Si el cura de Canena se retrotraía a 30 años atrás para establecer diferencias entre el ayer y el hoy, en el caso de la reventa de entradas hay que ir incluso dos años más lejos, a 1982, para encontrar una legislación sobre un negocio en el que muchos todavía no saben si están atentando o no contra la ley.
La final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha servido una vez más para demostrar que, a diferencia de los «serenos», ya saben, los que en sus tiempo abrían las puertas de todos los portales en las grandes ciudades, los reventas sí han evolucionado, se han «reciclado», a su manera.
ESTRELLA DIGITAL quiso comprobar «in situ» cómo ha sido esa «evolución», y se personó en la fila de los atléticos que esperaban en el Vicente Calderón sacar una entrada para la final para ver cómo trabajan en esta época gente que ha pasado de la ilegalidad a una aparente legalidad.
La principal novedad es que ya no sólo hacen «cola» como los demás, pero siempre en los primeros lugares de la fila, sino que reparten propaganda con sus teléfonos, ofreciendo más que cualquier otra competencia. «Abordajes» a pleno día, y con la cara descubierta, mascullando entre dientes y en un tono sólo apto para oídos muy bien dotados, «¿quiere entradas?», muy pocos.
Legal o no
Quizás en el cambio haya tenido mucho que ver el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que data de 1982, creado con la intención de que se produjeran escándalos callejeros con motivo del Mundial de Fútbol, y en el que se especifica que «está prohibida la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades».
Reventa «callejera o ambulante». Nada de que se pueda hacer en una casa, en el interior de una nave o en un confesionario. Vamos, casi como el sexo. Por ese motivo es por lo que la llegada de internet en los noventa fue como la llegada del mismísimo maná para los profesionales del sector, que han terminado por convertir la red en su principal aliada.
Así han surgido incluso empresas como Ticketbis, Viagogo,Tengoentradas.com o Seatwave para lanzar su propio negocio de reventa en la web al entender que no está prohibida online. Para todas ellas no se puede hablar de «un vacío legal», porque creen que «en el Derecho español todo lo que no está regulado es legal», y todas están configuradas bajo el rol de intermediarios, con la intención de todos aquellos que tienen una entrada que no pueden usar puedan sacar algo dinero por ella.
¿Qué qué se llevan ellos con tanta «beneficencia»? Pues un 10 por ciento de la transacción, IVA aparte, a cambio de garantizar que se hace el envío y que la entrada no es falsa, para lo cual retienen el pago una semana hasta que se compruebe que es buena.
Lo único que sí marca la ley es que el precio establecido no puede «inflarse» más de un 20 por ciento sobre el precio original. Como se suele decir, hecha la ley, hecha la trampa, y ahí es donde entra aquello de que los usuarios tienen libertad para establecer el precio y que estas empresas no pueden hacer nada al respecto.
La «Champions»
Al margen de esas empresas de «intermediarios», y de otras páginas de internet en las que se «solicitan» entradas, la fila del Calderón nos permitió descubrir la existencia de otras que, a través de octavillas, se identifican como «de eventos», «de ámbito nacional» o incluso «de viajes», y que se ofrecen a comprar entradas para la final ofreciendo «máxima seguridad».
Unos ofrecen «máxima tasación», e incluso «discrección absoluta». Otros, «máxima seriedad». Unos incluso aclaran que «anticipamos el dinero si hace falta», antes de que los socios rojiblancos compraran sus entradas, y alguna no sólo compraba entradas sino que te ofrecía, en caso de que al final no pudieras acceder a las mismas, unos «paquetes» en los que se incluía el boleto, el viaje y hasta el hotel donde dormir.
Eso sí, a la hora de llamarles para ver hasta cuánto podría una persona obtener por su entrada (en la fila no había ni un solo hincha rojiblanco que se mostrara interesado en hacer esa llamada, tirando los papeles que les habían dado en cuanto se había marchado el repartidor de turno), las respuestas no siempre eran las mismas.
Y no por el precio en sí, que podía oscilar entre 100 y 300 euros en función del número elegido, sino por el trato que te daban. Decir que querías vender una, el cupo máximo que, por ejemplo, daban a cada abonado rojiblanco, era lo más normal del mundo para unos, atendiéndote con amabilidad, mientras que para otros era algo inaceptable: «¿Pero a quién se le ocurre comprar una sola entrada? Es que hay que estar muy mal para hacer algo así. ¿Qué hago yo con una sola entrada?».
Vamos, cualquier cosa menos amabilidad. Es decir, que en vez de agradecerte la llamada, porque al fin y al cabo, por mucho que te paguen, les estás haciendo un favor porque ellos van a hacer negocio seguro con esa entrada, te dejan como un tonto en una fórmula que a buen seguro no está contemplada en el reglamento de un buen vendedor.
El futuro del negocio
Así las cosas lo normal sería pensar que con esos modales el negocio se les podría acabar en breve, pero nada más lejos de la realidad, ya que este mercado sigue estando muy bien valorado por los usuarios, que recurren a él cada vez con más frecuencia.
Sólo si un «lobby», que demostrara que con este negocio la industria está perdiendo mucho dinero, presionara por ello al Gobierno podría hacer que éste se pensara la posibilidad de volver a regular el mismo.
En algunos países ya se ha regulado por ejemplo la reventa en internet bajo ciertos preceptos: como que la empresa organizadora del evento de el consentimiento expreso y que el sobreprecio de las entradas no traspase cierto porcentaje, algo que, como quedó reflejado con anterioridad, es casi imposible, hasta el punto de que los mismos implicados se cuidan muy mucho de que ninguna ley pueda ir contra ellos con triquiñuelas como vender bolígrafos y regalar entradas con los mismos. Así, nadie puede ir contra ellos.
Lo cierto es que en España, a diferencia de esos países que han regulado el sector, se estima que incluso sería un error prohibirlo, ya que hay muchas empresas que no son españolas que seguirían con el negocio de la reventa, pero con la diferencia de que no pagarían ningún impuesto por esta actividad. Sólo si el Ejecutivo ofreciera seguridad y garantías en cada transacción podría ser rentable el permitirlo bajo el amparo de la ley.