martes, octubre 4, 2022
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¿Qué hay que hacer para reclamar las facturas impagadas?

Este es el proceso que deben seguir aquellas empresas o negocios que están en problemas de liquidez por los impagos de sus clientes y desean recuperar ese dinero

Primero fue el estado de alarma, luego el confinamiento domiciliario y posteriormente el cese provisional de toda la actividad profesional que no fuera de primera necesidad. Bajo la fija mirada de la monotonía, los meses de marzo, abril y mayo dieron rienda suelta a un sinfín de problemas tan novedosos como complejos. Y es que los ingresos de muchos consumidores se vieron reducidos notablemente por culpa de despidos o los ERTEs y, a raíz de esto, estos mismos encontraron auténticas dificultades para seguir haciendo frente a unas facturas que llegaban con la misma puntualidad de siempre. 

Ante una situación tan crítica, donde sólo hay gastos y cada vez menos saldo en la cuenta bancaria, hay quien ha dicho basta y debido a la falta de recursos se ha visto obligado a cesar en el pago de las cuotas de los productos, bienes o inmuebles que adquirieron antes de la pandemia y cuya amortización la fraccionaron en 12, 24 o 36 mensualidades. No porque no quieran, sino porque no pueden.

¿Qué pueden hacer las empresas?

Con el temor principal de que se origine un efecto dominó y que al no recibir el dinero que tenían previsto se vean en problemas para afrontar su correspondiente pago a sus proveedores, las empresas han empezado a moverse en búsqueda de soluciones para este percance tan actual. 

La posibilidad más fiable para resolver esta disyuntiva pasa por la reclamación de la deuda y de aquellas facturas no abonadas. Un gran porcentaje del éxito de dicha reclamación reside en la labor documental que se realice antes del proceso y donde se acredite qué cantidad falta por cobrar. Con esa información previa en la mano, tocará iniciar un proceso que consta de tres fases: la preventiva, la amistosa y la judicial.

Fase preventiva

En este punto habrá que distinguir principalmente dos episodios. El primero consiste en documentar correctamente las relaciones empresariales establecidas. Esto quiere decir que al emitir una factura no será suficiente con coger los datos a grandes rasgos, sino anotar la mayor información posible para evitar cualquier posibilidad de que el deudor eluda el pago por un error en los formalismos de la factura

De esta manera, será imprescindible incluir el número y fecha de expedición, los datos identificativos del emisor y del receptor de la factura, la identificación de los trabajos o servicios realizados y la contraprestación total de dicha actividad, así como el tipo impositivo. Por su parte, el segundo episodio o recomendación es mantener todo tipo de comunicaciones con el cliente por escrito, para que quede constancia de lo que se ha dicho y acordado.

Fase amistosa

Si ya existiera un impago por parte del cliente y se hubiera traspasado el límite inicial, lo más recomendable sería buscar un acuerdo amistoso donde se consiga un reconocimiento de deuda expreso o tácito por parte del deudor. Lograr este testimonio agilizará mucho más el proceso y elevará el porcentaje del éxito de la reclamación en cuestión. Por eso se le otorga tanta importancia a este punto donde la negociación y el intento de acuerdo extrajudicial es protagonista. 

En el caso de que se intente alcanzar un punto de conformidad y no se obtenga, la reclamación entrará en una fase más “agresiva”. De esta manera, al no lograr el reconocimiento de deuda, habrá que enviar un documento formal de reclamación de la deuda al deudor. Generalmente se utiliza el burofax.

Fase judicial

Para concluir, si no se ha alcanzado un acuerdo previo, habrá que iniciar la vía judicial. Según el tipo de deuda, cómo se encuentre documentada y el grado de solvencia económica del deudor, se seguirá una estrategia u otra. Llegados a este punto, conviene saber que existen cuatro posibilidades: el procedimiento monitorio, el juicio verbal, el juicio ordinario y el concurso de acreedores. El más común suele ser el primero por su rapidez y agilidad, motivos que suelen convencer a la gran mayoría de damnificados. Además, su principal ventaja es que si el deudor, una vez se le haya notificado la demanda y siga sin pagar y no se oponga, se iniciará una vía ejecutiva que se saldará con embargos de sus bienes hasta que quede satisfecha la deuda y se zanje el asunto. Una opción más que considerable en los tiempos que corren.

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