martes, noviembre 26, 2024
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Mediavilla (PNV) denuncia una «escalada preocupante de recentralización»

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En un artículo que publica en su «blog» en internet, el dirigente nacionalista ha señalado que en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 observa «una creciente tentación por la centralización de decisiones políticas echando por tierra el marco de descentralización autonómica y el autogobierno legalmente establecido».

Mediavilla ha puesto como ejemplo diferentes actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que «el último episodio de esta escalada preocupante de recentralización» es el acuerdo en el Ejecutivo sobre una renta mínima vital, una medida «de calado, de la que nada se sabe en el Gobierno Vasco», ha evidenciado.

El representante del PNV ha explicado que esa renta sería una especie de subsidio general similar a la renta de garantía de ingresos (RGI) existente en Euskadi y ha advertido de que su implantación puede tener «importantes afecciones» en el País Vasco en función de si será compatible o no con la RGI o si su gasto en el Estado se computará en el cupo vasco.

Mediavilla ha criticado que el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, «presiona para que el Ejecutivo de Sánchez presente esta opción ya, sin consenso alguno ni tan siquiera información».

A su juicio, «el líder de Podemos quiere dejar claro cuanto antes su relevancia en el Gobierno y para visualizarlo le importará un carajo sacrificar la autonomía vasca con la RGI frente a su ‘influencia’ en toda España».

«Aquí se verá el ‘federalismo’ del jefe de los morados. Un federalismo centralista, jacobino y centrípeto nuevamente», ha censurado el representante del PNV, quien ha opinado que «Pablo Iglesias, y otros como él, se han subido a la parra».

Mediavilla también ha criticado otras actuaciones del Gobierno central como la decisión del Ministerio de Trabajo de «eliminar los fondos autonómicos de las políticas activas de empleo» o «el supuesto acuerdo con el mundo educativo» anunciado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, que explicitaba que el curso escolar finalizará el 30 de junio y otras consideraciones «sobre las que no tiene competencia ni poder alguno», ha afirmado.

«¿Por qué anunciar decisiones de este calado a bombo y platillo si no tiene capacidad alguna sobre ellas? ¿Por puro protagonismo o porque tiene la intención de imponer su criterio sin base jurídica?. Veremos», ha indicado el dirigente nacionalista. 

Estrella Digital

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