Ante el anuncio del Gobierno de la presentación inminente de una Ley por el derecho a la vivienda, estas organizaciones han presentado un manifiesto común para «no dejar escapar la oportunidad para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental».
Entre los impulsores de la iniciativa están la PAH, el Movimiento Nadie Sin Hogar, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Alianza contra la Pobreza Energética o las Mareas.
«La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada», ya que según han detallado, en España hay más de 32.000 personas sin hogar y 12 millones en riesgo de exclusión social.
Entre las medidas que solicitan está parar los «desahucios de las personas vulnerables sin alternativa», pues, según sus datos, desde 2008 hasta el tercer trimestre de 2020 se han registrado más de 1 millón de desahucios.
También solicitan «asegurar y ampliar el parque público de alquiler social» y la «ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda».
Asimismo, reivindican la «regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población», dado que el 36 % de los españoles destina más del 40 % de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, mientras que la UE dice que no se debería pagar más del 30 %.
También reclaman que se garanticen «los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones», así como «una segunda oportunidad a los hogares con deudas hipotecarias». También insisten en la necesidad de «la participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo».
Los impulsores de estas propuestas han explicado que están tratando de construir «un lobby social» contra las presiones de los especuladores. Y hacen un llamamiento «a la gente de a pie a sumarse a la movilización necesaria para asegurar la protección de este derecho humano».
P.S.