Para estas organizaciones, es hora ya de que se ponga en marcha ese plan, que, en su opinión, debe recoger el mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal para que se reduzca la población reclusa.
Según ellas, «hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias».
No obstante, ven urgente que «de forma generalizada se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas».
Igualmente, recomiendan que se progrese al tercer grado, o régimen abierto, a presos con condenas cortas o a los que ya habían disfrutado de permisos antes de coronavirus y a los que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena.
Por otro lado, piden que se reactiven las actividades de tratamiento y las formativas, así como que se mantengan las videollamadas con las familias que se han podido hacer durante el confinamiento.
«Es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de los familiares», insisten estas organizaciones.
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comision Legal Sol, Etxerat, el Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona o la Red ciudadana Sare son algunas de las organizaciones firmantes.
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