La iniciativa, debatida este martes en el pleno del Congreso y que comienza así su tramitación, implica reformar el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores y complementará la Ley de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia.
Al defender su propuesta, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha reconocido el dilema moral de apartar a alguien de su puesto cuando puede ser inocente, pero ha considerado que la protección de los menores debe prevalecer sobre el derecho a la presunción de inocencia, al honor y a la propia imagen.
La adopción de medidas cautelares por parte de un juzgado puede tardar semanas, con la posibilidad de que no dicte, y para la sentencia en ocasiones se espera años.
Según su propuesta, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario pasa de seis meses a ocho, pero en el caso de posibles abusos sexuales podrá extenderse mientras dure el proceso judicial. Sería una decisión potestativa del centro y mientras estuviera vigente la medida el implicado mantendría sus retribuciones básicas.
La iniciativa plantea la misma medida para otras profesiones en contacto con menores, como monitores de campamento o pediatras, y establece la pérdida de la condición de funcionario o la extinción del contrato laboral cuando haya condena firme por delitos sexuales sobre menores.
En línea con la ley de infancia, fija que la prescripción de las faltas disciplinarias relacionadas con conductas de tipo sexual comience a prescribir cuando la víctima cumpla 30 años; y plantea también crear un fondo con cargo a los presupuestos generales del Estado para formar al personal que trabaja con menores.
Bassa se ha mostrado convencida de que en una Cataluña independiente esa ley ya estaría en vigor y su intervención ha suscitado las críticas de varios portavoces, pero la proposición ha reunido importantes apoyos para su tramitación, desde el PSOE y Unidas Podemos hasta el PP y Ciudadanos, pasando por el PNV y Bildu.
La portavoz del PSOE, Maribel García López, ha coincidido en la necesidad de seguir dando pasos para acabar con «espesa capa de silencio» que pesa sobre el maltrato infantil, ya que se estima que solo entre el 10 y el 15 % de los casos de maltrato infantil son denunciados.
Bea Fanjul, en nombre del PP, ha criticado con dureza el texto de ERC y ha reprochado a la izquierda su rechazado a investigar la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares, pero ha considerado que la iniciativa debatida este martes era «pertinente» y pueda contener medias «razonables».
Vox ha optado por la abstención tras un duro discurso en el que su portavoz Georgina Trías, ha denunciado las políticas de género y la «basura ideológica» que a su juicio se está introduciendo en las escuelas con la educación sobre la diversidad sexual.
En el lado opuesto, desde En Comú Podem Joan Mena ha aprovechado el debate para denunciar los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia católica y exigir una investigación completa a la Conferencia Episcopal «por decencia cristina», pero también al Gobierno, al Congreso y a la Fiscalía. EFE
A.M.