La Real Federación Española de Caza (RFEC) interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Audiencia Nacional contra la Orden que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y prohíbe su caza.
La federación se ha asesorado «jurídica, técnica y científicamente» y cree que procede recurrir a los tribunales porque la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), publicada este martes en el BOE, carece de «criterios científicos, censos actualizados o una estrategia de conservación y gestión que avalen la necesidad de esta especial protección», según ha señalado en un comunicado.
«Amparándose en supuestos criterios científicos, el Miteco va a eliminar, por simple ideología anticaza, los distintos planes de gestión del lobo que están permitiendo recuperar sus poblaciones y su convivencia con la ganadería extensiva», ha añadido.
Además, la protección de la especie que se lleva aplicando desde 1992 al sur del Duero «no ha funcionado, ya que, lejos de permitir crecer las poblaciones, prácticamente han desaparecido».
Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, “este es un capítulo más de la hoja de ruta que tiene el Miteco para intentar acabar con la caza en nuestro país”.
Para Gallardo, “una vez más», desde el Gobierno «se anteponen los deseos de ecologistas y animalistas de salón al desarrollo del mundo rural, que se verá sentenciado en un futuro muy próximo si el Gobierno continúa con su deriva pseudoecologista y anticaza”.
Por ello, ha pedido al Ejecutivo “que se ponga a trabajar para conocer la situación real de la especie y después, tome decisiones”.
La entidad federativa entiende esta prohibición como un «nuevo» ataque contra la caza, la ganadería y «todo» el mundo rural «para satisfacer» a dichos colectivos ecologistas que «nada han hecho por el lobo» y ha asegurado que el Gobierno «ha llevado a cabo la prohibición tras años sin trabajar por esta especie».
La RFEC ha subrayado la «dejación absoluta» de funciones por parte del Estado, «que lleva sin actualizar desde 2005 una estrategia de conservación y gestión del lobo que debería revisarse, como mucho, cada 10 años».
Además, se «desconoce» la situación real de las poblaciones porque no se realizan censos poblacionales desde 2014.
Esta «ausencia» de control «demuestra la falta de criterios y razones científicas» para justificar una medida que «no ha contado con la participación de ganaderos, representantes del sector cinegético, la comunidad científica o las propias autonomías que llevan años gestionando el lobo», ha concluido.
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