Casi la mitad de la población activa española (48 %) no dispone de un reconocimiento formal de sus competencias, pese a desempeñar su actividad laboral a diario, lo que reduce sus opciones formativas y laborales.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este martes un real decreto que establece la apertura de un procedimiento de carácter permanente para evaluar y acreditar dichas competencias.
El procedimiento vigente hasta ahora solo ha certificado las habilidades profesionales de 300.000 trabajadores en diez años.
Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el Ministerio de Educación y FP acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años.
El texto aprobado, que modifica el anterior real decreto sobre la materia de 2009, determina que las administraciones competentes mantendrán este proceso continuo para que cualquier persona pueda solicitar cuando lo necesite esa acreditación.
Es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, ya que pone fin a las limitaciones del método existente que ralentizaba mucho la acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias cualificaciones, según el Ministerio de Educación.
Tendrá como referencia toda la oferta de FP vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
El sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda completar la formación que le lleve a la obtención del correspondiente título de FP o certificado de profesionalidad.
El proceso se iniciará con una primera etapa en la que un asesor hará un informe orientativo sobre el aspirante.
A continuación, tendrá lugar la fase de evaluación a través del análisis del informe señalado, de la documentación aportada por el candidato y de diferentes métodos que permitan comprobar las competencias adquiridas en el lugar de trabajo. Finalmente, los resultados se transferirán a un registro de carácter estatal.
En cuanto a los requisitos, los candidatos deberán justificar al menos tres años de trabajo en el desarrollo de la competencia que desea acreditar, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los 15 años previos a la presentación de la solicitud.
Para las unidades de competencia de nivel I, aquellas que recogen un conjunto reducido de actividades laborales relativamente sencillas, con conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitadas, se requerirán dos años de experiencia con un mínimo de 1.200 horas trabajadas.
Esta transformación impulsada por el Ministerio de Isabel Celaá está en línea con las estrategias de empleo de la Unión Europea orientadas a la cualificación de la población activa con el fin de facilitar la empleabilidad, la movilidad, la cohesión social, la equidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. EFE
M.M.M.