El defensor, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a todas las administraciones con competencias en educación que proporcionen “el apoyo y el respaldo necesario” a los centros docentes para evitar que esta crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación.
Además, ha exigido un nuevo esfuerzo a los profesionales de la educación, alumnos y familias para afrontar este nuevo curso que sigue marcado por la pandemia.
En este contexto cree imprescindible garantizar la presencialidad durante toda la jornada lectiva, ya que la educación no presencial ha generado «brechas de desigualdad a nivel educativo y social que tienen una clara correspondencia con el nivel socioeconómico y cultural de las familias».
Por este motivo, pide a las administraciones que aporten «todos los recursos materiales y personales extraordinarios que sean necesarios para conjugar la seguridad del alumnado y el personal del centro con el ‘deseado’ regreso a las aulas».
Algunas familias se han dirigido al Defensor planteándole la necesidad de aumentar las medidas de seguridad frente a la covid-19.
La institución comparte las recomendaciones de los expertos de utilizar filtros o purificadores de aire cuando no sea posible conseguir una adecuada ventilación y equipos medidores de CO2 cuando hay dudas sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas adversas para garantizar la máxima salubridad.
Al Defensor le preocupa especialmente el impacto que la suspensión de la actividad docente presencial ocasiona en el alumnado que, por diversas circunstancias, no puede asistir a clases presenciales, y desde el curso pasado hace un seguimiento de la atención educativa que están recibiendo estos alumnos en todo el país.
En la actualidad, todas las administraciones educativas han establecido los criterios a seguir ante las situaciones de absentismo escolar derivadas de la crisis sanitaria.
No obstante, dada la amplia casuística existente, el Defensor recuerda a las autoridades que, siguiendo los criterios fijados por la Unidad de Menores de la Fiscalía, deben ponderar individualmente la situación de los alumnos afectados y sus familias, «tomando en consideración los riesgos sanitarios en el ámbito escolar y familiar y primando siempre el interés del menor y su derecho a la educación.
Para atender de manera eficaz a este alumnado no hay que escatimar en recursos porque «no todos están igual de familiarizados con el uso de las tecnologías y además, muchas familias no disponen de conexión a internet o de los dispositivos electrónicos necesarios para afrontar un proceso de aprendizaje por medios telemáticos». EFE
A.M.