«Nunca antes» se había vivido una situación similar en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas. Tiroteos «al aire» con armas de guerra que «parecían ser kalashnikov» (también conocidas como AK-47) se cernieron sobre este poblado sevillano, en el que viven alrededor de 30.000 personas.
La Policía Nacional realizó un despliegue sin precedentes (hoy lo ha vuelto a hacer) para frenar los enfrentamientos armados entre dos clanes del narcotráfico afincados en la zona: los Caracoleños y los Naranjeros.
Más de 300 agentes participaron en el dispositivo de seguridad el pasado sábado: Unidades de Intervención Policial, Unidad Aérea, Guías Caninos, Seguridad Ciudadana, equipos del Área de Seguridad y Protección Aérea con drones…
«Se acordonó toda la zona, se comenzaron a hacer entradas y registros, identificaciones» y un largo etcétera de operaciones policiales para «exhibir músculo y mostrar nuestras capacidades» en esta conflictiva barriada de la capital hispalense, «la zona de mayor exclusión social del Polígono Sur de Sevilla y la barriada de menor renta neta media anual por persona de toda España».
Quien lo narra en exclusiva para ESTRELLA DIGITAL es el policía Víctor Sepúlveda, secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), que está destinado en la Brigada Provincial de Policía Judicial en Sevilla.
Nueva operación policial en las Tres Mil Viviendas
Él mismo cuenta que el operativo policial continúa en la zona, con un despliegue, este mismo viernes, 18 de octubre, de cerca de un centenar de efectivos de la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción, además de investigadores de la Policía Judicial, para actuar en puntos concretos de la barriada.
«Las actuaciones -prosigue- se dirigen expresamente contra los cultivos de marihuana dentro de viviendas, y la posesión y uso de armas, después de que, tras el tiroteo del pasado fin de semana, ya fuesen decomisadas armas, munición y casquillos de proyectiles, y el miércoles pasado fuesen intervenidas más armas y drogas».
Los agentes buscan plantaciones de marihuana y armas de guerra como las que se emplearon en el tiroteo del pasado fin de semana. Unas armas que «están prohibidas» y que, aunque los agentes de la Policía Nacional «no corrieron peligro, nada tienen que ver con las armas que nosotros tenemos en dotación», se lamenta.
«Lo que está ocurriendo en las Tres Mil Viviendas no significa que no hagamos bien nuestros trabajo; es que nos faltan medios»
Llegados a este punto, el secretario provincial de la UFP comienza con sus reivindicaciones. Las de él y las del resto de sus compañeros de la Policía Nacional. Reivindicaciones que llevan años haciendo, con gobiernos de diferente signo político.
«Lo que está ocurriendo en las Tres Mil Viviendas no significa que no hagamos bien nuestro trabajo», responde al preguntarle sobre cómo es posible que armas de guerra se encontrasen en manos de los presuntos traficantes de droga que hay en esta barriada sevillana.
«Nosotros hacemos lo que podemos -defiende- con el personal y los medios que tenemos». Y ahí es donde entra a detallar que «el problema de Sevilla y de grandes ciudades con un alto índice de delincuencia» es, precisamente, «la carencia de efectivos y de medios» para hacer frente a este tipo de incidentes «tan graves».
«Que nos consideren profesión de riesgo… es cuestión de justicia»
Y se queja también Sepúlveda de que policías nacionales (y guardias civiles) no sean considerados «a estas alturas» una profesión de riesgo.
Al margen de los problemas presupuestarios que, según fuentes del Ministerio del Interior, «obstaculizan» la posibilidad de incrementar plantillas, completar la equiparación salarial, dotar con más medios a los agentes o reconocerles como profesión de riesgo (lo cual, simplificando, les dejaría en mejor situación económica de cara a su jubilación), para Sepúlveda lo grave es que «en operaciones de este tipo, y precisamente por falta de recursos, hay compañeros que se quedan en el camino».
Por ello, insiste en que el hecho de que su trabajo sea considerado «profesión de riesgo» (el Congreso ha dado luz verde esta semana a iniciar los estudios y modificaciones legislativas oportunas para lograr lo que demandan policías y guardias civiles) «es por justicia».
En la actualidad, trabajadores de la construcción, del ámbito sanitario, conductores de camiones, trabajadores ferroviarios… están incluidos en la consideración de profesiones de riesgo. «Que nos lo reconozcan a nosotros es cuestión de justicia», reitera, a modo de conclusión.