viernes, noviembre 22, 2024
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La población inmigrante, una de las principales víctimas de la pandemia

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Es una de las conclusiones a las que han llegado los directores científicos del Anuario de la Inmigración 2020 de CIDOB, que ha sido presentado este miércoles bajo el nombre «Inmigración en tiempos de COVID-19».

El deterioro de la economía, aunque «generalizado e integral», ha sacudido con especial dureza a la población inmigrante: la tasa de paro de este colectivo alcanzó el 24,9 % a mediados de año, retrocediendo a niveles de 2017, lo que supone que uno de cada cuatro trabajadores extranjeros estaba en el paro.

«La covid ha puesto en primer plano los problemas de la inmigración», ha aseverado Ramón Mahía, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha subrayado que pese a que este colectivo ha sido de los más castigados en la pandemia, la economía española se ha nutrido de su mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la producción de alimentos y el trabajo doméstico y de cuidados, con unas «penosísimas condiciones».

Un mayor impacto de la crisis que no sólo resulta del mayor riesgo que tienen los inmigrantes de perder su empleo, sino que se trata de un colectivo doblemente vulnerable: tienen escasos ahorros –o ninguno– con los que amortiguar los períodos de crisis, lo que se agrava al no disponer de redes familiares de apoyo.

En un año marcado por la pandemia, la necesaria restricción de la movilidad impuesta por gobiernos de todo el mundo para contener el virus, ha provocado por primera vez en muchos años un «desplome» en los flujos migratorios, que tardarán tiempo en volver a niveles precovid.

Sin embargo, las llegadas irregulares a las costas españolas aumentaron en 2020 (un 29 % respecto al año anterior) y superaron en número (41.861) a las de Italia y Grecia. Un incremento que se explica por la reactivación de la ruta atlántica: Canarias ha recibido a la mitad del total de los llegados a España en 2020.

Sobre la crisis de recepción generada en las islas y los recientes episodios xenófobos, Blanca Garcés, coordinadora de investigación de CIDOB, ha asegurado que no sólo tiene que ver con el aumento de llegadas, sino con un «déficit de coordinación» entre administraciones, la falta de infraestructuras y condiciones dignas en la acogida, así como con el rechazo de traslados a la Península.

«Es una política que crea espacios cerrados en frontera para hacer un cribado rápido y ver si esa personas están sujetas a protección internacional o se las deporta», lo que parte de una «falacia» ya que las políticas de retorno no funcionan: «Sólo un tercio de los que reciben una orden de expulsión son finalmente deportados. Es costoso, lento y necesita colaboración de los países de origen y tránsito».

La parálisis de la Administración durante la pandemia ha lastrado el sistema de gestión de extranjería, que, según Mahía, ha estado «cerca del colapso».

«El coronavirus ha presionado las costuras del sistema, pero es verdad que hemos aprovechado la covid para echarle la culpa de todo y no es así. Si fuera la causa de todo esto, la vacuna pondría solución y no va a pasar porque los defectos del sistema ya estaban ahí», ha opinado el profesor.

Garcés ha valorado que en 2020 se haya anunciado la reforma del sistema de asilo y ha confiado en que se amplíe la capacidad de acogida de España, que actualmente cuenta con una tasa de cobertura de sólo el 11 % de los solicitantes de asilo, muy lejos del 79 % de Alemania o el 64 % de Francia.

Está por ver si la recuperación de la movilidad implicará un aumento de las solicitudes de asilo, además de ver cómo se gestiona el sistema de acogida lo que implicará la mejora o el agravamiento de las situaciones de exclusión social.

Otra de las conclusiones que apunta el anuario es la multiplicación de casos de exclusión sanitaria que han sufrido en pandemia las personas inmigrantes, cuya vulnerabilidad «no parece haber representado una prioridad en la agenda» de la mayoría de los gobiernos.

En este sentido, los directores científicos han confiado en que la estrategia de vacunación del Gobierno no deje atrás a los inmigrantes que hay en España, independientemente de su situación: «Se hará una campaña excepcional con los ojos cerrados y se vacunará a todo el mundo que pase por allí», ha deseado Mahía.

En el plano internacional, el catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Arango ha vaticinado que la nueva Administración Biden va a poner fin a cuatro años -los de la presidencia de Donald Trump- «de ominosos y virulentos ataques a la inmigración y al asilo».

«Sin llegar a los extremos de crueldad de las políticas de Trump», Arango ha afirmado que algunas de las que practica la Unión Europea, como las devoluciones de embarcaciones a Libia, «no dejan de resultar despiadadas e impropias de democracias liberales con sentido humanitario». EFE

C.N.

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