Los españoles consumimos 8.476 millones de bolsas de plástico cada año, una media de unas 180 por habitante y año, el equivalente a una cada dos días según la memoria de impacto normativo del Real Decreto sobre reducción del consumo de estos elementos, cuya entrega gratuita quedará prohibida el próximo año.
Lo recoge la memoria del análisis de impacto normativo del «Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el registro de productores de productos (REPP)» actualmente sometido a proceso de participación pública, que concluirá el próximo 15 de septiembre.
El ultimo borrador de Real Decreto de fecha de 25 de julio señala que a partir del primero de marzo del próximo año 2018 se prohibirá la «entrega gratuita» a los consumidores de bolsas de plástico ligera y con espesor igual o superior a 50 micras, exceptuando ligeras (aquellas que se usan para contener alimentos o por razones de higiene).
Aunque hay muchos establecimientos en los que ya se paga por las bolsas, a partir de dicha fecha, será obligatorio que los comerciantes cobren una cantidad, por cada bolsa de plástico que proporcionen y deberán informa de ello a los consumidores exponiendo los precios en un lugar visible.
La memoria de impacto del Real Decreto establece unos precios orientativos para estos productor en función de su espesor, así en las de menos de 15 micras para usos por razones de higiene o que se suministran como envase primario para alimentos a granel como frutas, legumbres, carne o pescado se fija en 5 céntimos de euro; entre 15 y 29 micras, 10 céntimos de euro y para las de más de 30 micras, 15 céntimos de euro por bolsa.
A partir de 2020 se prohibirá la entrega de bolsas de plástico ligeras o muy ligeras, excepto si son de plástico compostable, quedando además prohibida la entrega de las denominadas de plástico fragmentable.
Igualmente las de un espesor igual o superior a 50 micras (las de menos son ligeras) deberán contener un porcentaje mínimo de 30 por ciento de plástico reciclado.
El Real Decreto tiene como finalidad reducir el consumo de bolsas de plástico y cumplir con la normativa europea, incorporando la directiva de la UE de 2015, que obliga a informar sobre la cantidad de bolsas que se ponen en el mercado, lo que conlleva la creación de una sección de productores y un registro de los mismos.
La memoria de impacto detalla además que su puesta en marcha tendrá efectos positivos sobre la competencia y desde el punto de vista de las cargas administrativas supondrá un impacto de unos 3.400 euros para inscribirse en el registro y 136 euros anuales.
Esta medida supone un «ahorro» respecto a la presentación de información en las 19 CC.AA. y ciudades autónomas, que en conjunto requeriría para este trámite una cantidad superior a los 67.000 euros.
El gasto máximo en el consumo de bolsas hasta enero de 2020 se incrementaría en unos 653 millones de euros, lo que sumado a los a los 146 millones actuales (datos de 2014), supondría en conjunto algo más de 800 millones de euros.
No obstante, la aplicación del real decreto repercutirá positivamente en la reducción del número de bolsas de platico abandonas, por lo que tendrá impacto positivo en otros sectores como el turismo o los servicios de limpiezas.
Además la memoria contempla que la prohibición a partir de 2020 de las bolsas de plástico ligeras no compostables supondrá un aumento del uso de bolsas de otros materiales como papel o tejidos, además de otros contenedores como carros o cestos, lo que favorecerá el desarrollo de otros sectores industriales.
Los residuos plásticos y los microplásticos pueden originarse por múltiples objetos de este material botellas, bolsas u otro tipo de envases y envoltorios que una vez en el mar se van rompiendo en trozos cada vez más pequeños por acción del viento, la luz solar o el oleaje y según Greenpeace se han encontrado este tipo de residuos en el interior de mas de 170 especies marinas.
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