Asociaciones de la Guardia Civil como AUGC y sindicatos de la Policía Nacional como UFP han mostrado su más enérgico rechazo a la cesión de competencias que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pactado con Junts, uno de sus socios de investidura, para ceder el control migratorio a Cataluña.
De aprobarse esta nueva exigencia del partido independentista (y todo indica que será así, a pesar de las reticencias iniciales del Ministerio del Interior, según ha podido saber este medio), el Estado cedería el control de la frontera entre España y Francia a los Mossos d’Esquadra.
Y esa cesión «pisotea la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece claramente en su artículo 12 que la competencia en materia de inmigración es exclusiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil», condenan desde la Unión Federal de Policía (UFP).
Carlos Quero, portavoz del sindicato policial, ha explicado a ESTRELLA DIGITAL cuáles son las funciones que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control migratorio.
«La Policía Nacional se encarga del control en los puntos de entrada y salida del país (como aeropuertos, puertos y estaciones internacionales), gestionando el paso de personas y vehículos, y asegurando la seguridad en las fronteras; y la Guardia Civil desarrolla su labor en la protección de la línea fronteriza, patrullando y controlando el acceso terrestre, con el objetivo de evitar el cruce ilegal de personas, contrabando y otros delitos».
Esas responsabilidades, que recaerían en los Mossos d’Esquadra de salir adelante el pacto PSOE-Junts, «es un movimiento político que supone un atropello legal, funcional y operativo sin precedentes», puesto que se violaría una Ley Orgánica en la que, a diferencia de las leyes ordinarias, se regulan derechos fundamentales y libertades públicas.
Delegación de competencias «a cambio de apoyos parlamentarios»
Además, y según la UFP, «delegando esta competencia tan crítica a las comunidades autónomas puede suceder (y sucederá, y si no… al tiempo) que una comunidad decida de forma unilateral tramitar más expulsiones, denegar más residencias, etc. si considera que le pueda dar rédito político o que puede ser bueno para sus intereses políticos en la región».
Y en la misma línea se manifiestan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): «Es un pacto que supone un nuevo mercadeo político, a costa de la seguridad pública y de la integridad de España», condenan. «Con esta cesión -añaden-, el Gobierno vuelve a actuar de espaldas a los ciudadanos y a los profesionales de la seguridad pública, entregando competencias exclusivas del Estado a la Generalitat, a cambio de apoyos parlamentarios».
«Esta medida -precisan desde el sindicato UFP- refuerza una realidad inadmisible: se está dando a Cataluña un tratamiento de Estado dentro de España, otorgándole competencias exclusivas que sólo corresponden al Gobierno central».
Y también añaden que el control fronterizo de Barcelona, como una de las principales puertas de entrada a España y Europa, «es un asunto de interés nacional y comunitario», por lo que consideran que «la seguridad de todo el país no puede depender de una estrategia de fragmentación política».
La AUGC anuncia que «estudiará todas las acciones a su alcance», y exige la dimisión de Robles y Marlaska
Así las cosas, tanto la AUGC como la UFP sienten que el Gobierno les ha «traicionado». De hecho, los guardias civiles aseguran que no están «en venta» y el sindicato policial «exige la inmediata rectificación de esta medida», porque «la cesión de competencias en extranjería es un ataque frontal a la legalidad y a la unidad de España», sostienen.
La AUGC, por su parte, ha anunciado que, «ante este nuevo golpe contra la seguridad y la dignidad de la Guardia Civil, estudiará todas las acciones a su alcance» para frenar la medida pactada entre el Gobierno y Junts.
También consideran que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, «deberían presentar su dimisión de manera inmediata para impedir que, con su apoyo, se dé un duro golpe a los miles de guardias civiles que han dedicado su vida a garantizar la seguridad y la unidad de España».