Si algo caracteriza a los servicios de Inteligencia de cualquier país, y en este caso concreto a los de España (el Centro Nacional de Inteligencia –CNI-) es la discreción y confidencialidad de sus operaciones. Y que la información que obtienen en ellas «caiga en las manos equivocadas puede suponer un peligro, no sólo para la seguridad nacional, sino también para los propios agentes del Centro».
Las fuentes consultadas por ESTRELLA DIGITAL, que son perfectamente conocedoras de cómo actúan los servicios de Inteligencia pero que no están integradas en su estructura, aseguran que «es absolutamente nocivo, si no se gestiona bien, que el Gobierno dé acceso a determinada información» a personas que «no deben tener acceso a ella».
Por otra parte, también consideran que «incrementar el control judicial previo» que necesitan los agentes del CNI para llevar a cabo determinadas operaciones, en los términos en los que se ha planteado esta semana en la Cámara Baja, «será un lastre para misiones que, al producirse un incremento de la ‘burocracia’ para ejecutarlas, también podrían poner en peligro las investigaciones y, por consiguiente, la seguridad nacional».
Qué iniciativas se están poniendo sobre la mesa en el Congreso en relación con el CNI
En este caso concreto, estas fuentes han valorado para este medio las dos iniciativas que se han aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados, a petición, principalmente, del PNV, Junts y Bildu, los socios de gobierno del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Una de ellas es la relativa al control de los servicios de Inteligencia; la otra está relacionada con la desclasificación de documentos del CNI sobre los atentados yihadistas que se cometieron en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto (17A) del año 2017.
El PSOE vuelve a cambiar de opinión: mayor control del CNI y mayor acceso a la información que maneja el Centro
Con respecto a la primera, el Gobierno, a petición del PNV, ha iniciado la tramitación parlamentaria de dos leyes de 2002 que, a falta de que se puedan presentar enmiendas a la totalidad, ya cuentan con el respaldo suficiente para ser aprobadas.
De hecho, los partidos que ‘llevaron’ a Pedro Sánchez a la Moncloa ya han dado el visto bueno. Ambas se han aprobado esta semana por 177 votos a favor (los de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria) y 170 en contra (los del PP y Vox).
Con las dos proposiciones de ley (una para modificar la regulación del CNI y otra para incrementar el control judicial previo de sus actuaciones) «se está haciendo una cesión a partidos como Junts, el PNV o Bildu«, concesión que en 2022 fue rechazada por el propio PSOE, con el apoyo de Podemos, PP y Vox.
Eran otros tiempos y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión. Pero, en esta ocasión, «está en juego la seguridad nacional y la de los propios agentes del CNI», insisten las fuentes consultadas.
Porque, en virtud de estas dos iniciativas, «se ampliará el número de personas (políticos en este caso) que tendrán acceso a la información que maneja el CNI y también se ralentizarán sus misiones», porque una de las propuestas contempla, entre otros aspectos, que pasen de 1 a 3 el número de magistrados que actualmente autorizan (y supervisan) las operaciones de los ‘espías’ españoles.
La otra, que se amplíe (a personas ajenas a la estructura ‘de mando’ del CNI, que lidera Defensa) el acceso a las operaciones, informaciones e investigaciones del Centro, en el marco de una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que también le otorgará al Pedro Sánchez la potestad de nombrar a los máximos responsables del CNI.
«La labor de los agentes del CNI va más allá de lo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»
«Los agentes ‘de campo’ que trabajan en el CNI -explican estas fuentes- son agentes encubiertos que trabajan dentro y fuera de España y que se juegan la vida para tratar de anticiparse -mediante infiltraciones, investigaciones, etc.- y tomar las medidas pertinentes para, por ejemplo, que no se produzcan ataques dentro de nuestro territorio».
O, para clarificar aún más lo que hacen los ‘espías’ del CNI, las fuentes a las que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL especifican que la labor de estos agentes «va más allá» de las operaciones que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), «aunque a veces haya colaboraciones entre unos y otros».
«La labor del CNI es anticiparse y evitar que agentes extranjeros puedan atentar contra la seguridad nacional por procedimientos no habituales», y citan los casos de terrorismo a modo de ejemplo.
Para ello, y según estas mismas fuentes, «utilizan procedimientos que no se pueden revelar». «Y si esos procedimientos -añaden-, o la identidad de los agentes, cae en manos que no tiene que caer… la seguridad de los agentes y de los ciudadanos españoles queda comprometida».
«Nadie que esté fuera de la estructura del CNI debe conocer la información del Centro»
Lo mismo ocurre con otra de las iniciativas que se han aprobado esta semana en el marco de la Comisión de Investigación de los atentados del 17A. En este caso, los socios independentistas del Gobierno han pedido que se desclasifiquen parte de los documentos que tiene el CNI sobre esos ataques terroristas. Y Sánchez está dispuesto a desclasificarlos.
«Nadie que esté fuera de la estructura del CNI debe conocer la información del Centro», dicen con contundencia quienes conocen el funcionamiento de los servicios de Inteligencia. «Es un riesgo», añaden.
Actualmente, el CNI depende del Ministerio de Defensa, «y su estructura y sus procedimientos son secretos porque así lo marca la ley, y porque debe seguir siendo así para que sus operaciones lleguen a buen término en beneficio de la seguridad de todos», aclaran.
Además, aunque indirectamente dependan del Gobierno, es el Ministerio de Defensa el que ejerce el control del CNI «porque, aunque haya civiles trabajando en él, su estrategia es militar, hay efectivos de las Fuerzas Armadas y su estructura está ‘militarizada».
Por tanto y a modo de resumen, estas fuentes aclaran que si una investigación del CNI afecta a otros organismos, «es Defensa quien deben decidir qué información se traslada a dichos organismos». Incluso si se lleva a cabo una operación que afecte a los ciudadanos, «también se decide qué información puede ser de utilidad para la sociedad».
«Pero nunca -concluyen de manera contundente-, nunca, esa información debe caer en manos de personas que no sepan gestionarla o que la filtren de manera interesada (con fines políticos o de otro tipo); sólo debe saberse a través de los canales legales de comunicación».