Estos son el director general de mayores y personas con discapacidad, Ildefonso de la Campa, y la jefa del servicio de inspección de mayores, discapacidad y dependencia, Berta Besada.
Esta querella criminal, presentada en los juzgados de A Coruña, es la segunda presentada por familiares de usuarios de las residencias DomusVi en Galicia (la anterior estaba relacionada con el centro de Aldán, en Cangas), en la «serie» de querellas que prepara el despacho de abogados Pérez-Lema en colaboración con REDE.
Más allá de una atención inadecuada previa a la pandemia -hablan de una «pérdida alarmante» de peso, cambios en la medicación que relacionan con un síncope y de «magulladuras y derrames» sobre los que no recibieron ninguna explicación-, los familiares de esta residente centran su querella a partir de la declaración del estado de alarma.
En concreto, alegan que una vez que les confirmaron el positivo de su madre por COVID-19 les informaron de que le suministrarían antibióticos debido al empeoramiento de su estado de salud y que si empezaba a tener insuficiencia respiratoria se le suministraría morfina.
Los familiares indican en su querella que solicitaron la remisión de su madre al complejo hospitalario de A Coruña y que desde la residencia les respondieron que «no es candidata a UCI» y que solo se derivaba a quienes el médico consideraba que se podían «salvar».
Concluyen que no se le prestó asistencia médica una vez le fue diagnosticado el virus y que la confinaron en una habitación «esperando a su fallecimiento».
En su querella, califican los hechos descritos como susceptibles de ser encuadrados en los delitos de omisión del deber de socorro, de abandono de incapaces, de homicidio por imprudencia profesional grave y de lesiones por imprudencia profesional grave.
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