Esta normativa volverá a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación del año anterior, con lo que se elimina el denominado factor de sostenibilidad aprobado en el año 2013.
El anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones ha estado sometido a audiencia e información pública hasta el pasado 16 de julio y ha recibido distintos informes técnicos, así como el dictamen del Consejo Económico y Social (CES).
Fruto de varios meses de negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos, el acuerdo social con las primeras medidas para reformar el sistema de pensiones vio la luz el pasado 28 de junio y se rubricó en La Moncloa el 1 de julio por los líderes de los sindicatos y la CEOE y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Este acuerdo logrado en el diálogo social responde a las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y, una vez convertido en proyecto de ley y enviado a las Cortes, será tramitado durante el otoño con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2022.
Además de la revalorización de las pensiones, el primer paquete de medidas incluye la derogación del factor de sostenibilidad y el compromiso de acordar en el diálogo social un nuevo mecanismo de ajuste durante los próximos meses que empezaría a aplicarse en 2027.
Esta primera pieza de la reforma afectará asimismo a los coeficientes reductores para las prejubilaciones e incluirá medidas diversas para extender, de forma voluntaria, las carreras laborales con el objetivo de ir acercando la edad real de jubilación a la legal.
También limita la jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos aunque con algunas excepciones que pasan por incentivar la contratación indefinida y, en los sectores más masculinizados, fomentando la de mujeres. EFE
M.M.