La beneficiaria trabajaba en el sector de prevención de riesgos laborales y tenía reconocida la incapacidad permanente absoluta desde el año 2011 por pérdida de visión a causa de un glaucoma.
Sin embargo, posteriormente, la mujer también enfermó de alzhéimer y actualmente necesita ayuda para cualquier actividad esencial de la vida diaria, por lo que está ingresada en un centro asistencial desde el pasado mes de agosto.
La trabajadora, defendida por el despacho Campmany Abogados, cobraba una pensión por incapacidad absoluta de 1.155,88 euros al mes pero, dado su estado, se solicitó también el complemento por gran invalidez, que asciende a 1.110,93 euros mensuales.
El 26 de septiembre de 2019 el INSS revisó el caso y, pese a la situación de la mujer, denegó el complemento por gran invalidez.
El médico evaluador concluyó que la mujer podía valerse por sí misma en las actividades básicas de la vida diaria aunque tuviera una «leve dependencia».
Sin embargo, el magistrado del Juzgado de lo Social 3 de Tarragona ha resuelto que «existe un empeoramiento sustancial en el estado de la actora, comparando su situación en el año 2011 con la situación actual».
La sentencia recoge un cuadro de demencia alzhéimer muy grave, capacidad de habla anulada, carencia de funciones ejecutivas; desorientación autopsíquica, espacial y temporal total, déficit atencional severo y memoria deteriorada, entre otros.
También tiene en cuenta las «conductas inapropiadas, desadaptadas o disruptivas» como «deambular sin ropa» para fallar a favor de la perjudicada y condenar al INSS a reconocerle la gran invalidez con efectos desde el 26 de septiembre de 2019. EFE
A.M.