Desde 2006, las prácticas de espionaje en América Latina han evolucionado drásticamente. En Colombia, las intervenciones telefónicas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a políticos y miembros de la Corte Suprema de Justicia (fuente: Revista Raya) marcaron el inicio de un sistema de vigilancia estatal que generó tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Hoy, el escándalo Pegasus —un software israelí capaz de espiar dispositivos sin alertar a sus dueños— ha revitalizado este debate, evidenciando que el espionaje institucional en la región se ha sofisticado y globalizado. Las conexiones entre empresas de tecnología como Telefónica España, Sandvine, NSO Group, Francisco Partners y el Banco Hapoalim reflejan una red de vigilancia internacional que ha afectado a líderes políticos y defensores de derechos humanos en América Latina.
Intervenciones Telefónicas ilegales en Colombia: DAS y la Corte Suprema
Durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe en Colombia, las intervenciones telefónicas ilegales o “chuzadas” del DAS a magistrados de la Corte Suprema y a figuras políticas de oposición provocaron denuncias e investigaciones. En 2007, el entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, acusó a Uribe de llamarle para discutir un proceso judicial en curso contra su primo, Mario Uribe, investigado por presuntos vínculos con paramilitares. Este hecho inició una serie de disputas y culminó en investigaciones sobre interceptaciones del DAS a jueces, políticos y periodistas.
El DAS, dirigido por María del Pilar Hurtado en esa época, llevó a cabo operaciones de seguimiento a figuras de la oposición, incluidas personalidades como el periodista Daniel Coronell y el político Iván Velásquez, investigados por sus denuncias sobre parapolítica. En 2011, Hurtado fue condenada por su participación en estas actividades ilegales, y otros funcionarios del gobierno de Uribe también fueron procesados. La disolución del DAS en 2011 puso fin a esta agencia, pero evidenció el impacto de las intervenciones ilegales en Colombia y dejó claro que el Estado no solo había interferido en la vida privada de magistrados y opositores, sino que había desarrollado una estructura de espionaje interna dirigida a controlar a quienes cuestionaran al gobierno.
La muerte de Yariv Bokor y su vínculo con Sandvine
En 2024, la muerte de Yariv Bokor, un ingeniero israelí cuyo cuerpo fue encontrado en Medellín, reveló conexiones con Sandvine, una empresa canadiense que desarrolla tecnología de inspección profunda de paquetes (DPI). Esta tecnología que permite la intervención y monitorización de comunicaciones ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Citizen Lab debido a su uso en regímenes autoritarios.
Al momento de su muerte, Bokor mantenía propiedades en Medellín y vínculos con figuras de inteligencia en Colombia, lo cual ha suscitado interrogantes sobre sus actividades en el país.
Sandvine, controlada por Francisco Partners entre 2017 y 2019, expandió su influencia en países sensibles a la vigilancia y censura durante ese periodo, promoviendo sus sistemas en lugares donde la represión y la vigilancia se han empleado para sofocar a la oposición política. Aunque rudimentarias en comparación con Pegasus, las prácticas del DAS y los vínculos de Bokor con Sandvine reflejan la continuidad de un sistema de espionaje que ha evolucionado con el tiempo.
Telefónica España: enlace con empresas de vigilancia
En este contexto, el papel de Telefónica España se ha vuelto relevante. La empresa mantuvo contratos con compañías como Sandvine, cuya tecnología se ha desplegado en América Latina. Aunque Telefónica asegura cumplir con la normativa en sus operaciones, la infraestructura que proporciona en Colombia pudo haber facilitado el uso de tecnología de vigilancia masiva sin conocimiento ciudadano.
Esta conexión es fundamental para comprender cómo Pegasus podría haber sido implementado en la región. Aunque desarrollado por NSO Group y no por Telefónica, la infraestructura de esta última puede haber potenciado el despliegue del software de espionaje.
Pegasus en Colombia: compra ilegal y financiación con dinero del narcotráfico
El software Pegasus fue adquirido en 2021 por el gobierno de Iván Duque con el supuesto objetivo de “fortalecer la seguridad nacional”. Pegasus permite la interceptación de dispositivos móviles sin necesidad de interacción del usuario, accediendo a mensajes, llamadas y ubicaciones. De acuerdo con investigaciones de Señal Investigativa y Revista Raya, esta compra se financió con dinero incautado al narcotráfico, lo cual cuestiona su legitimidad.
Las capacidades de Pegasus superan las de las intervenciones del DAS, ya que puede acceder completamente a dispositivos móviles, incluidos micrófonos y cámaras. Esta tecnología ha sido utilizada en Colombia sin regulación ni control estatal adecuado, y se desconoce actualmente su ubicación, lo cual preocupa a defensores de derechos humanos y periodistas en el país. A diferencia del enfoque local del DAS, Pegasus ha facilitado el espionaje transnacional, afectando a líderes de la oposición y defensores de derechos humanos en países vecinos, como Venezuela, donde Nicolás Maduro ha denunciado el uso del software para vigilar a su gobierno y al de Gustavo Petro.
Transacción de 13 millones de dólares y el Banco Hapoalim
Un aspecto crucial es el rol del Banco Hapoalim, que facilitó una transacción en efectivo de 13 millones de dólares para NSO Group. Este pago, realizado con dinero del narcotráfico incautado en Colombia, evadió el sistema financiero regulado mediante un acuerdo en efectivo, lo que permitió completar la venta de Pegasus sin documentación pública. Este tipo de operaciones genera dudas sobre la transparencia de los acuerdos de compra y suscita preguntas acerca del papel de las instituciones financieras en operaciones clandestinas de espionaje.
Francisco Partners: financiación y expansión del espionaje
Francisco Partners, fondo de inversión que controló Sandvine y NSO Group entre 2017 y 2019, tuvo un papel fundamental en la expansión de ambas empresas en mercados internacionales de alto riesgo. Durante ese periodo, el fondo promovió el uso de tecnologías de Sandvine y Pegasus en países donde la vigilancia y censura generaban preocupaciones importantes. Aunque Francisco Partners ya no controla NSO Group, las decisiones tomadas durante su gestión han dejado una huella que sigue siendo objeto de controversia.
Pegasus en México: lista de investigados
En México, Pegasus fue empleado para vigilar a más de 25 periodistas, activistas de derechos humanos y figuras políticas. Entre los investigados figuran Carmen Aristegui y su hijo Emilio; el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos; y el periodista Ricardo Raphael. Estos casos, registrados entre 2017 y 2021, muestran el alcance de Pegasus en la región y reflejan cómo la vigilancia a líderes de opinión se ha convertido en una práctica habitual en el país.
Impacto regional y global del Caso Pegasus
El caso Pegasus y la muerte de Yariv Bokor exponen una red que combina intereses financieros, espionaje y control político en varios países. Esta red representa una amenaza emergente para la privacidad y la democracia en América Latina. Además, las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de EE.UU. a empresas como Sandvine y las crecientes preocupaciones de la sociedad civil subrayan la necesidad de un marco regulatorio más riguroso en la región.
Los países de América Latina se enfrentan a una disyuntiva: deben optar entre permitir el avance de estas tecnologías de vigilancia o implementar salvaguardas que protejan los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos.
Más adelante trataremos de responder a la pregunta cuya respuesta deberíamos conocer en un Estado de Derecho como el nuestro: ¿EN PODER DE QUIEN ESTA EL SOFTWARE ESPÍA PEGASUS EN ESPAÑA?