En un comunicado difundido este martes, la entidad ha precisado que sus previsiones se basan en las cifras de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y siempre que se vendan todos los números.
Los responsables de Gestha han recordado que sólo están gravados «los dos primeros premios» del sorteo del próximo 6 de enero, dotados con 200.000 y 75.000 euros el décimo, respectivamente.
Sus proyecciones apuntan a que los agraciados con el primer premio deberán abonar a Hacienda 32.000 euros, por lo que en neto ingresarán 168.000 euros, y los del segundo premio pagarán 7.000, lo que después de impuestos les hará recibir 68.000 euros.
Para aquellos que compartan uno de estos décimos, la normativa exige que cada uno de ellos pague la parte correspondiente a su participación, independientemente de cuál sea el porcentaje jugado.
«Los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Tampoco les afecta para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio», han detallado.
No obstante, sí debería incluirse en el Impuesto sobre Patrimonio «si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo».
Los técnicos de Hacienda se han felicitado por la entrada en vigor de la ley que les permitirá investigar los «premios sospechosos», ya que les facilita recibir información de los premios abonados, el perceptor y su representante legal, así como la fecha y la forma de pago.
En este sentido, han incidido en que una parte de los premios son obtenidos por personas jurídicas, y dentro de éstas las fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro concentran el 98 % de los 714 millones distribuidos entre este tipo de sociedades.
Gestha ha pedido a las autoridades «abrir las investigaciones tributarias y de blanqueo de capitales a las entidades jurídicas, así como a las personas que ganaron grandes premios en distintos sorteos, antes de que prescriba la posibilidad de investigar los fraudes que podrían haberse cometido».
En su opinión, la ley de prevención del fraude de julio de 2021 ya supone «un primer paso decisivo», con medidas que tienen impacto «disuasorio». EFE
A.M.