Organizaciones de defensa de la infancia consultadas coinciden en la urgencia de aprobar la ley de Protección Integral frente a la violencia contra los niños -paralizada por el final de legislatura- y hacerlo en los 100 primeros días del nuevo Gobierno, porque el sistema actual no garantiza la protección de los menores ante cualquier tipo de violencia.
Las últimas víctimas mortales de uno de los tipos de violencia que sufren los menores, la machista, han sido el joven de 15 años asesinado por su padre en Andorra (Teruel) y el niño de 11 años de Beniel (Murcia) también asesinado por su progenitor como una forma de venganza hacia su madre.
Pero hay muchas más víctimas invisibles cuyos casos, la mayoría, nunca se conocerán, alerta Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children.
«Nos preocupa que solo el 15 por ciento de los casos llegan a la policía o se denuncian, con lo cual los datos conocidos serían solo la punta del iceberg de una realidad mucho mayor».
Según los últimos datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, el 49 % del total de denuncias de violencia sexual tiene como víctimas a un menor de edad, destaca la experta.
Como ocurrió con la niña que huyendo de su padre se colgó en el tendedero, «los niños no denuncian por miedo y es que en la gran mayoría de los casos el agresor es del entorno de confianza del niño e incluso del familiar directamente».
«Llevamos años pidiendo la ley y luchando para que se apruebe porque el sistema actual no protege a la infancia lo que debía, falta un marco de protección completo», insiste.
¿Qué falla? «Hay una gran deficiencia en prevención, en detección y en la judicialización de los casos, contamos con profesionales que no tienen las herramientas para detectar y en muchos casos para denunciar los casos de violencia contra la infancia, tenemos muchos niños que no conocen sus derechos y que no saben donde denunciar y los sistemas no están adaptados para ellos presenten esa denuncia», enumera la experta de Save the Children.
La tramitación del anteproyecto de ley Orgánica de protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que ya había recibido el informe del Consejo del Poder Judicial, se ha quedado parada por la situación política, aunque según la experta, si el Consejo de Estado enviara su informe, el Ejecutivo en funciones podría seguir con la aprobación del proyecto de ley para su remisión al Parlamento.
La ley incluye la modificación de once leyes para convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los menores como titulares de derechos subjetivos, y establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo.
«Se necesitan ya acciones y un compromiso tanto del Gobierno como del resto de los partidos, porque no se puede utilizar esta ley como un arma política de tira y afloja una vez que llegue al Congreso», opina Del Moral.
Desde la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial reclama que su aprobación «sea prioritaria, de estado y que su debate parlamentario sea rápido y ágil para que se apruebe en 2020».
«La ley va a incidir en la prevención que falla mucho en España y en otras medidas, pero sobre todo es necesario ese cambio de mentalidad que va a traer la ley», señala.
Destaca la importancia de «cambiar esa percepción hacia la violencia que hay en España, la violencia de la infancia permanece oculta, no se quiere entrar a veces y hay una cierta tolerancia».
«Hay que cambiar ese paradigma y esa falta de concienciación de rechazo de que la violencia nunca es tolerable ni justificable, no puede ser una herramienta educativa», añade.
Para la responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, es esencial «la formación de los profesionales que inciden en los niños y crear entornos de protección para que se pueda identificar y proteger mejor a los niños».
«El primer obstáculo es la denuncia, pero luego la violencia encuentra más obstáculos, como el sistema judicial que no está adaptado a los niños; es necesario que los sistemas judiciales se adapten a sus ritmos para que su paso por el sistema judicial no les revictimice».
La experta coincide en que el «sistema tiene muchas carencias». «Existe un sistema de protección que da respuesta, pero el problema es que no es una respuesta integral con todas las herramientas para que se entienda a los niños y se adopten medidas de manera urgente».
«Debe ser una cuestión prioritaria de los primeros cien días del Gobierno adoptar medidas para que la ley se pueda tramitar», insiste.
«Quedan muchos espacios que no son seguros y deben serlo, como los colegios o los centros deportivos y de ocio», concluye la especialista de infancia.
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