¿A quién echarías la culpa a nivel político si te vieras envuelto en una tragedia ferroviaria y pensaras que el accidente se podría haber evitado si, más allá de un posible fallo humano, las infraestructuras o la seguridad no estaban totalmente garantizadas? En esta situación se encuentran decenas de familiares y amigos de las víctimas nueve años después del accidente de tren más grave en las últimas décadas en España.
La semana pasada comenzó en la Ciudad de la Justicia de Santiago de Compostela el juicio por el accidente del tren Alvia que descarriló el 25 de julio de 2013 en la curva de Angrois a la entrada de la capital de Galicia. Fallecieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas de diversa gravedad. Se sientan en el banquillo el maquinista Francisco Garzón Amo y el entonces director de Seguridad de la empresa pública Adif, Andrés Cortabitarte. Este ha sido noticia a la salida de la primera jornada de los juzgados porque fue agredido por la espalda ante decenas de cámaras de televisión por un familiar de una de las víctimas.
Si entras en la página web de Adif, el cargo de director de Seguridad no existe como tal en el organigrama. Casi dos años después del accidente del Alvia se creó una entidad que gestiona esta área. Desde octubre de 2017, el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) es Pedro M. Lekuona García.
La Agencia “es un organismo público de los regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su ámbito de competencias es el sistema ferroviario de competencia estatal: la Red Ferroviaria de Interés General, y los servicios que por ella discurran”. Su Estatuto fue aprobado mediante el Real Decreto 1072/2014, de 19 de diciembre, que fija como inicio de su actividad el 1 de abril de 2015.
Para que no te confundas. Adif, (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), es una entidad pública estatal, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su objetivo es la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Y por otro lado está Renfe (Renfe Operadora E.P.E), encargada, principalmente, de los servicios ferroviarios.
Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, Lekuona cobró 104.666 euros brutos en 2021, incluidos 12 trienios de antigüedad por su condición de funcionario. En el momento de redactar este artículo, el dato del sueldo de 2020 y de 2017 no aparece en el histórico que facilita Transparencia. En 2019 ingresó 101.767 euros y 99.340 euros un año antes, en ambos casos, con 11 trienios. Durante el primer trimestre de 2023, en teoría, se hará pública la retribución del director correspondiente a 2022. Será un 3,5% más elevada que en 2021. (el 2% previsto a principios de año y el 1,5% extra anunciado hace unos días).