Lo ha indicado en el pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Purificación Causapié sobre los criterios que se han utilizado para la elaboración de los protocolos de derivación de personas mayores con COVID-19 procedentes de residencias a centros hospitalarios.
Ruiz Escudero ha asegurado que el criterio que se ha utilizado tanto para la elaboración del protocolo como para la atención hospitalaria a los pacientes con COVID-19 procedentes de las residencias de mayores ha sido «única y exclusivamente clínico».
«Ha habido hasta seis versiones del protocolo», ha admitido Ruiz Escudero, quien ha apuntado que en algunos medios de comunicación se publicó un borrador «enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios».
Los protocolos definitivos de actuación en residencias se enviaron el 25 de marzo a los centros socio-sanitarios, contando con el consenso de todos los coordinadores de Geriatría de los hospitales de la red pública, según el consejero.
En todos estos documentos, según Ruiz Escudero, se especifica «claramente» que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico, para el traslado a un hospital de los casos de residentes con enfermedad terminal, que se encuentren en cuidados paliativos y alto grado de fragilidad.
«No voy a admitir, ni a ustedes ni a nadie, que se instrumentalice políticamente un error más que evidente, ni que utilicen un caso como el de Parla para elevarlo al nivel de categoría», porque «además de faltar a la verdad, entraña otro tipo de responsabilidades», ha manifestado el consejero de Sanidad.
Por su parte, Causapié se ha referido a cuatro documentos «en papel oficial, firmados por el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur», en los que «no pone borrador».
En estos documentos, se establecen criterios de derivación que tienen que ver con la situación de discapacidad, con la dependencia, con el deterioro cognitivo y se señala «claramente» que «no se derivarán», ha resaltado la diputada socialista.
Causapié ha afirmado que «este es un elemento de discriminación y de vulneración de derechos fundamentales», como denunció el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y las organizaciones de familiares, que lo han llevado a los juzgados.
Posteriormente, el vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), ha lamentado que le pidan responsabilidades por las muertes de mayores en residencias, cuando fue el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP), el que, según él, dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias de mayores.
Durante su intervención ante la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Iglesias ha señalado un documento «que demuestra que había órdenes del Gobierno de Madrid de rechazar el traslado de ancianos a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia.
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