Después de casi una semana de intensas lluvias que han dejado a la provincia de Valencia sumida en la tragedia, los equipos de emergencia mantienen su ardua labor de búsqueda y limpieza en zonas devastadas. Bomberos y el Ejército, junto a otros efectivos, se centran en rescatar posibles víctimas en garajes y túneles aún anegados, mientras se trabaja para restablecer la normalidad en las áreas más afectadas.
Hasta el momento, la cifra oficial de fallecidos es de 215, según indicó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La delegada precisó que en superficie no se han encontrado más cuerpos, y ahora los esfuerzos se centran en revisar cauces y zonas subterráneas. En una comparecencia desde el Centro de Coordinación de Emergencias, Bernabé subrayó el papel fundamental de las brigadas de rescate en estos trabajos de achique y búsqueda.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reiteró el compromiso de mantener la comunicación oficial sobre el número de víctimas y pidió a la población evitar la difusión de rumores. Al inicio de la emergencia, se manejaban cifras de víctimas mayores, pero estas se corrigieron a medida que avanzaron las labores de verificación. En total, se contabilizan también fallecidos en Castilla La-Mancha y Andalucía.
La búsqueda de supervivientes se vuelve cada vez más improbable, por lo que los esfuerzos se orientan hacia la recuperación de cuerpos y limpieza de las áreas afectadas. En Valencia, el despliegue de efectivo ha alcanzado los 6.700 militares, con 5.000 del Ejército de Tierra, cifra que aumentará próximamente. Asimismo, se han sumado al operativo más de 1.700 bomberos y unos 6.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, además de fuerzas locales y de la Generalitat.
Centro comercial Bonaire en Aldaia, Valencia
En el centro comercial Bonaire de Aldaia, donde las autoridades temían encontrar víctimas en vehículos sumergidos, se han revisado 50 coches sin hallazgos de fallecidos hasta el momento. Los equipos continúan achicando agua en este estacionamiento, que cuenta con 1.800 plazas subterráneas, gran parte de ellas aún cubiertas de agua debido a las intensas precipitaciones.
Por otro lado, en comarcas como l’Horta Sud, Ribera Alta y Ribera Baja, los operativos se dividen en fases para abordar las labores de rescate, limpieza y reconstrucción. En l’Horta Sud, la búsqueda de desaparecidos en el río Magro y el barranco del Poyo cuenta con el uso de drones y unidades caninas. La Ribera Alta y la Baja, por su parte, avanzan hacia la limpieza de enseres y la restauración de la normalidad, mientras que Utiel-Requena trabaja en el restablecimiento de infraestructuras.
Tensiones políticas derivadas de la DANA
Las tensiones políticas no se han hecho esperar en torno a la gestión de esta crisis. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado al Gobierno central por la falta de recursos desde el inicio de la emergencia, y ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar habría «desactivado la alerta hidrológica» en tres ocasiones el día de las inundaciones. No obstante, el Ministerio de Transición Ecológica desmintió estas acusaciones, asegurando que la Confederación no es responsable de activar ni desactivar alertas públicas.
Por su parte, la UME ha defendido su actuación, explicando que solo pudo intervenir tras recibir la autorización del gobierno valenciano, como aclaró el teniente general Javier Marcos. En este contexto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instó al Gobierno a declarar la «emergencia nacional» para liderar las operaciones de recuperación.
A raíz de los altercados en Paiporta durante la visita de los reyes y altos funcionarios, el Gobierno y el Partido Popular han condenado de manera conjunta la violencia registrada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que los responsables de estos ataques eran organizados y confirmó que la Guardia Civil avanza en las investigaciones. Las reacciones han sido diversas: Vox ha minimizado la gravedad de los incidentes, mientras que Podemos sostuvo que la visita oficial “no debió haberse realizado”. La justicia ya ha iniciado una investigación sobre estos hechos para determinar responsabilidades.
General Marcos, jefe de la UME: «El aluvión de ayuda hay que gestionarlo con corazón y con cabeza»