martes, octubre 4, 2022
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PSOE y PP pactaron en octubre renovar la ley del Poder Judicial

Félix Bolaños y Teodoro García Egea pactaron en octubre renovar la Ley del Poder Judicial para poder nombrar candidatos al TC

Fue un acuerdo por escrito y sellado por ambas partes. Por el Partido Socialista, con la firma del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, secretario de reforma constitucional y nuevos derechos del PSOE; y por parte del PP, Teodoro García Egea, secretario general del partido y mano derecha del exlíder Pablo Casado. La fecha del documento remite al 21 de octubre de 2021, dentro de un paquete global de renovaciones que incluyeron el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

En ese momento, el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial lo antes posible y mediante una iniciativa conjunta. De forma que se pudiera desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional aun con el órgano de gobierno de los jueces en funciones.

El texto de aquel acuerdo, al que ha tenido acceso el diario El País, dice: “El PSOE y el PP” han “alcanzado” un acuerdo para que ambos grupos parlamentarios presenten conjuntamente una proposición de “reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial” después de “la elección por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos” [el acuerdo sobre esta última institución se anuló posteriormente].

Esa proposición de ley consistía en la introducción de un artículo por el que se modificaban las atribuciones del CGPJ en funciones, como se encuentra en la actualidad, después de tres años de bloqueo del PP: “Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes funciones: 1ª Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599 de esta Ley Orgánica”.

El texto que ahora se ha difundido nunca ha llegado a cumplirse por los acontecimientos internos dentro del Partido Popular, que sacrificaron a su líder para entronizar a Alberto Núñez Feijóo. La nueva dirección del PP siempre se ha desentendido de esos acuerdos previos con Moncloa y persiste en su bloqueo a la renovación del CGJP. Una parálisis que ha llevado al Ejecutivo a reformar por sus propias fuerzas la Ley del órgano de gobierno de los jueces.

El pasado 14 de julio, el Congreso aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin el apoyo del Partido Popular. Esa renovación permitirá que el Gobierno y el CGPJ puedan renovar 4 magistrados del Alto Tribunal. La reforma da de plazo hasta el 13 de septiembre para que el Poder Judicial nombre a los 2 candidatos que le corresponden: uno progresista y otro conservador. Los otros dos candidatos -de carácter progresista- serán nombrados a propuesta del Gobierno, también en septiembre.

Entre otros asuntos, el Tribunal Constitucional tiene pendiente el fallo sobre la ley del aborto —el borrador de la sentencia no se ha llevado a pleno ante la incertidumbre de la renovación del tribunal—, la ley de Educación conocida como ley Celáa —nombre de la anterior ministra—, la ley de eutanasia, la pérdida del escaño del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y el recurso presentado contra las fórmulas alternativas de juramento o promesa del cargo por parte de numerosos diputados al inicio de la legislatura.

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