Son dos fórmulas anunciadas este miércoles por la ministra de Educación, Isabel Celaá, que deberán estudiarse mañana en la Conferencia Sectorial.
Sobre otras medidas a consensuar, Celaá ha insistido en defender el uso de la mascarilla en las escuelas a partir de los 6 años y por un método combinado de toma de temperatura, a la entrada al centro y en las aulas.
Ha considerado que «la presencialidad es el concepto general sin excluir otros», y que si hay que priorizar la presencialidad «será para infantil y primaria y hasta los 14 años aproximadamente».
Por otro lado, Celaá ha considerado que existe una «alarma excesiva» sobre la vuelta al colegio mientras que desde la oposición o desde el movimiento estudiantil se sigue criticando la forma de iniciar el curso 2020-21.
El Sindicato de Estudiantes (SE) ha anunciado que convoca una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre como medida de protesta por las condiciones del nuevo curso, ya que temen que se vuelva a repetir el «desastre» de la educación «online» del último.
La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha pedido a los ministros de Unidas Podemos que no apoyen «el caos que se está viviendo a principios de curso», y se pongan al lado de los que defienden la escuela pública.
Esas protestas se unen a otras convocadas por la Marea Verde y los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM en la comunidad madrileña para este mes de septiembre.
No obstante, CCOO y la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES) no descartan movilizaciones en otras comunidades que no garanticen una vuelta segura a las aulas, ya que han denunciado falta de previsión para la planificación del curso y han exigido inversión para garantizar la presencialidad en los colegios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a Gobierno y comunidades a que asuman sus responsabilidades y adopten mañana medidas claras para una vuelta segura al cole y califican de «inadmisible» que se pretenda duplicar el trabajo del profesorado reduciendo ratios de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad, pero sin una dotación adecuada de recursos humanos.
El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha mantenido un encuentro con los consejeros y portavoces de Sanidad y Educación populares y se ha reclamado al Gobierno un plan con elementos «claros y coordinados» para todas la autonomías, como test diagnósticos para profesores y trabajadores.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha detallado que se apuesta por la presencialidad en las aulas, siempre que se pueda hacer de manera segura, y ha insistido en que «lo que se haga en un lugar de España para prevenir la infección por el virus tiene que ser igual o semejante a lo que se haga en otro lugar».
Por su lado, Ciudadanos ha registrado varias iniciativas parlamentarias, entre ellas preguntas por escrito al Gobierno sobre la actividad de la comisión de trabajo creada por el Ministerio de Educación para el seguimiento de la pandemia o sobre la obligación de los padres de firmar una declaración responsable antes de llevar a sus hijos a los centros establecidos por algunas autonomías.
Este miércoles se ha sabido precisamente que Celaá comparecerá en el Congreso el próximo lunes 31 de agosto para explicar las medidas acordadas para el regreso a las aulas de más de 8 millones de niños y más de 700.000 docentes.
Izquierda Unida ha exigido por su parte que Educación y las comunidades acuerden «de inmediato» una reducción efectiva de las ratios de alumnos para garantizar un curso presencial seguro.
Y las comunidades han seguido asimismo pronunciándose este miércoles sobre la vuelta a clase.
Así, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que la ayuda a domicilio que hasta ahora se prestaba para personas dependientes se adaptará a la crisis del coronavirus y se ofrecerán ayudas para que las familias puedan contar con cuidadores para escolares aislados por sospecha o confirmación de covid, además de extender las de excedencia y reducción de jornada.
Preguntado por el miedo de las familias a llevar a sus hijos al colegio, el presidente ha insistido en que la educación es un derecho fundamental de los niños y «obligatorio», por lo que ha descartado que los padres deban plantearse generar el absentismo de sus hijos.
Desde Baleares, el director general de Planificación, Ordenación y Centros de la Consejería de Educación, Antonio Morante, ha explicado que los centros deberán aislar a los alumnos que presenten síntomas compatibles con la covid-19 para evitar brotes durante el nuevo curso.
El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha señalado que, aunque la educación infantil de 0 a 6 años no sea obligatoria, desde la Junta recomiendan y «fomentan» que esos niños vayan a clase, ya que son unos «fervientes convencidos» de que es una formación «fundamental».
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