En un comunicado, SATSE también ha reclamado «mayor agilidad» en la recopilación de datos sobre agresiones a sanitarios porque «no es razonable que el último informe presentado sea de 2017-2018 y no se conozca oficialmente la realidad actual» cuando esta organización sindical «ha constatado un aumento de agresiones después del periodo de emergencia sanitaria».
A tenor de las denuncias recibidas los últimos meses, el sindicato ha estimado que las agresiones han vuelto a aflorar tras el confinamiento domiciliario, y cada vez son más frecuentes los episodios de violencia verbal, como insultos o amenazas, aunque también se han denunciado los de carácter físico, empujones o golpes.
«No es de recibo que aún no se conozca lo acontecido en 2019 y, sobre todo, en 2020, de cara a poder adoptar las actuaciones necesarias para acabar con un grave problema que afecta a ocho de cada diez profesionales de la enfermería», ha señalado esta organización sindical.
Para SATSE, la solución a este «grave problema» pasa por aprobar una norma estatal que implique y obligue a todas las administraciones públicas sanitarias, así como a la sanidad privada y concertada, y adoptar todas las medidas necesarias a nivel preventivo y de actuación en defensa del profesional.
En la actualidad, según SATSE, cada servicio autonómico de salud establece los protocolos a seguir de manera «independiente y descoordinada» por lo que ha apelado a una respuesta «conjunta y eficaz» en todo el país a través de la aprobación de una norma estatal.
En ese sentido, la organización sindical ha recordado que hace unos meses elaboró un borrador de anteproyecto de ley que establece un amplio conjunto de medidas para proteger a todos los profesionales sanitarios víctimas de agresiones, y que ya ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a los principales partidos políticos.
Entre otras actuaciones contempladas en la propuesta de SATSE se encuentra la de crear un observatorio sobre la violencia en el ámbito sanitario que permita hacer una radiografía detallada del problema en las diferentes comunidades de cara a adoptar las soluciones necesarias en cada momento.
Asimismo, se establece la elaboración de un plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario en cada servicio de salud autonómico, así como en cada empresa o centro de trabajo, que incluya las medidas en cada caso a implantar para prevenir, evitar o disminuir el riesgo del personal sanitario de sufrir agresiones.
Según los últimos datos publicados, en 2017 se registraron 8.326 notificaciones, lo que supone una tasa global de 15,39 agresiones por cada 1.000 profesionales, y en 2018 hubo 9.506 notificaciones, lo que supone una tasa de 17,17 agresiones por cada 1.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud.
El perfil del profesional agredido es, en su mayoría, el de mujer de entre 35 y 55 años, y perteneciente a personal de enfermería y médicos. EFE
M.M.