ha aumentado e incluso en algunos años ha descendido», ha indicado.

Considera que España «no va por buen camino» y «tiene que hacer algo en productividad en los próximos años».

No obstante, aseveró que el bajo nivel de endeudamiento público español ofrece posibilidades amplias de maniobra y de margen para tomar medidas que permitan superar la situación.

Aseguró que el País Vasco lo va a pasar menos mal que en otras partes, «debido a que tiene un sector público poderoso, unas finanzas muy sanas y un sector privado, que aunque dependiente del exterior, tiene un gran potencial».

«Además, la construcción no se ha desbordado como en otras zonas», añadió.

En cambio, impone una retención a cuenta del 18% a los dividendos pagados a los fondos de pensiones establecidos en otro lugar de la UE o en los países del Espacio Económico Europeo, que también incluye a Islandia, Noruega y Liechtenstein.

En Portugal, mientras los dividendos de los fondos nacionales están exentos de tributación, los recibidos por los fondos de pensiones extranjeros están sometidos a una retención a cuenta del 25%.

Según la Comisión, la mayor presión fiscal a los dividendos de los fondos de pensiones extranjeros disuade a estos fondos de invertir en España y Portugal.

Al mismo tiempo, las empresas establecidas en estos países pueden encontrar dificultades para atraer capital de fondos de pensiones extranjeros debido a esta diferencia de régimen fiscal.

Por otra parte, Bruselas ha enviado a España y a Portugal un dictamen motivado, el paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia, por penalizar fiscalmente a las compañías que cambian su residencia o transfieren parte de sus activos a otro Estado miembro.

La Comisión cree que aplicar impuestos «de salida» a estas empresas vulnera el principio de libertad de establecimiento recogido en el Tratado de la UE.

En caso de que los dos países no respondan satisfactoriamente en el plazo de dos meses a la Comisión, ésta podrá denunciarlos ante el Tribunal de Justicia.

Según la legislación española, cuando una compañía establecida en España se traslada a otro Estado miembro o transfiere parte de sus activos, debe incorporar sus ganancias de capital no ejecutadas a la base impositiva de ese ejercicio fiscal, mientras que las derivadas de transacciones nacionales no se incluyen en la base.

Además, la Comisión Europea ha enviado otro un dictamen motivado a España para pedirle que modifique las normas sobre contratos en el sector público por considerar que infringen los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.

Si el Gobierno no responde satisfactoriamente en un plazo de dos meses, la CE podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, aclaró la CE en un comunicado.

Bruselas considera que la nueva ley de contratos del sector público que regula la modificación de los mismos con posterioridad a su adjudicación no se ajusta a la normativa comunitaria.

En concreto, el Ejecutivo comunitario señala que el régimen de modificación español «no está en consonancia con los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia derivados de la directiva comunitaria sobre contratos públicos.

La norma española concede a los órganos de contratación «un amplio poder» para modificar condiciones esenciales de los contratos, sin que las condiciones para dicha modificación hayan sido previstas de manera «clara, precisa e inequívoca» en el documento.

Además, España permite al órgano de contratación recurrir a procedimientos negociados sin publicación en circunstancias distintas de las establecidas en el derecho comunitario, explicó Bruselas.

Los préstamos que se revisen en diciembre, a los que se aplica la tasa del mes completo anterior, en este caso noviembre, experimentarán reducciones en su cuota de aproximadamente 45 euros al mes o más de 500 euros al año.

El indicador terminará noviembre previsiblemente casi un punto por debajo de la tasa mensual con la que cerró octubre (5,248%) y será 0,3 puntos inferior a la media registrada en el mismo mes del 2007, cuando se situó en el 4,607%.

El euribor ha bajado 0,887 puntos desde que comenzó el mes de noviembre, y acumula un recorte de 1,511 puntos desde el pasado 10 de octubre, tras la rebaja de tipos de interés aplicada por los principales bancos centrales. De esta forma, el indicador se aproxima paulatinamente a los tipos oficiales de interés, que tras el último descenso se sitúan en el 3,25%.

El euribor a tres meses, la tasa que utilizan los bancos para realizar sus operaciones, también descendió ayer hasta el 3,879%, frente a la tasa anterior del 3,901%.

Los analistas apuestan por que el Banco Central Europeo aplicará el próximo día 4 de diciembre un recorte de tipos de medio punto, situando los tipos de interés en el 2,75% y prevén nuevos recortes en los primeros meses del 2009.

ArcelorMittal añadió en el comunicado que los procesos se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y «de conformidad con las consideraciones sociales pertinentes en los diferentes países afectados».

Esta iniciativa persigue contribuir al objetivo del principal grupo siderúrgico del mundo de reducir en unos 770 millones de euros sus gastos «comerciales, generales y de administración» para hacer frente a la crisis económica mundial.

El programa se orienta principalmente a empleados de áreas no directamente vinculadas con la producción y, en particular, al personal de «departamentos de estructura» en todo el mundo, añadió la siderúrgica.

Para el vicepresidente ejecutivo y responsable de Recursos Humanos de la compañía, Bernard Fontana, se trata de una decisión «muy difícil para la compañía», porque todos los empleados «son extremadamente importantes para nosotros», según la nota.

«Desgraciadamente, la realidad económica mundial indica que la adopción de estas medidas es un paso razonable», apuntó Fontana, que aseguró que la prioridad del grupo se centra ahora en explicar a sus interlocutores los motivos de esta decisión. Fontana agradeció a todos los empleados su profesionalidad y dedicación y subrayó que todos «han desempeñado un papel importante en la consolidación de ArcelorMittal».

Aviación civil italiana aseguró que, hasta que no se produzca el traspaso entre Alitalia y la CAI, la aerolínea italiana continuará ofreciendo sus servicios.

«Para que se pueda producir el arranque de la CAI aún se están ultimando algunos aspectos administrativos y técnicos. Por lo que respecta a las licencias de transporte de pasajeros y el certificado de operador aéreo, las gestiones del ENAC han terminado», explicó la nota.

«Pero la emisión (del certificado de operador aéreo) -prosigue-, sólo llegará con la evidencia definitiva de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la operación».

El ENAC informó además de que, para que comience a operar la nueva aerolínea, debe además concluirse la entrega de la documentación relativa al traspaso de la propiedad de los aviones entre la vieja y la nueva compañía.

«El ENAC está en contacto con las instituciones internacionales que siguen el transporte aéreo y con todas las otras autoridades de la aviación civil para actualizar continuamente los términos del cese de la actividad de Alitalia y del arranque de la nueva compañía», concluyó el comunicado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Antimonopolio italiana, Antonio Catricalà, anunció ayer que se completará el dossier de Alitalia a principios de la semana que viene.

El anuncio del ENAC de este jueves parece prolongar la agonía de Alitalia, que el miércoles redujo sus vuelos nacionales e internacionales para asegurar la operatividad de los servicios de la compañía hasta que se concluya el traspaso a la nueva aerolínea.

La CAI, formada por un grupo de 20 empresarios italianos, presentó una oferta por la salvación de Alitalia que fue aceptada la semana pasada por la aerolínea, pero que ha provocado las protestas de pilotos y auxiliares de vuelo -incluida una huelga de celo-, por los términos que plantea.

El importe de la ampliación aprobado el pasado 7 de febrero por Afirma, compañía surgida tras la fusión de Actroc Mediterráneo con Rayet Promoción y Landscape, se fijo en 842 millones de euros.

Ese importe incluye la capitalización de préstamos por valor de 431 millones de euros y la ampliación dineraria de 411 millones.

El presidente de Afirma, Félix Abánades, ha declarado en su intervención en la asamblea que los recursos obtenidos con esa ampliación de capital permitirán «aprovechar nuevas oportunidades tanto en la compra de activos como en la participación, de forma decidida, en el proceso de consolidación que, sin duda, se abrirá en los próximos meses en el sector inmobiliario».

Abánades ha pedido además «la rápida puesta en marcha de las medidas de impulso a la actividad económica aprobadas recientemente» ya que, en su opinión, «es perentorio que los bancos recuperen la liquidez y que ésta se traslade a las empresas con el fin de recuperar cuanto antes la actividad normal de la economía».

Forster asegura en la carta, según Auto motor und sport, que la empresa debe reducir el horario de trabajo, bajar los costes salariales y aplicar otras iniciativas para disminuir los costes.

El responsable de General Motors en Europa quiere conseguirlo sin recortar personal y aseguró que «intentaremos lograr nuestros objetivos de costes estructurales con otras medidas».

Forster advirtió de recortes ulteriores en caso de que empeore la situación en el mercado automovilístico europeo y bajen más las ventas.

Añadió que la crisis de Opel no tiene que ver con los problemas de la casa matriz en EEUU, asegurando que «esto no tiene que ver con los esfuerzos de asegurar liquidez o con la situación en EEUU.

GM ha consolidado el negocio en Norteamérica más de un 30 %, incluida la reducción de 10.000 empleos», dijo Forster.

Así lo ha revelado ayer el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien ha explicado que esta iniciativa permitirá sostener una industria de gran importancia para la comunidad, no solo por los miles de empleos directos que genera la factoría sino también por los de las industrias auxiliares que abastecen a la planta.

El Gobierno aragonés aprobará el próximo martes el proyecto de ley por el que se autorizará al Departamento de Economía la firma del aval, que posteriormente deberá ser refrendado por el parlamento autonómico, ha añadido el presidente.

La multinacional automovilística norteamericana ha reconocido que tiene una falta de liquidez de 750 millones de dólares (595 millones de euros) para sus plantas de producción en Europa.

Por otro lado, el fabricante automovilístico estadounidense quiere reducir los costes laborales en Alemania un 10%, para lo que prevé medidas agresivas, según la revista especializada Auto motor und sport.

El director de GM en Europa, Carl-Peter Forster, informó en una carta interna a los empleados en Alemania acerca de dicho recorte de los costes laborales. Forster asegura en la carta, según Auto motor und sport, que la empresa debe reducir el horario de trabajo, bajar los costes salariales y aplicar otras iniciativas para disminuir los costes.

El responsable de General Motors en Europa quiere conseguirlo sin recortar personal y aseguró que «intentaremos lograr nuestros objetivos de costes estructurales con otras medidas».

Forster advirtió de recortes ulteriores en caso de que empeore la situación en el mercado automovilístico europeo y bajen más las ventas. Añadió que la crisis de Opel no tiene que ver con los problemas de la casa matriz en EEUU.

«Esto no tiene que ver con los esfuerzos de asegurar liquidez o con la situación en EEUU. GM ha consolidado el negocio en Norteamérica más de un 30%, incluida la reducción de 10.000 empleos», dijo Forster.

En estos momentos Microsoft cuenta con ocho centro de innovación, creados todos ellos con el soporte de los diversos gobiernos regionales. Estos centros buscan dar salida a las ideas innovadoras de aquellos inversores que buscan dar un paso adelante, además de introducir cambios tecnológicos en las ya existentes.

Centros con objetivos específicos que intentan dar salida al bajo nivel de software y a la escasa especialización que existe ahora mismo en España.

Y es que el director del Área de la Sociedad de la Información de Microsoft Ibérica, Santiago Lorente, recordó que el pasado ejercicio, la corporación invirtió 8.500 millones de dólares (cerca de 6.000 millones de euros) en I+D, mientras que el conjunto de España se quedó en 11.815 millones de euros, el equivalente al 1,1% del PIB.

Aunque en los últimos tiempos el desarrollo de nuevas aplicaciones en Microsoft se está enfocando hacia las nuevas aplicaciones de internet, orientadas a facilitar el trabajo y la interconexión.

En este sentido, Microsoft presentó ayer mismo su programa Bizspark, con el que quiere apoyar a las empresas tecnológicas de nueva creación, proporcionándoles de forma gratuita el soporte tecnológico necesario para poder desarrollar su actividad.

La multinacional ofrecerá software y contactos a 720 nuevas empresas en España en tres años, lo que, según cálculos de Microsoft, permitirá a cada emprendedor ahorrar entre 30.000 y 40.000 euros en concepto de licencias de productos Microsoft.

Cambio de la cultura

Pero en este asunto, el objetivo de la compañía, según el director del centro de productividad de Manresa, Albert Esplugas, es, precisamente, incrementar la productividad de las empresas en sus relaciones diarias de trabajo.

Una tarea que requiere, ante todo, un cambio en la cultura del trabajo que tiene a día de hoy España, y que pasa por varios elementos: el aprovechamiento del tiempo, con la eliminación de todo aquello que elimine tiempo tonto, la maximización del impacto del trabajo realizado, la alineación dentro de la empresa, buscar siempre lo más acertado, y la medición adecuada de las personas por objetivos y no por tiempo empleado para ello.

Una vez concienciados de esto, Microsoft apuesta por la integración de todas las labores comunicativas y organizativas en plataformas únicas, con las que, a largo plazo, es posible incrementar efectivamente esa productividad. Para ello, hay que partir de la base de que el correo electrónico «sólo hay que revisarlo tres veces al día».

Así, Esplugas apuesta por «crear comunicaciones adecuadas, espacios de colaboración, aprovechar la conectividad móvil y abogar por la transparencia» dentro del propio entorno empresarial. Un entorno abierto, utilizado dede hace varios años por la multinacional, que ha hecho de la flexibilidad seña de bandera.

La comunicación es para Microsoft uno de los ejes principales para el incremento de la productividad de una empresa. Por ello, han desarrollado, y ofrecen a las pymes empresas de soporte, que integran todas las comunicaciones necesarias dentro y fuera de la oficina. El llamado Live Mesh es un sistema híbrido de comunicación, con cierta externalización.

Sin embargo, desde Microsoft son conscientes de la dificultad de introducir cambios en el seno de estas empresas. Por ello, creen necesario «concienciar al empresario en el uso de estas nuevas interfaces.

Para el día 2, los sindicatos han convocado paros de dos horas en los tres turnos de trabajo con el objetivo de que todos los empleados puedan participar en la campaña de donación de sangre que se desarrollará en la factoría de la Zona Franca.

Los trabajadores esperan alcanzar la cifra de 1.680 donaciones, el mismo número de personas que prevé despedir la dirección de la multinacional japonesa en los cuatro centros de trabajo que posee en la provincia de Barcelona.

Los operarios del turno de mañana pararán de 09.00 a 11.00 horas y los de tarde de 16.00 a 18.00 horas, mientras que los que trabajan de 08.00 a 17.00 horas interrumpirán su actividad de 11.00 a 13.00 horas.

Al día siguiente, el miércoles día 3, los trabajadores volverán a salir a la calle por el centro de Barcelona para exigir la retirada del ERE que amenaza a cerca del 40% de la plantilla.

En esta ocasión, los operarios partirán sobre las 14.00 horas de la plaza Urquinaona y se dirigirán a pie hasta Pla de Palau, frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Para que puedan participar todos los empleados en la marcha, el comité de empresa ha convocado cuatro horas de paro en cada turno de trabajo.

En este caso, los trabajadores de mañana pararán de 10.00 a 14.00 horas, los de tarde de 14.00 a 18.00 y el resto una hora más, de 12.00 a 17.00 horas, ya que disponen de una hora para comer.

Las movilizaciones continuarán el día 10 con una jornada de huelga de 24 horas en las plantas de Barcelona y con una nueva manifestación, en este caso en Madrid. La plantilla se trasladará en autobuses hasta la capital con el fin de concentrarse bien ante el Ministerio de Industria o bien ante el Congreso de los Diputados.

El destino final está aún por decidir, dependiendo de la actividad parlamentaria que haya ese día en la Cámara Baja, precisaron desde el comité de empresa.

Los trabajadores de Nissan también acordaron ayer celebrar el jueves, día 11, una asamblea general para concretar un nuevo calendario de movilizaciones. La plantilla ya ha advertido que seguirá manifestándose y aumentando la presión social hasta que la compañía retire el ERE.

Empresa y sindicatos se encuentran actualmente en el período de negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre el expediente, aunque por el momento no se ha producido ningún acercamiento de posturas entre ambas partes.

La empresa, que tiene una plantilla total de 16.000 trabajadores en todo el mundo, ya había anunciado un plan de bajas voluntarias que afectó a 600 trabajadores.

Además, en agosto se instauró la semana de cuatro días para evitar mayores recortes laborales, coincidiendo con las informaciones de que había solicitado al Gobierno un crédito de unos 1.200 millones de euros para hacer frente a la crisis.

Jaguar fue adquirido en marzo pasado a la estadounidense Ford, hasta entonces su propietaria, por el gigante automovilístico indio Tata por un montante total de 1.150 millones de libras.

El anuncio de la empresa se dio a conocer el mismo día que representantes del sector del automóvil y de la construcción, dos de los grandes afectados por la crisis económica internacional, se reúnen con el primer ministro británico, Gordon Brown, a quien pedirán un mayor respaldo financiero para afrontar sus problemas.

Este comunicado aparece firmado por Adap (Asociación de empresas para el Desimpacto de los Purines), Appa (Asociación de Productores de Energías Renovables), Aprean (Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía), Apuee (Asociación de Productores y Usuarios de Energía Eléctrica), Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica), Eoliccat (Asociación Eólica de Catalunya) y Giwatt (Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa).

Las empresas recuerdan que la razón fundamental de que existan primas a las renovables y a la eficiencia energética se debe a la «imposibilidad» de que las energías convencionales «que han recibido y siguen recibiendo subvenciones» internalicen sus costes externos, no sólo ambientales, sino geopolíticos, estratégicos, de agotamiento o de seguridad de suministro.

Además, insisten en que estas primas «son inferiores al coste evitado al sistema», por lo que deben seguir siendo «los consumidores» de electricidad «y no los contribuyentes» los que soporten las primas al régimen especial, ya que «son ellos los que gozan de la no inclusión de costes externos de las tecnologías convencionales».

Los firmantes dicen ser «conscientes» de los «importantes retos» del Gobierno en aspectos como el déficit tarifario, el esquema de comercio de emisiones de CO2, la eficiencia energética, la competitividad de las industrias y el desarrollo tecnológico, entre otros.

Junto a esto, ofrecen sus «experiencias y propuestas» en todo lo relacionado con las energías limpias para lograr la «suficiente estabilidad» y realizar las «cuantiosas inversiones que se precisan».

Por otro lado, el manifiesto defiende el lanzamiento de políticas eficaces que afecten a la producción de electricidad en régimen especial mediante energías renovables, residuos y cogeneración, mediante las que se produjo el 2007 el 22% de la electricidad generada en España.

La petrolera rusa Lukoil aspira a subrogarse al préstamo para financiar su entrada en Repsol YPF, de la que también quiere hacerse con un 9,9% adicional que compraría a La Caixa y otras entidades.

Blesa, que participó en unas jornadas sobre el futuro de la banca española tras la crisis, explicó que su entidad se limita a financiar proyectos y que en el caso del préstamo concedido a Sacyr Vallehermoso «no se va a imponer la opinión de uno».

«Tendremos que ir todos de acuerdo», dijo Blesa, que apuntó que todas las entidades implicadas tienen «la mejor voluntad» para resolver el problema.

Aseguró que tras conocerse las negociaciones con Lukoil se ha especulado mucho con otras petroleras e incluso con que las entidades acreedoras de Sacyr se queden con el 20 por ciento de Repsol YPF pero son «sólo conjeturas».

«Que yo sepa, no hay más ofertas que la suya -Lukoil- «, aseveró Blesa, que consideró que no tiene peso ninguna de las alternativas planteadas y que aseguró que desconoce el punto al que han llegado las negociaciones con la petrolera rusa.

En concreto, de acuerdo con la metodologías aplicadas, el incremento se trasladará de forma proporcional a cada grupos de clientes, de tal forma que para los clientes del grupo T.1 (3,42 millones de consumidores, principalmente de gas con cocina y agua caliente a gas) la subida será del 0,17%, y para los consumidores del grupo T.2 (3,37 millones de consumidores, principalmente, de calefacción individual por gas), del 1,92%.

De esta forma, para el 99,13% de los clientes con menos de 4 bar de presión de suministro (principalmente usuarios domésticos), la propuesta de subida se sitúa por debajo de la previsión de incremento del IPC, prevista por el Gobierno por debajo del 2,5% para el cierre del año.

Esta propuesta de revisión se produce después de que en octubre el Ministerio de Industria aplicara un incrementó del 9,6% para el cuarto trimestre, a pesar de que la CNE abogaba por una subida más moderada del 5,1%.

Tras la revisión de octubre, el encarecimiento acumulado en lo que va de año en el recibo del gas natural asciende al 18,5%, en un contexto de fuerte subida de los precios energéticos.

Para 2009, Industria tiene previsto acelerar el calendario de liberalización del gas y suprimir la tarifa de último recurso para los niveles de consumo superior a 50.000 kilovatios al año (KWh/año). Esta medida afecta a las tarifas T.3 y T.4.

Retribución de 2.908 millones

Además, la CNE aprobó su propuesta de retribución para el año 2009 de las actividades reguladas del sector de gas natural, que asciende a 2.908 millones de euros.

En concreto, el 51% de los costes corresponden a la actividad de distribución; el 24% a la actividad de transporte y el 18% a regasificación. Los almacenamientos subterráneos, las dotaciones al Plan de Eficiencia Energética y los desvíos de las liquidaciones en años anteriores supondrán un 2% cada uno.

El consejo del regulador energético también informó sobre la propuesta de Orden Ministerial que resuelve la inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de diversas instalaciones que habían solicitado su incorporación como instalaciones singulares.

Entre otras instalaciones, se encuentran la Planta de Recepción, Almacenamiento y Regasificación de G.N.L. en Mugardos (La Coruña), el Gasoducto de transporte Abegondo-Sabón y el Ramal a la Central Térmica de Ciclo Combinado de Meirama, todas de Planta Regasificadora del Noroeste, S.A. (Reganosa).

Sobre el sector eléctrico, el órgano rector de la CNE acordó solicitar información a las distribuidoras eléctricas sobre los costes relativos al régimen económico de los derechos de acometidas y el resto de actuaciones necesarias para atender los requerimientos de suministro.

El objetivo de esta solicitud es recabar información para remitir una propuesta a Industria sobre los nuevos baremos que será preciso definir en la regulación sobre dichas actuaciones.

La Ley Rato, diseñada en 1999 para evitar la entrada de EDF en Hidrocantábrico, fue declarada ilegal en febrero por el Tribunal de Luxemburgo por restringir la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea.

En su sentencia, el tribunal europeo entendió que la norma podría disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético.

En todo caso, el dictamen del tribunal exige de forma irrevocable la retirada de la norma por atentar contra la circulación de capitales en la Unión Europea, pero no alude a empresas de terceros países.

‘La Vanguardia’ publica hoy que existe la posibilidad de modificar esta norma, incluida en una disposición adicional de la Ley 55/1999, de modo que queden eximidas las empresas europeas, pero no las extracomunitarias, como sería el caso de Lukoil.

Sin mecanismo de defensa

Una vez abolidas la ‘golden share’ y la Ley Rato, España carece prácticamente de mecanismos para protegerse ante la entrada de compañías no deseadas en el capital de empresas estratégicas.

La CNE puede recurrir a la Función 14 para pronunciarse sobre operaciones de adquisición de participaciones significativas en empresas reguladas. No obstante, fuentes del regulador explican que en el caso de Repsol no procede aplicar esta función, parcialmente derogada por la UE.

Otra de las funciones del regulador, la número 15, le permite analizar el efecto de las operaciones en el sector energético sobre el mercado.

En declaraciones a los medios tras su intervención en la II Jornada de la Competencia, Solbes se refirió a la petición del miércoles de la Comisión Europea de hacer una acción coordinada centrada en el aumento del gasto público y en rebajas fiscales selectivas para favorecer el consumo y la actividad económica.

Sobre las nuevas medidas económicas que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó ayer en el Congreso, Solbes dijo que no afectarán al déficit este año.

El secretario de Estado español de Telecomunicaciones, Francisco Ros, recordó que los países «no son homogéneos ni en orografía ni en densidad», por lo que el coste de sus redes es distinto en Holanda (más plano) que en España (más montañoso), y opinó que no se puede imponer el mismo límite de precios en ambos casos.

La propuesta aprobada ayer también sugiere que los operadores ofrezcan la posibilidad de solicitar el corte del servicio de descarga de datos cuando vayan a sobrepasar un límite de 50 euros, una medida que varios países consideraron ineficaz para rebajar los precios minoristas.

En cuanto a los mensajes a móviles, el precio máximo será de 0,11 euros para la tarifa minorista y 0,04 euros para la mayorista.

Los ministros también dieron su visto bueno a ampliar durante otros tres años el reglamento en vigor que rebajó las llamadas de voz hechas y recibidas en el extranjero, que expiraba en el 2010.

Se seguirán produciendo recortes por etapas, tanto de los precios al por menor como al por mayor.

Las llamadas hechas y recibidas en otro país se facturarán por segundo (a partir del medio minuto las recibidas).

La Eurocámara se pronunciará previsiblemente a favor del texto aprobado ayer en primera lectura en el 2009, de forma que la nueva legislación (que tendrá una duración limitada de tres años) podría entrar en vigor el 1 de julio del 2009.

Los titulares europeos de Telecomunicaciones también llegaron a un acuerdo político sobre la propuesta de reforma de la regulación del sector, que aún debe ser examinado por el Parlamento Europeo.

Fundamentalmente, el texto del Consejo rebaja el peso de la Comisión en materia reguladora.

Los países que más reservas mantenían hacia el texto de compromiso de la presidencia, como Italia e Irlanda, decidieron finalmente alinearse con la mayoría de los socios comunitarios, mientras que otros estados como Suecia, Holanda y el Reino Unido decidieron abstenerse en la votación.

La comisaria europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, afirmó que ahora hay «tres textos sobre la mesa» (de la Comisión, de la Eurocámara y del Consejo) sobre los que habrá que trabajar si se quiere conseguir el objetivo de que los eurodiputados lo aprueben en segunda lectura antes del fin de la legislatura la próxima primavera.

Entre otros cambios, la presidencia decidió añadir una referencia a los riesgos que deben afrontar las compañías a la hora de invertir, en el punto referente a promover la innovación para fomentar nuevas infraestructuras.

Sobre el grupo europeo de reguladores de telecomunicaciones, ante el que Italia presentaba reservas porque quería que fuera una agencia comunitaria, finalmente se mantuvo la postura de que sea un organismo independiente que no tenga personalidad jurídica y que se dedique únicamente a asesorar.

Los estados miembros tampoco recogieron la propuesta del Parlamento Europeo para restringir el derecho de expresión e información de los consumidores, sin contar con una orden judicial, cuando la seguridad pública se vea amenazada.

La Comisión se mostró además «decepcionada» por el rechazo de los países a darle un peso específico a la hora de coordinar el espectro radioeléctrico que quede libre en el paso de la televisión analógica a la digital («dividendo digital»).

Los países también aprobaron que la llamada «separación funcional» pueda ser impuesta por los reguladores -y no por la Comisión-, únicamente cuando no haya otra manera de facilitar la competencia.

La medida puede exigir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios para mejorar la competencia en el mercado.

Por último, los estados miembros debatieron la posibilidad de que el servicio universal incluya la banda ancha, la adopción del nuevo protocolo de internet IPv6 o las posible colaboraciones entre países vecinos para dedicar parte del dividendo digital a la conexión a la Red sin cables.

Los usuarios sólo tendrán que pagar el establecimiento de llamada y el primer minuto que será de acuerdo a la tarifa contratada, y podrán hablar otros 99 minutos gratis hasta un límite máximo de mil minutos.

También ha abierto una nueva promoción para darse de alta gratis a la línea fija para los nuevos clientes.

En relación con el «contrato único» de Orange que establece las llamadas a fijos y móviles de cualquier operador y a cualquier hora por 17 céntimos el minuto, ahora se modifica a partir del 1 de diciembre, de forma que sus usuarios podrán hablar con otros clientes de Orange pagando sólo el establecimiento de llamada de 0,15 euros.

A mano alzada y después de apenas tres horas de debate, la asamblea general extraordinaria -la cuarta que celebra este año el banco inmerso en grandes dificultades- dio su aprobación, con un 98,53 de los votos, al que era el único punto del orden del día: el plan de salvamento elaborado por los poderes públicos.

Antes, el presidente de la entidad, Peter Kurer, había defendido el plan de rescate de la Confederación Helvética y el banco central, consistente en liberar a la entidad de sus activos tóxicos e inyectarle capital.

Kurer anunció, además, por primera vez, que la financiación del fondo especial creado por el Banco Nacional Suizo (BNS) para albergar los activos «tóxicos» de UBS -un total de 60.000 millones de dólares- provocará una amortización de capital por valor de unos 4.000 millones de francos (2.700 millones de euros).

«La financiación del capital propio del fondo especial conduce a una necesidad de amortización estimada en unos 4.000 millones de francos», señaló.

Kurer reconoció ante unos 2.400 accionistas congregados en Lucerna que «el apoyo de los poderes públicos es una iniciativa difícil de explicar, pero -añadió- estamos convencidos que lo que hacemos al recurrir a la ayuda pública es asumir nuestras responsabilidades».

El plan de rescate para el mayor banco suizo, que había invertido decenas de miles de millones de dólares en instrumentos de «créditos tóxicos» en EEUU, fue anunciado el pasado 16 de octubre.

Por él, el BNS aceptó la transferencia de 60.000 millones de dólares de activos «tóxicos» al fondo especial, mientras el Gobierno suizo se comprometió a inyectar 6.000 millones de francos (unos 3.800 millones de euros) a través de un préstamo de conversión obligatoria.

Pero la asamblea transcurrió en medio de fuertes críticas sobre las gratificaciones de los ex dirigentes, un asunto que ha creado polémica en las últimas semanas, y sobre la responsabilidad de éstos.

Kurer se distanció claramente de su predecesor, Marcel Ospel, cuando dijo que «la arrogancia ya no tiene cabida en la UBS de hoy ni en la de mañana».

Devolución de bonos

El máximo directivo anunció que la devolución de bonos por parte de los ex directivos de UBS ya ha alcanzado «cerca de 70.000 millones de francos (47.000 millones de euros)», lo que fue acogido con fuertes aplausos de los accionistas.

Entre estos ex directivos que ya anunciaron que devolvían las gratificaciones figuran el ex presidente Marcel Ospel, dos administradores, Stephan Haeringer y Marco Suter, y el ex director general Peter Wuffli.

Y ya está en marcha un acuerdo con otros ex directivos, estos extranjeros, para la devolución de unos 22.000 millones de francos (14.600 millones de euros), agregó.

Pero Kurer subrayó que la restitución de estos capitales no dejaba totalmente al abrigo de una acción legal a quienes habían dado el paso.

Sin embargo, antes de que pueda iniciarse una posible acción ante la justicia, aclaró el presidente de UBS, la entidad espera recibir la opinión de un experto independiente contratado por un comité del consejo de administración.

Una vez completado el plan de rescate del gobierno, UBS afirma que su exposición a activos dudosos será «cercana a cero», comparada con los 44.200 millones de dólares del pasado junio.

La directiva en cuestión reforma la regulación de la profesión auditora, con el fin de mejorar la calidad de las auditorías en Europa tras los escándalos que han sacudido el mundo empresarial en los últimos años.

En particular, introduce la obligación para los Estados miembros de establecer un sistema externo de garantía de la calidad y un sistema de supervisión pública de los auditores, junto con una serie de medidas para mejorar la cooperación entre autoridades competentes en la UE.

Asimismo, la norma fija algunos principios éticos para garantizar la independencia y objetividad de los auditores legales y aclara los deberes a que están sujetos.

El resto de países que tampoco han cumplido con sus obligaciones son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Reino Unido, República Checa y Suecia.

En octubre, las ventas de los productos alimenticios se redujeron un 3,1% en tasa interanual, mientras que las de productos no alimenticios disminuyeron un 9,3%. Entre estos últimos, las ventas en el segmento de equipo personal cayeron un 7,6%, las de equipo del hogar bajaron un 14,8%, y las de otros bienes descendieron un 5,6%.

El organismo estadístico explicó que eliminado el efecto calendario, es decir, la diferencia de días hábiles que presenta un mes en los distintos ejercicios, las ventas del comercio minorista registraron una reducción del 8% en octubre.

Las pequeñas cadenas, líderes en ventas

La descomposición del índice general del sector minorista según las distintas formas de distribución comercial pone de manifiesto que todas las fórmulas comerciales redujeron sus ventas.

El descenso más elevado fue el de las pequeñas cadenas, que redujeron sus ventas un 12,2%, seguidas de las empresas unilocalizadas (-8,5%), de las grandes superficies, que experimentaron una caída de sus ingresos del 6,9%, y de las grandes cadenas, que vendieron un 0,3% menos.

El índice general de grandes superficies, que refleja el comportamiento de las ventas en locales con una superficie mayor de 2.500 metros cuadrados, registró un descenso interanual del 6,9% en términos constantes.

Los productos de alimentación cayeron un 2,4% y los no alimenticios bajaron un 9,1%. Eliminando el efecto calendario, las ventas de las grandes superficies disminuyeron un 7,6%.

Las ventas del comercio minorista disminuyeron en octubre en todas las comunidades autónomas, siendo los menores descensos los de Asturias (-1,6%), Galicia (-3,7%) y Extremadura (-3,9%), y los mayores los de Canarias (-9,6%), Madrid (-9,2%) y Murcia (-9%).

Cuatro meses de caídas en el empleo

Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista, tanto asalariado como no asalariado, descendió en octubre un 1,4%, registrando su cuarta caída consecutiva y la mayor de la serie, iniciada en el 2005.

Las grandes cadenas, con un crecimiento interanual del empleo del 1,4%, fueron las únicas donde aumentó la ocupación en octubre.

Por el contrario, las pequeñas cadenas redujeron un 4,8% sus plantillas, las grandes superficies un 3,2% y las empresas unilocalizadas un 0,6%.

Por CCAA

Por comunidades autónomas, el empleo sólo creció en Asturias (0,9%), Navarra (0,5%), Galicia (0,3%) y País Vasco (0,1%) y se mantuvo sin cambios en Extremadura.

Por su parte, Cantabria y Baleares, con tasas negativas del 3,3% y del 3,2%, respectivamente, encabezaron los descensos del empleo en el comercio minorista.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sierra, rechaza el recurso de casación presentado por Massiel y la condena al pago de las costas del juicio. Considera que, al alimentar «artificialmente» la polémica suscitada por este asunto en algunas revistas del corazón, la cantante no buscaba otra cosa que «obtener un beneficio económico» asegurando su presencia en otras tertulias televisivas, lo que «excede ampliamente los límites de la libertad de expresión».

Según la resolución, Massiel acudió como tertuliana al programa ‘A tu lado’ emitido el 8 de octubre de 2005 en Telecinco, donde uno de los temas a tratar era el desmentido por parte de Rocío Carrasco de lo publicado por la revista ¡Qué me dices!, que titulaba en su número 291:’Fidel denunciado por malos tratos a Rociíto’.

Por su parte, Massiel fijó la atención de contertulios y espectadores en el dato del moratón en el ojo que presentaba Rocío Carrasco «sacándolo a colación tan pronto como estuvo en el uso de la palabra, sin mediar interpelación o provocación alguna por parte de la presentadora o demás contertulios».

El Supremo no considera acreditada la versión de la cantante acerca de que llamo a un maquillador y que fue éste el que le dijo que Carrasco había indicado la caída de la bicicleta como causa del hematoma.

Tirar la piedra y esconder la mano

«Por el contrario, incurriendo en un comportamiento que popularmente se conoce como ‘tirar la piedra y esconder la mano’ (…)dedicó su esfuerzo a lo largo de su intervención, única y exclusivamente, a asegurarse de que su interesada observación iba a tener la mayor repercusión mediática», resalta la sentencia.

La intención de Massiel, según el alto tribunal, «no era otra que acrecentar la polémica consciente como era, por su condición de colabora en programas de los llamados ‘del corazón’, de que así podría obtener un beneficio económico». No en vano, habló del mismo tema en ulteriores intervenciones televisivas.

Este modo de actuar, según el Supremo, «excede ampliamente los límites de la libertad de expresión» buscando presentar a la joven como víctima de unos malos tratos, además consentidos, y como protectora del maltratador, lo que por la gravedad de los hechos, la gran sensibilización y el desprecio social que merecen, constituye un intolerable ataque a la dignidad personal de Rocío Carrasco que ni siquiera por su carácter de ‘famosa’ o persona pública tiene posible justificación».

«Por más que tanto la actora como su acompañante –el también actor Micky Molina– sean personas de reconocida notoriedad pública, y de que hayan podido consentir en otras ocasiones que se accediera a otras parcelas de su vida privada, o hayan podido revelar aspectos relacionados con sus relaciones sentimentales, ello no les priva de modo total y absoluto de la facultad de decidir qué aspectos de su vida privada desean que sean puestos a disposición del público», defiende el Tribunal Supremo.

En la portada de la revista Sorpresa de 24 de diciembre del 2001, aparecían cinco fotografías de la demandante, Ana Obregón, «en actitud de yacimiento con quien se dice es Micky Molina», bajo el título ‘¡¡El mayor escándalo del año!! En la calle, en el interior de un coche Ana Obregón y Micky Molina pillados en plena faena’.

Sobre aquella información, el alto tribunal estima que «las relaciones sexuales humanas, no responde a un interés público que haya de ser considerado como digno de protección, por más que la revista pertenezca al ámbito de la conocida como ‘prensa rosa’ y que su labor se desarrolle en una parcela social conocida popularmente como ‘mundo del corazón’, que se caracteriza por interesarse y seguirlos avatares, incidencias, amores, desamores e infidelidades de sus protagonistas, pues, en todo caso, dicha información atendería tan sólo a satisfacer la curiosidad morbosa del lector».

«Indudable notoriedad pública»

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Clemente Auger, confirma que aquellas fotos constituyen una intromisión ilegítima al derecho fundamental a la propia imagen y a la intimidad personal de Doña Ana García Obregón y recoge «la frecuente presencia en los medios de comunicación» de la actriz para destacar su «indudable notoriedad pública», pero matiza que la la noticia no tiene «interés público». «Era preciso al menos que la información se hubiera obtenido durante un acto público o en un lugar abierto al público, lo que tampoco ocurrió», dice el alto tribunal.

«No puede considerarse que el lugar en que se obtuvieron las imágenes fuera un lugar abierto al público, desde el momento que ambos protagonistas utilizaron su vehículo como espacio privado, siendo querido expresamente como tal, aprovechándose de unas circunstancias buscadas de propósito -oscuridad de la noche, lugar poco frecuentado- para preservar el acceso de terceros a esa esfera reservada de la intimidad que es en la que se desarrolla el encuentro sexual», precisa la resolución.

En ese sentido, el Tribunal Supremo entiende que es «de todo punto injustificable que el fotógrafo, sabedor de estas circunstancias por haber seguido a la pareja, no sólo se abstuviera de respetar esa intimidad, invadiendo personalmente ese espacio con su presencia a escondidas, sino que lo hiciera para captar su imagen con evidente ánimo de lucro, incurriendo en el mismo reproche la revista que en tales circunstancias aceptó divulgarlas».