(Actualiza la NA2041 con declaraciones del abogado de la joven y de la productora del programa, Zeppelin)
Madrid, 8 feb (EFE).- El juicio a un concursante de «Gran Hermano» por presunto abuso sexual a una compañera del «reality» ha sido suspendido porque la víctima, Carlota Prado, sufre problemas psiquiátricos graves por los que llegó a estar ingresada en un centro el pasado mes de diciembre, según ha alegado su abogado.
El Juzgado de lo Penal 18 de Madrid iba a celebrar esta martes el juicio al exconcursante de «Gran Hermano Revolution» en 2017 José María L.P. por un supuesto delito de abusos sexuales cometido en noviembre de 2017 en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) desde la que se desarrollaba el programa de Telecinco, y para el que la Fiscalía pide que sea condenado a dos años y seis meses de prisión.
Al inicio de la vista el letrado de la víctima ha explicado que la joven no había podido acudir porque sufre «problemas psiquiátricos graves» por los que tuvo que ingresar el pasado mes de diciembre en un centro especializado, de forma involuntaria.
El abogado ha precisado que creían que la joven, que ahora está de alta médica, podría declarar este martes pero se encuentra «completamente imposibilitada», como muestra un informe médico que van a aportar al juzgado esta misma mañana.
Por eso ha solicitado la suspensión del juicio a la magistrada mientras se acredita el estado mental de Carlota, a lo que la jueza ha accedido argumentando que es necesario el testimonio de la víctima, para lo cual previamente tendrá que ser valorada por un médico forense, un trámite que ha ordenado al juzgado de su zona.
La defensa del acusado se ha opuesto a la suspensión del juicio al considerar que la supuesta enfermedad mental de la víctima se contradice con su actividad en redes sociales hasta hace escasos días.
La jueza no ha atendido esta petición ni tampoco la pretensión del abogado de Carlota de que se suspenda el juicio en este juzgado al considerar que no es competente por el tipo de delito, algo que se dirimirá en su caso en las cuestiones previas de la vista oral.
El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid es el competente por el momento para juzgar al concursante, para el que la Fiscalía pide -además de la pena de cárcel- que indemnice con 6.000 euros a la víctima.
Para la productora del programa, Zeppelin, el Ministerio Fiscal solicita esa misma cantidad por los daños ocasionados a la joven al mostrarle las imágenes unas horas después en el mismo «reality», según el escrito de la Fiscalía.
La Fiscalía recuerda que el programa emitía durante 24 horas de la convivencia de los participantes en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), conforme a un reglamento «del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora».
Añade que los hechos comenzaron a las ocho de la tarde del 3 de noviembre de 2017 en una fiesta en la casa para la que «el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas», de manera que la joven acabó estado de embriaguez y el procesado abusó de ella bajo un edredón, mientras la joven estaba semiinsconsciente y decía «no puedo». Luego parecía inconsciente.
Las imágenes grabadas fueron exhibidas a la joven en la mañana siguiente, empeorando su estado, según la Fiscalía.
El abogado de Carlota, Santiago Marín, ha lamentado al salir del juzgado que la magistrada no se haya pronunciado sobre la nulidad del juicio que él ha solicitado porque «se va a juzgar solo un abuso sexual, cuando entendemos que como mínimo hay indicio serio en las imágenes grabadas de que hay penetración», como recogía la jueza de instrucción en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, en 2018.
«Estamos en un juzgado penal enjuiciando un abuso sexual sin penetración, por un error de procedimiento en la instrucción», ha añadido, y ese es el motivo por que él solicita que se anule lo actuado desde ese auto de 2018 y se procese al acusado por violación, de manera que sea juzgado en la Audiencia Provincial y pueda ser condenado a entre cuatro y diez años de cárcel.
El letrado ha explicado que Carlota tenía problemas psicológicos antes de entrar en el programa, lo que la productora debería saber, y desde el suceso «ha empeorado gravemente su salud mental».
Por su parte la productora Zeppelin ha precisado, en un comunicado, que esta empresa es responsable civil subsidiaria en el proceso, de manera que indemnizará a la víctima si el procesado se declarara insolvente, y ha subrayado que «se ha producido una anomalía procesal por la que se ha mezclado en este mismo proceso una petición de responsabilidad civil (multa) a Zeppelin por daños morales», ya que cualquier reclamación económica será por vía civil.
La empresa productora del programa ha afirmado que se actuó siempre «con la más firme voluntad de proteger» a la concursante y que tiene «tolerancia cero» ante cualquier abuso. EFE
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