En su Memoria de 2019, el Ministerio Público indica que en 2019 se incoaron 1.934 procedimientos por abusos y agresiones sexuales cometidas por niños y adolescentes, un 5 % más que en 2018: mientras los abusos sexuales (1.370) subieron un 15 %, las violaciones (564), descendieron casi un 13 %.
La Fiscalía subraya que «resulta verdaderamente preocupante» la implicación creciente de menores en delitos contra la libertad sexual y destaca que numerosas secciones provinciales han alertado de conductas de contenido sexual a edades muy precoces, cada vez más tempranas, «a veces de niños impúberes».
Esta situación responde a «un problema educativo en origen», se apunta en la Memoria, que explica que se detectan en los menores denunciados graves carencias de formación en materia sexual y que el consumo de pornografía a edades tempranas puede estar «en la raíz de una buena parte de los hechos cometidos por menores de edad inferior a los 14 años».
La Fiscalía vuelve a poner de relieve que los menores tienen conductas sexuales en grupo «y a menudo son grabadas y difundidas a terceros».
En 2019, 192 menores fueron violados (un 14 % más que en 2018) y los abusos cometidos contra menores subieron un 6 % (847 frente a los 792 de 2018). Se trata de los datos de delitos calificados por la Fiscalía.
En comparación, las víctimas de agresión sexual mayores de 18 años fueron 930 (un 13 % más) y de abuso sexual, 1.606 (un 16 % más).
La Fiscalía ha detectado un aumento en las denuncias formuladas por la comisión de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, que «suelen ser delitos de difícil acreditación» porque suelen cometerse en el ámbito íntimo.
La Memoria de 2019 incide en la tendencia al alza de acoso sexual a menores a través de las nuevas tecnologías: 225 delitos informáticos de abuso, un 77 % más que en 2018.
«Es especialmente preocupante el hecho de que, en una parte relevante de los casos, el contacto inicial que deriva en un abuso o agresión sexual se produce a través de las distintas redes sociales a las que tienen acceso libre los menores», afirma el Ministerio Público.
La Fiscalía insta a ampliar el concepto de violencia sobre la mujer establecido por la Ley contra la Violencia de Género y pasar a una definición legal que incluya también a la violencia sexual, el acoso laboral, la mutilación genital y/o el matrimonio forzado.
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