Sus quince claves son las siguientes:
1. El usuario tendrá el control de sus datos personales al exigirse su consentimiento expreso y explícito en el caso de que las empresas quieran utilizarlos para fines distintos para los cuales fueron recabados, una exigencia con la que se quieren evitar prácticas como la de hacer perfilados con los gustos del usuario para fines comerciales sin que el afectado lo sepa.
2. Las empresas están obligadas a informar de forma clara, concisa y sencilla al usuario sobre el posible tratamiento de sus datos bajo pena de multas por incumplimiento legal de hasta 20 millones de euros. En el caso de los partidos políticos, estos sí podrán «rastrear» según la ley sin aviso previo al ciudadano, aunque no podrán hacer perfiles ideológicos con esos datos, según el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que estará «muy vigilante» con lo que hagan esos grupos.
3. Los datos personales no podrán guardarse por las empresas más tiempo del necesario para el cual fueron recabados. En caso de disponer de ellos, el afectado tendrá derecho a acceder a los mismos, así como a que se le facilite una copia y toda la información adicional relevante (como el motivo del tratamiento de sus datos, las categorías de datos utilizadas, etc).
4. Se reconoce el derecho de portabilidad de los datos: si una empresa trata datos personales con el consentimiento del afectado o basándose en un contrato, éste puede pedirle que se los transfiera a él o a otra empresa cuyos servicios quiera utilizar.
5. Se reconoce al ciudadano el derecho a obtener confirmación de la empresa u organización cuando se le solicite si posee o no algún dato personal suyo.
6. Se fija en 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden dar consentimiento propio para el uso de sus datos personales.
7. Se protege el derecho a la intimidad de los trabajadores frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Además, se prohíben las videocámaras en áreas de descanso como comedores u otros espacios similares para ocio de los trabajadores.
8. Los empleados a los que la empresa facilite dispositivos que utilicen sistemas de geolocalización deben ser informados de ello.
9. Se establece el derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes de la sociedad de la información.
10. Se reconoce el derecho por parte de los familiares y herederos de las personas fallecidas a tener acceso y, en su caso, poder rectificar o suprimir los datos de los difuntos.
11. Se refuerzan las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet.
12. Se regulan los ficheros de morosos reduciendo de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas. Se establece en 50 euros la cuantía a partir de la cual se podrán incluir deudas en dichos sistemas, en donde hasta ahora no se establecía montante mínimo para hacerlo.
13. En el ámbito de la salud se garantiza que la protección de datos personales no pueda suponer un freno a la investigación biomédica especialmente la de carácter público.
14. En el caso de brechas de seguridad las empresas deben comunicar el incidente a la autoridad de protección de datos cuando puedan verse afectados derechos fundamentales de los usuarios en un plazo de hasta 72 horas desde que tengan conocimiento del mismo.
15. Se establece la figura del Delegado de Protección de Datos o DPO para determinadas empresas con el fin de garantizar la privacidad de la información tratada.
Redacción