Ya están aprobados los dos decretos de apoyo o rescate del sistema financiero con un amplísimo apoyo parlamentario. El presidente del Gobierno se ha comprometido, como parte de la negociación con el PP, a que la transparencia y el control sean mayores que los previstos cuando se anunciaron. Aún falta, sin embargo, pasar de las declaraciones formales a la concreción de cómo se va a hacer efectivo. Las pretensiones de la oposición son, en este punto, lógicas y no debería cejar un ápice en la exigencia de pactar y conocer -el PP y los ciudadanos- el detalle tanto de la transparencia y el control público. Lógico es también el propósito de que estas medidas sirvan para que el crédito llegue a los ciudadanos, familias y empresas, y no sólo para solucionar problemas de las entidades financieras u operaciones corporativas en las que el intercambio de acciones y la especulación están por encima, a veces muy por encima, de la creación de riqueza y empleo. No es fácil seguramente, pero de nada servirá este monumental esfuerzo si no se va notando, aunque sea lenta pero paulatinamente, en la economía real.

El Gobierno y su partido optaron por el realismo urgente después de quedar al margen de la realidad, intencionadamente, durante mucho tiempo. No tuvieron sino que seguir la estela de otros países europeos, los que tienen problemas en su sistema financiero, a pesar de que no se ha modificado un ápice la teoría de que el nuestro es imponente. La vida demuestra lo contrario. Pero, a partir de ese momento, todo vuelve a la retórica, como demostró ayer el presidente en el Congreso con un discurso deslavazado, abstracto y con pretensiones de teorizar sobre las finanzas mundiales. Corresponde a la oposición, por tanto, empeñarse en bajar de esta particular nube de verborrea y satisfacción al Gobierno, para el que parece más importante la imagen (ser convocado por Gordon Brown a las «reuniones mundiales») que el asunto mollar, que es la eficaz utilización de los recursos propios.

No le resultará sencillo a una oposición a la que el Gobierno quiere poner en un brete -en vez de buscar sus aportaciones- con el invento de apoyar Presupuestos sin discusión ni debate serio. Tendrá que aguzar el ingenio y aprovechar al menos las instituciones en las que gobierna para hacer patente una alternativa convincente. Y, además de exigir, explicar cómo a su juicio debe lograrse la transparencia, el control y el acceso de familias y empresas a la liquidez y los créditos que se quieren salvar o potenciar. Las decisiones que se tomen en sus comunidades autónomas pueden tener un carácter de ejemplo y de pedagogía política y, aunque no tenga el Gobierno de la nación, tampoco son instituciones sin importancia a la hora de obligar a las cajas de ahorro a la ortodoxia, o al saneamiento en su caso, y a la de reducir el gasto público que, además de ser un impuesto más, no ayuda nada a combatir la recesión. Es, desde luego, una oportunidad para sostener una unidad de criterio, es decir, de política, y anunciar el abandono de aventuras tan curiosas y absurdas como la salida a Bolsa del 49% del Canal de Isabel II anunciada por la comunidad de Madrid. Se trata de que la liquidez llegue a las empresas y, la verdad, el empeño no casaría muy bien con la utilización de las garantías, los avales y los dineros para que determinadas entidades, obligadas o no, acudan a esta particular operación.

Germán Yanke