Además, en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también ha abordado este viernes el Consejo de Ministros, se recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
La Ley incluye la redacción de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil y en base al mismo se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de esas ayudas y medidas.
Asimismo, contempla que al menos el 20 % de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo de carbono, exceptuando los recursos transferidos a las administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático, un objetivo que se revisará al alza antes de 2025.
A partir de 2020 los ingresos procedentes de subastas de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimento de los objetivos en materia de cambio climático y Transición Energética y, a través de los Presupuestos del Estado, se podrá destinar el 30 % de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.
Redacción