El Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión del Congreso para la Reconstrucción ha escuchado los testimonios de Carlos Susías, (Red Europea contra la Pobreza), Natalia Peiro (Cáritas), Lara Contreras (Oxfam Intermón) y Paloma Favieres (CEAR), entre otros responsables de entidades sociales.
«Es importante salir de la crisis reforzando el sistema público y para ello es vital más recaudación; el haber recortado en salud, nos ha costado la vida de muchas personas», ha aseverado Lara Contreras, «y de cara al futuro, no podemos dejar morir a la gente porque no hayamos aprendido que es necesario invertir no solo en salud, sino en protección social para salir de una crisis como esta».
La salida a esa crisis debe convertirse en una oportunidad para plantear reformas, como la de la Constitución para proteger y garantizar los derechos sociales, igual que los civiles o los políticos, han argumentado la responsable de Incidencia de Oxfam y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró.
También, desde Cáritas, su responsable ha reclamado el reconocimiento del derecho pleno de las trabajadoras del hogar a una prestación por desempleo, garantizar la vivienda y un sistema de cuidados universal y de calidad o paralizar los desahucios cuando no haya alojamiento alternativo.
Las entidades sociales se han referido a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital como un paso decisivo para reducir las desigualdades y combatir la pobreza que ha crecido por la pandemia y que sufren «muchos de los profesionales imprescindibles en esta crisis, como los trabajadores del hogar, repartidores, cajeras de supermercado o trabajadores del campo», han recordado en el Parlamento.
«No es solo una cuestión de justicia social, sino también de inteligencia económica», ha defendido el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, Carlos Susías, quien ha opinado que el ingreso mínimo es necesario, acertado y mejorable, y debe coordinarse con los recursos de las comunidades autónomas.
Sobre la situación de los migrantes, las ONG han reclamado una regulación extraordinaria para los migrantes que ya están en España, una flexibilización de los criterios de renovación de las autorizaciones de residencia o trabajo y la no apertura de los CIE, entre las propuestas.
«Tienen que hacer algo, la solución no puede ser nada; hay un montón de personas extranjeras en situación irregular que no pueden trabajar, ni participar en procesos de integración», ha dicho Susías, quien ha aseverado que «la gente se mueve porque hay guerras o porque les matan, no vienen a cobrar una prestación», las «personas pobres tampoco» .
Desde CEAR, Paloma Favieres ha urgido a garantizar los derechos de los migrantes y de los solicitantes de asilo, poniendo en marcha medidas urgentes que permitan esa regulación extraordinaria y que «garanticen la igualdad de condiciones» teniendo en cuenta su gran aporte a la sociedad.
En el turno de intervención de los grupos, la diputada de VOX Rocío de Meer ha argumentado que medidas como el ingreso mínimo vital favorecen el efecto llamada y ha lamentado que «la esperanza demográfica» sean los migrantes, en lugar de articular políticas de natalidad.
Desde el PP, Rosa María Romero se ha posicionado en contra de flexibilizar medidas de regulación para los migrantes, excepto por causas laborales, y ha alertado también del efecto llamada y del riesgo sanitario de la movilidad de los migrantes durante la pandemia.
«Habrá efecto llamada si la economía va bien, vamos a seguir deseando que se produzca ese efecto porque será un indicador de que avanzamos económicamente», ha respondido el diputado del PSOE Pau Marí-Klose, quien ha reclamado consensos amplios para avanzar de manera firme hacia una inmigración regularizada que contribuya al crecimiento económico del país.
La diputada de Bildu, Isabel Pozueta, ha insistido en la urgencia de la reforma laboral para dignificar a los trabajadores.
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