Hasta en tres ocasiones, según ha podido saber ESTRELLA DIGITAL, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sacó adelante en el Consejo de Ministros la aprobación de inversiones que rondaban los 1,7 millones de euros con el objeto de contratar «las obras necesarias para subsanar los graves daños estructurales» que presentaba (y presenta) la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.
La primera inversión se aprobó en el Consejo de Ministros del 23 de noviembre de 2021 «para subsanar los graves daños estructurales» que presentaban «los pilares del bloque 2». El importe fue de 146.819,48 euros.
La segunda salió adelante en el Consejo de Ministros del 18 de enero de 2022 y en ella se ampliaba la «declaración de emergencia del presupuesto inicialmente estimado para financiar las obras necesarias para subsanar los graves daños estructurales» que presentaban «los pilares del bloque 2». El importe estimado fue de 115.123,24 euros.
Y la tercera de la que ha tenido conocimiento este diario se aprobó en el Consejo de Ministros del 31 de enero de 2023. Ésta fue la más cuantiosa: 1.529.682 euros para «la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños estructurales» que, ya por aquel entonces, presentaban «los pilares de los bloques 1 y 3» de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.
Algunos de los pabellones se encontraban en «riesgo de colapso» en enero de 2023
Esta última partida presupuestaria fue precedida de un informe técnico en el que la Dirección General de la Guardia Civil transmitió a los mandos de la Comandancia (el mismo 31 de enero de 2023) que se habían realizado «ensayos» que concluían que «la resistencia del hormigón de los pilares de los bloques 1 y 3» se encontraban «fuera de su límite».
Por consiguiente, se determinaba que no existían «condiciones mínimas de seguridad en la estructura de dichos bloques», por lo que, «ante la gravedad de la situación y el posible colapso estructural» de los mismos, la técnico consideraba «adoptar de inmediato medidas de seguridad» para «minimizar los riesgos para mejorar, en lo posible, la seguridad de los edificios y reducir el riesgo para las personas».
Meses de inacción del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil
La situación quedó ahí. Los alrededor de 160 guardias civiles (y sus familias, incluyendo a menores de edad) que vivían en la Comandancia… siguieron residiendo en ella.
Y, tras meses de inacción por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección de la Guardia Civil, el pasado mes de diciembre se requirió nuevamente información a la Dirección General del Cuerpo, a instancias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Se volvieron a realizar catas e inspecciones en los edificios y se concluyó que, aunque algunos tuvieron que ser apuntalados, «la seguridad de las personas» que vivían en esas viviendas estaba «garantizada».
Desalojo urgente y guardias civiles (y sus familias) «buscándose la vida» literalmente para encontrar nuevas viviendas
A finales de enero se comunicó a alrededor de 90 familias que antes del 15 de febrero debían desalojar sus viviendas (el resto tendrán que hacerlo también en las próximas semanas), sobre la base de un informe técnico (posterior al de diciembre, en el que su seguridad estaba «garantizada») que ninguno de los afectados pudo ver porque nadie se lo mostró.
Los guardias pidieron una moratoria con la ayuda de AUGC. La moratoria se les ha denegado por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y, aunque la Dirección General y el propio Ayuntamiento de Toledo han puesto a su disposición inmobiliarias y viviendas en acuartelamientos de otros municipios, ellos todavía no entienden cómo es posible que se haya jugado con su vida y que, si les afirmaron en diciembre que las viviendas eran seguras… en poco más de un mes hayan dejado de serlo.