«Se están incumpliendo las leyes para arruinar al sector vacuno de leche, bajo la negligencia absoluta de la casta política que gobierna en esta comunidad. Yo digo verdades porque me duele en el alma tener que mandar mis vacas al matadero porque no me da rentabilidad para poder pagar las facturas. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Me parece que todos ustedes han cobrado sueldo este mes, yo no. Me parece que todos ustedes se fueron de vacaciones el año pasado, yo no. Me parece que todos han tenido cena de Navidad estas navidades, ¡yo me tuve que levantar a ordeñar, porque ustedes tenían que tomar el café! ¡Yo he tenido que ir a trabajar en plena pandemia, tuviera o no COVID! Yo el día de Filomena, ¡me tuve que tirar cuatro horas quitando nieve para poder entrar a mis vacas a la sala de ordeño!».
Así de airado y contundente inició su intervención Eugenio de la Morena en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid del pasado 19 de abril. De la Morena es vicepresidente de la Asociación de Ganaderos Productores de Leche (AGAPROL), que tiene una pequeña explotación en la localidad madrileña de Colmenar Viejo (con casi 400 vacas) y reprochó a los diputados que la ley estatal de la cadena alimentaria, aprobada el 14 de diciembre de 2021, no funciona.
«¿Sabe cuánto le cuesta producir a un ganadero la tonelada de leche? 48,62 euros. ¿Saben a cuánto he tenido que firmar porque, si no, no me recogen la leche? ¡A 41 euros! ¡Les digo la cuenta! ¡Pongo 8 euros y 62 céntimos por tonelada! ¿Saben cuánto me supone eso a mí? ¡10.500 euros todos los meses! ¿Qué les tengo que decir a mi mujer y a mis hijos cuando tengo que darles de comer?», señaló De la Morena. Y es que los gastos de los ganaderos han crecido un 30% en un año debidos a que los costes de la alimentación de los animales, de la electricidad y del gasóleo están disparados. De todos estos costes, el 62% proceden de la alimentación del ganado.
Es decir, que a los ganaderos madrileños, y por ende, a la mayoría de los pequeños productores de todo el país, les cuesta más producir la leche de sus vacas que lo que les paga luego el distribuidor, el que recoge el producto para tratarlo y venderlo a los supermercados. No se cumple, por tanto, la ley estatal, que estipula lo contrario, que no se pueda pagar al productor menos de lo que al ganadero le cuesta obtener la leche.
La consecuencia más inmediata es que cada vez hay menos ganaderos lácteos. Hace una década, más de 100 ganaderos se dedicaban a este sector en la comunidad de Madrid. Ahora sobreviven 28 que han decidido cerrar, abandonar y vender su ganado. A nivel nacional. En enero de 2015 había 17.600 explotaciones de vacuno de leche en toda España. En marzo de 2022 la cifra se había reducido a 11.228.
De la Morena fue claro. “Si dejamos de producir leche o de producir carne, abandonamos el sector primario, ¿qué hacemos? ¿Compramos la leche a Nueva Zelanda? ¿Qué se creen ustedes, que va a venir la leche de Nueva Zelanda más barata que la que producimos aquí? ¿O es que tenemos que arruinar un sector? que la gente se dé cuenta de que, si el campo se muere, ustedes no comen. Quedamos 28 granjas”.
Sobre el papel, la ley aprobada en diciembre de 2021 para “mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria” tenía el objetivo de lograr unos precios más justos para todos los operadores, en particular los más débiles, los productores. “De esta forma, cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido”, señala la normativa. Esta ley venía a modificar otra de agosto de 2013.
Entre medias llegó un Real Decreto en el año 2020 que tipificó las sanciones y se hicieron públicos los datos de las empresas que incumplían la ley de 2013. La nueva ley de 2021 pone en marcha investigaciones de oficio y tramitación de expedientes sancionadores que serán públicos para intentar perseguir a las prácticas comerciales desleales. Para ello se ha creado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Lugo está el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, que aprobó medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia del coronavirus. En él se destinaron 169 millones de euros para el sector productor de leche, de los que 124 son para la leche de vacuno: 200 euros por vaca para pequeñas granjas de hasta 40 animales; 145 euros por vaca entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 cabezas. Agrapol asegura que no cobrarán estas ayudas hasta octubre de 2022 y que la solución no son estas subvenciones.
Los ganaderos madrileños se preguntan: ¿De qué vale una ley que no se aplica? Para el diputado de Vox Iñigo Henríquez de Luna “está muy bien hacer una ley de la cadena alimentaria que garantice unos precios justos y que cubran el precio de producción, pero, pero si luego la Administración no vigila, no controla, no ampara a los ganaderos, para que esos contratos de verdad se firmen en condiciones de igualdad, y no de desigualdad donde, al final, la industria agroalimentaria que compra esa leche te impone al final un contrato de adhesión donde tú tienes que firmar y, si no, te comes la leche; esa es la realidad que estamos viviendo». Hay que recalcar, no obstante, que PP y Vox se abstuvieron en la ley que el Congreso aprobó en 2021.
Alejandro Sánchez, diputado de Equo en Más Madrid, narra un ejemplo concreto que conoce. Asegura que en Madrid hay tres empresas que recogen, tratan y suministran la leche que produce los ganaderos. Una de ellas, Lácteas del Jarama, “visitó a un ganadero el 28 de marzo y le dijo que si el 1 de abril no firmaba el contrato a 41 euros no te recogía la leche. Eso es un ultimátum inaceptable por parte de una empresa que encima está subvencionada por la Comunidad de Madrid. Esto es inaceptable”.
Más Madrid pide al Gobierno regional que obligue a estas empresas a que paguen como mínimo 49 euros por tonelada a ganaderos, un precio justo, o que les quiten las subvenciones, además de abrirles expedientes por incumplimiento de la ley. Según Más Madrid, la consejería de Medio Ambiente solo ha abierto 35 expedientes que han concluido en ocho infracciones leves, que se traducen en apercibimiento.
¿Quién tiene que cumplir la ley?
¿Quién tiene que hacer cumplir la ley de cadena alimentaria? Eugenio de la Morena asegura que llamó al ministerio y lo preguntó. “Me remitieron a la Agencia de Información y Control Alimentario. Les llamé y me dijeron que las competencias delegadas en esta función las tiene la Dirección General de la Comunidad de Madrid”. En conversación con Estrella Digital, el ganadero asegura “que las competencias delegadas las tiene la Comunidad de Madrid, o al menos empezar las investigaciones por el incumplimiento de la ley, pero aunque la ley están para cumplirlas, no se cumplen”.
Eugenio de la Morena acaba con un ejemplo para que los ciudadanos conozcan la situación de los ganaderos madrileños. “¿Cómo se concebiría vender radios robadas en Alcampo? ¡Pondríamos el grito en el cielo! ¡Joder, que le hemos comprado a los cacos las radios robadas y las estoy vendiendo más baratas! Pues es lo que están haciendo las grandes distribuidoras con la leche, ¡porque es un delito fiscal! ¡Ya no alimentario! ¡Si tú vendes un producto que no cumple las leyes fiscales, estás vendiendo un producto ilegal!”.
Alfredo Berrocal, presidente de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de Madrid (Ugama), cree que las culpas de que el sector lácteo viva “una situación sangrante” es compartida. “La Comunidad debe usar las herramientas que tiene para que ley estatal se cumpla, pero el ministerio lo ha hecho mal desde el principio, porque la reforma de la ley no vale para nada, porque nadie ha fijado oficialmente los costes de producción”.
Y como no hay un índice de referencia que marque esos costes, la industria paga a los ganaderos lo que quiere, ya que estos últimos saben que solo tienen 48 horas para almacenar su leche y venderla antes de que el producto se pierda. “Así no tienen posibilidades de negociar”, señalan desde Ugama.
La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) multó en julio de 2019 a varias empresas lácteas prácticas anticompetitivas en detrimento de los intereses de los ganaderos. La sanción llegó a los 80,6 millones de euros, pero fue recurrida, y ahora el Tribunal Supremo debe dictar sentencia. Las conductas ilícitas tuvieron lugar entre 2000 y 2013 y se calcula que gracias al pacto de estas empresas los ganaderos perdieron más de 800 millones de euros. De hecho, alrededor de 7.000 ganaderos de toda España se han unido para presentar una oleada de demandas por la vía mercantil para reclamar esos 800 millones en concepto de daños y perjuicios.
El sector lácteo es el quinto de la industria alimentaria de la región con una cifra de negocios aproximada de 485 millones de euros anuales, lo que representa el 7,2% de la cifra de negocios correspondiente a la industria alimentaria regional de la Comunidad de Madrid. De todas formas, la producción de leche vacuna en Madrid ha ido disminuyendo año tras año. En 1986 se produjeron 123 millones de litros, cifra que bajó a 96 millones en el año 2000, a 59 millones en 2010 y a 60 en 2020 (últimos datos). Solo quedan 6.000 vacas de ordeño, cuando ha llegado a haber 35.000 cabezas.
Eugenio de la Morena da para finalizar un dato demoledor. “En el mes de mayo he tenido que matar unas 20 vacas lecheras para venderlas como carne para pagar las facturas”.