Son algunas de las conclusiones del informe «La violencia de género contra las mujeres en contextos de emergencia. La respuesta a la crisis del COVID-19 en España», realizado por Alianza por la Solidaridad (APS) y la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) en colaboración con investigadores de la Universidad de Salamanca.
El documento hecho público este lunes, y que se presenta mañana, ha analizado cómo han funcionado los recursos existentes y las estrategias disponibles en el caso de una emergencia, como la del confinamiento entre marzo y junio de 2020.
Incluye un trabajo cuantitativo y cualitativo, este último basado en seis grupos en diferentes provincias -Madrid, Sevilla y Valencia- con participantes provenientes de países de América Latina, Bangladesh, China, Marruecos y otros países de África.
Además, se realizaron once entrevistas a profesionales en el ámbito de la atención en violencia de género, entre los que no hubo consenso en las respuestas sobre el aumento o disminución de casos de violencia durante el confinamiento.
De hecho, en algunos recursos aumentaron las llamadas, en otros disminuyeron, aunque sí han constatado un aumento de denuncias a medida que avanzaba la desescalada, ya que las mujeres podían salir de sus domicilios.
Las dos primeras semanas de confinamiento, las llamadas al 016 aumentaron un 12,43 % y las consultas online un 269,57 % en comparación al mismo período del año anterior, al tiempo que disminuyeron las denuncias, por las restricciones de movilidad durante el estado de alarma.
El estudio indica los casos de violencia aumentaron por distintos factores: socio-culturales; del contexto -cambios en las rutinas, disminución de los recursos económicos, cierre de las escuelas, pérdida del empleo-; interpersonales -interrupción de las redes de apoyo; e individuales, -barreras de acceso a los recursos y readaptación de los servicios-.
Según el estudio, las mujeres migrantes han estado no sólo más expuestas a múltiples formas de violencia, sino que además se han encontrado «más desprotegidas y han enfrentado mayores barreras de acceso a recursos y servicios de atención a la violencia de género».
Y entre los factores que han dificultado ese acceso, se encuentran el desconocimiento del idioma, la falta de información disponible sobre recursos y cómo acceder a ellos, la falta de red de apoyo y acompañamiento y «una fuerte desconfianza» en las instituciones por el contexto de racismo y discriminación social e institucional, señala el informe.
Además, la situación fue peor para las migrantes en situación irregular y «aún más dramática» en el caso de las recién llegadas, por su desconocimiento del idioma.
La investigación refleja que, en líneas generales, ante el incremento en la demanda de atención de maltrato, «no se ha contado con herramientas institucionales suficientes y adecuadas para enfrentarlo».
De hecho, señala que «esta situación no ha sido contextual, sino que es «preexistente y supone un problema estructural».
Las recomendaciones del informe para solucionar la situación pasan por sensibilizar a la sociedad, divulgar información sobre los recursos y servicios, «entendiendo que existe una importante brecha digital que puede actuar como barrera» y adaptarla «en clave intercultural» tanto el formato, como el contenido, idiomas, así como los canales y medios desde y dónde se difunde.
Apoyar el trabajo de las ONG, fortalecer redes que favorezcan el acompañamiento y el apoyo a y entre mujeres migrantes, agilizar los procedimientos para responder antes a las necesidades de las mujeres y capacitar a los profesionales de las diferentes instancias, son otras de las recomendaciones.
También, avanzar en favorecer a autonomía, capacitación y empleabilidad de estas mujeres. EFE
A.M.