Iglesias ha comparecido ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, por vez primera, para explicar las líneas generales de su departamento en una exposición marcada por la gestión que el Ejecutivo de coalición ha hecho del coronavirus y los planes que quiere poner en marcha una vez activada la desescalada.
Por lo pronto, el ministro de Derechos Sociales ha confirmado a los senadores que el ingreso mínimo vital que Unidas Podemos ha defendido en el seno del Gobierno será aprobado por el Consejo de Ministros «en los próximos días» y les ha adelantado que tendrá en cuenta los hijos a cargo.
Ha garantizado que se podrá cobrar «desde el mismo día de su aprobación» y que será compatible con otras ayudas similares de las comunidades autónomas, que los senadores de formaciones del País Vasco, Cataluña y Baleares le han recordado que deben ser respetadas en el marco de la cogestión que reclaman para todo lo que tenga que ver con la pandemia, el desconfinamiento y el «escudo social».
No en vano, las comunidades y los ayuntamientos han estado muy presentes en el discurso con el que Iglesias ha desgranado sus planes dentro de un proyecto que cree con más sentido que nunca y para el que reclama el mayor consenso buscando no salir de esta crisis como ocurrió con la de 2008, cuando se creó «más desigualdad, menos cohesión social y unos servicios públicos debilitados».
Es la tasa para grandes fortunas el más polémico, y lo ha reivindicado al apostar por revisar el sistema fiscal y «algunos privilegios inaceptables» de grandes empresas, bajo el supuesto de que no cree que «a nadie con más de un millón de euros le suponga ningún problema» hacer «un ejercicio de patriotismo fiscal».
También ha anunciado la pronta recuperación de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que quedó paralizada por el estado de alarma, y ha abordado con detenimiento uno de los puntos del sistema que más debilidad ha demostrado, las residencias de ancianos, cuya gestión privada en un 75 por ciento ha cuestionado.
Se ha comprometido a desarrollar un plan de acreditación de calidad de las residencias de mayores que incluya reforzar «significativamente» la financiación de la atención a la dependencia, mejorando las condiciones de sus trabajadores y también con la pretensión de reducir las listas de espera.
Pero, ha apuntado que estas «carencias estructurales» del modelo deberán resolverse con un «importante esfuerzo» en los Presupuestos Generales del Estado, lo que implica el apoyo de más partidos.
En suma, ha abogado por un «consenso transversal» que ha orientado a los acuerdos en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, abierta en el Congreso, y que deberían ser no ya un programa de Gobierno sino «un programa de país».
«La mano del Gobierno está tendida a todos los grupos políticos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para hacer realidad, en el marco de la Constitución española, esos grandes consensos de reconstrucción de lo común, de los servicios públicos y de los dispositivos de protección social que nos unen a todos y que son los que hace que podamos hablar de democracia», ha proclamado.
Iglesias ha tenido enfrente a un PP cuyo portavoz, Bienvenido de Arriba, ha negado la mayor, esto es, que hubiera más desigualdad, pobreza y exclusión cuando gobernaba Mariano Rajoy, para a renglón seguido desacreditar la «ineficaz» gestión gubernamental de la pandemia y augurar precisamente que esas lacras seguirán subiendo.
También ha reprobado duramente al Ejecutivo el senador de Vox Jacobo González Robatto, para quien ha aprovechado el coronavirus para «poner en marcha su régimen totalitario y comunista».
Los portavoces del PNV, ERC, JxCAT y Més per Mallorca han puesto énfasis en la necesidad de respetar las competencias sociales de las autonomías y que para muchos de ellos se han puesto en cuestión con el mando único del estado de alarma, mientras Ciudadanos ha apoyado la armonización de las rentas mínimas autonómicas.
Al portavoz de Teruel Existe, Joaquín Egea, le ha reconocido que «el gran problema territorial en España» es la brecha entre la España urbana y la rural; pero ha aprovechado para apuntar que «si no hacemos una reforma fiscal, va a ser muy difícil que el mundo rural se acerque a tener las oportunidades que tienen otros territorios menos desfavorecidos».
Iglesias ha concluido sus cinco horas de comparecencia con un llamamiento a cambiar el sistema fiscal, porque, de lo contrario, ha recalcado, «es muy difícil que los derechos sociales se conviertan en realidad para todo el mundo».
Y todo ello en un nuevo momento histórico donde la izquierda y la derecha están llamadas a ponerse de acuerdo, porque ahora -ha dicho- ya no sirve una geometría «simple» de que la izquierda protege el gasto social frente a una derecha preocupada por el gasto público.
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