España entra en la Unión Europea en 1986, se avecinan años de prosperidad y de democracia. Entre uno de los requisitos indispensables para empezar a formar parte de la unión, se encontraba que el país debería de garantizar la propiedad privada e instaurar un Estado de Derecho claro y sólido. Lo segundo actualmente pende de un hilo y lo primero directamente ya no es posible, sí, España no garantiza la propiedad privada de sus ciudadanos en la actualidad.
El 23 de diciembre del 2020 el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias legislaron en el Real Decreto-ley 37/2020, del 22 de diciembre, publicado el 23 de diciembre en el BOE, en su artículo 7 que prohíbe las desokupaciones en los siguientes supuestos:
b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito
d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas. Las okupaciones en general no son para llevar a cabo actividades ilícitas si no para tener ilegalmente una alternativa habitacional.
Por si no fuera del todo contundente la defensa de la okupación por parte del gobierno social-comunista, el 20 de enero del 2021 se modifican los apartados b y c del artículo 7 relacionados con el procedimiento de desokupaciones, donde se pasa a decir lo siguiente:
b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada. Si os fijáis aquí el gobierno ya abre el abanico de titularidades de vivienda tanto de particulares como de personas jurídicas para amparar todavía más la okupación.
c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas. La mayor parte de la okupación no se produce mediante violencia contra los propietarios, al contrario, de forma pacífica mientras éstos no se encuentran en sus domicilios.
Mientras la mayor parte de la Unión Europea legisla para endurecer las medidas contra la okupación que se incrementará en los próximos años fruto de la crisis económica ocasionada por la Covid-19, España hace el efecto contrario, amparar a los okupas que cada vez son más atentando contra la propiedad privada pilar fundamental del citado Estado de Derecho. La oposición debe salir duramente a las calles, se está a tiempo de que nuestra democracia no se vea destruida porque en este contexto el tiempo corre negativamente para los demócratas y quizá cuando se quiera actuar, sea demasiado tarde.
Jaime Caneiro