Ante esta situación originada por las trabas burocráticas, los gerentes de los servicios sociales piden que las ayudas de emergencia social no se tramiten como cualquier subvención, sino que establezcan procedimientos ágiles facilitando la prescripción del profesional de los servicios sociales municipales.
Más de 3,3 millones de españoles sufren carencias materiales graves: no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, mantener su vivienda con una temperatura adecuada, hacer frente a gastos imprevistos, pagar suministros o tener una lavadora, según los últimos datos del INE.
«Solamente 900.000 personas han recibido ayudas de emergencia social de las entidades locales, exiguas y atrapadas en la burocracia», indica esta asociación que recuerda que el ingreso mínimo vital (IMI) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir esas necesidades tan básicas.
«¿Se imaginan que la prescripción de un médico fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo», explica a Efe su presidente, José Manuel Ramírez, quien insiste en que las ayudas de emergencia no pueden ser estudiadas como subvenciones.
A pesar de que los presupuestos municipales para atender las necesidades más urgentes de las familias más vulnerables se han incrementado hasta un 30 % por la pandemia, «los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas», añade.
«Hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses en dar una ayuda de urgencia social, y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes», lamenta Ramírez.
Un situación parecida se da con «el entramado burocrático, innecesario y cruel» del ingreso mínimo de inserción, «que solo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas».
En 2020, las entidades locales destinaron 160 millones de euros en ayudas a personas que carecen de recursos básicos; eso supone cuatro euros por habitante y año y la media de prestación se sitúa en 184 euros, recuerda la asociación.
«Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis económica consecuencia de la pandemia, consideramos que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere», asevera el responsable de esta entidad de directores sociales.
Entre ellas, enviar una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia y cambiar la Ley General de Subvenciones para que queden exceptuadas de esa norma las Ayudas de Emergencia Social. EFE
M.M.